INTRODUCCIÓN.

El 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Financiera (la “Reforma Financiera”). Se reformaron diversos ordenamientos jurídicos al igual que se emitió una nueva Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Los aspectos más relevantes respecto a la Reforma Financiera del 2014 son los siguientes:

EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS.

Con la expedición de esta nueva Ley lo que se busca es fortalecer el gobierno corporativo de las Sociedades Controladoras. Se contempla una estructura corporativa más flexible para que las Sociedades Controladoras puedan invertir, toda vez que en la únicamente se contemplaba la posibilidad de que la Sociedad Controladora invierta de manera directa y por lo menos con el cincuenta y uno por ciento del capital pagado de entidades financieras y empresas de servicios complementarios o auxiliares, los cuales serán integrantes del respectivo grupo financiero.

FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (“CONDUSEF”).

Tiene por objeto reorientar el objetivo de la CONDUSEF en beneficio de los usuarios, creando un Buró de entidades financieras que permita a los usuarios contar con información para la toma de decisiones, así como un sistema que incluya un procedimiento de solución de controversias.

Se prevé la facultad de la CONDUSEF para emitir recomendaciones a las Instituciones Financieras y hacerlas del conocimiento de sus organismos o asociaciones gremiales, así como del público en general, con lo cual se pretenden mejorar los servicios financieros que éstas prestan.

Se faculta a la CONDUSEF para regular los contratos de adhesión y comprobantes de operaciones, así como para impedir la difusión de información engañosa de las Instituciones Financieras, sujetas a disposiciones previamente emitidas. La CONDUSEF tendrá más énfasis en regular la exclusión de cualquier cláusula abusiva que puedan contener los contratos de adhesión para reducir en la mayor parte posibles afectaciones a los usuarios.

Se tiene por objetivo lograr una mayor promoción y colocación de créditos, mientras que los acreditados cuentan con mayor seguridad y el respaldo de la CONDUSEF.

Se incrementa la confianza de la población en las instituciones financieras. En el mismo sentido se crea un Sistema Arbitral en Materia Financiera, que ofrecerá un nuevo procedimiento de solución de controversias que garantice la imparcialidad, celeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el mayor beneficio para los usuarios.

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE (“SOFOMES”) Y ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO.

Se amplía la regulación y supervisión para las SOFOMES, en los aspectos de entrada, registro, operación y supervisión. Se establece como nuevo requisito para ser considerada como SOFOM y tener acceso a los beneficios fiscales propios a esta figura, estar registrada ante la CONDUSEF, para lo cual se prevé un procedimiento previo a su constitución como persona moral, a través del cual dicha Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una vez analizada la información presentada por los solicitantes, emitirá una opinión favorable para que pueda procederse a la constitución de la entidad y, una vez constituida, se esté en posibilidad de otorgar el registro definitivo. Esta medida permitirá contar con un registro especial con efectos constitutivos para este tipo de entidades, propiciando un mayor orden en el sector de los otorgantes de crédito profesionales que pretendan operar como tales y obtener los beneficios fiscales que le corresponden.

Se establece la obligación para que las SOFOMES mantengan actualizada la información ante la CONDUSEF. A su vez se obliga a las SOFOMES a proporcionar información de sus acreditados al menos a una Sociedad de Información Crediticia.

Se establecen supuestos bajo los cuales una SOFOM debe considerarse entidad regulada, incorporándose a este régimen, aquellas sociedades financieras que mantengan vínculos patrimoniales con entidades del sector de ahorro y crédito popular, así como de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en adición a aquellas que se encuentran relacionadas con instituciones de crédito. Asimismo, se incorporan a este régimen de entidades reguladas, las SOFOM que para fondear sus operaciones emitan deuda en el mercado de valores.

Se fortalecen las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y del Banco de México, quienes quedarán expresamente facultadas para requerir información a las SOFOMES para el adecuado desempeño de sus funciones.

La Reforma Financiera modifica distintas normas aplicables a la Ley de Organizaciones Auxiliares del Crédito, en específico a los Almacenes Generales de Depósito, las casas de cambio, transmisores de dinero y centros cambiarios.

Dentro de los Almacenes Generales de Depósito se crea un Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías el cual estará a cargo de la Secretaría de Economía, y en el se inscribirán los certificados, bonos de prenda, las operaciones con estos títulos y las bodegas, entre otros, el cual podrá, una vez implementado, sustituir el registro que al efecto deben llevar cada uno de los almacenes generales de depósito respecto de los certificados de depósito que emiten.

BANCA DE DESARROLLO.

La Reforma Financiera tiene como principal objetivo el flexibilizar el marco normativo que rige a la Banca de Desarrollo, a fin de contribuir al desarrollo del sistema financiero y fortalecer a las propias instituciones.

Se establecen las instituciones de Banca de Desarrollo; podrán realizar inversiones en las empresas en el artículo 75 de la Ley de Instituciones de Crédito, la fracción III del mismo artículo prevé que tratándose de inversiones por porcentajes mayores al 15% del capital de la empresa en que se participe y por plazos mayores a tres años “cuando se trate de empresas que desarrollen proyectos nuevos de larga maduración o realicen actividades susceptibles de fomento”, se requerirá autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, el párrafo segundo del mismo artículo establece que cuando las inversiones de las instituciones de Banca de Desarrollo se efectúen respecto de empresas que realicen “actividades susceptibles de fomento” la autorización corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, para tal efecto, esta dependencia determinará qué actividades son de fomento. Con esto se logra otorgar mayor certeza jurídica señalando en qué casos la Banca de Desarrollo podrá realizar este tipo de inversiones.

Adicionalmente, el establecimiento de la obligación de otorgar créditos en los casos que requieran atención inmediata, considerando la viabilidad del crédito contra la garantía, apoyando a los sectores de la población que no tienen acceso a servicios financieros, implicará un mayor riesgo para la banca de desarrollo pero incrementará la colocación de créditos.

SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Se impulsa el desarrollo del sector de ahorro y crédito popular, especialmente a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAPS), mediante la incorporación de mecanismos que les permitan ampliar su cobertura y participar de mejor forma en las acciones de inclusión financiera que se han llevado a cabo en otros ámbitos financieros.

Contempla que estas instituciones puedan contratar con terceros la prestación de servicios necesarios para su operación, estableciendo los límites y términos bajo los cuales se deban realizar las contrataciones para controlar el riesgo que implican.

Asimismo, se contempla la posibilidad que Sofipos puedan celebrar sus operaciones y a su vez contraten servicios con sus respectivos clientes a través de medios electrónicos.

La CNBV, a través de la supervisión de estos prestadores de servicios, dará certeza de que existe una competencia justa y los servicios que se contratan están apegados a lo establecido en la ley.

UNIONES DE CRÉDITO.

Busca ajustar la legislación a las realidades del mercado; y brindar un marco jurídico que fortalezca el desarrollo y competitividad de las Uniones.

Se establece la posibilidad de financiamiento a las Uniones de Crédito por parte de organismos descentralizados y otras Uniones de Crédito con un capital mucho más elevado.

Se establecen nuevas actividades económicas por parte de las Uniones de Crédito, esto tiene como consecuencia que se amplíe el abanico de personas susceptibles de ser socios de las Uniones de Crédito. Se introduce un nuevo concepto de experiencia empresarial como requisito para poder ser parte y participar dentro del Consejo de Administración de las Uniones de Crédito.

La ampliación de los montos de créditos a los que pueden otorgar las Uniones de Crédito a sus socios relacionados, garantizando que el otorgamiento de los mismos a sus clientes se realizará apegado a un proceso que brinda certeza jurídica, permitirá el incentivar estos créditos puentes, fomentando el desarrollo de vivienda para abatir el rezago. Se prevé la posibilidad de que las Uniones se capitalicen a través de la emisión y suscripción de acciones preferentes, lo cual fomenta el crecimiento de éstas, así como su posicionamiento dentro del sector. Ofreciendo certeza jurídica y financiera a los inversionistas.

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Se busca incrementar la certeza jurídica para las partes involucradas en contratos de crédito, especialmente en la recuperación de recursos, reordenando y fortaleciendo los procesos de concursos mercantiles y la ejecución de garantías.

Se incluyen como documentos para iniciar un proceso, los convenios que sean celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (“PROFECO”) o ante la CONDUSEF en los procedimientos de conciliación.

Es eliminada la restricción que existía para que el fiduciario y fideicomisario dentro de un contrato de fideicomiso de garantía fueran la misma persona.

Se brinda un marco jurídico sólido para el otorgamiento y recuperación de créditos garantizados por el deudor, así como facilitar el cobro de créditos y la ejecución de garantías en casos de incumplimiento. En este sentido se prevé la posibilidad de ejecutar una prenda sobre efectivo sin necesidad de seguir un procedimiento de ejecución o bien contar con una resolución judicial.

Se crea el artículo 336 bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dentro del cual se estipula una manera más efectiva de poder ejercer los derechos con los que cuenta el acreedor prendario en diversos escenarios.

Se acelera el proceso y la seguridad jurídica para las instituciones financieras dentro de los juicios mercantiles, contando con disposiciones normativas que regulan los mecanismos de aseguramiento de bienes.

INVERSIÓN EXTRANJERA.

Asimismo se tiene la intención con la Reforma Financiera de liberar los límites a la inversión extranjera en entidades financieras.

CONCURSOS MERCANTILES.

Se establecen ciertas figuras legales de carácter procesal, como son la prohibición expresa al juez de prorrogar los periodos establecidos en la ley, la posibilidad de solicitar el concurso de manera previa a la insolvencia, siempre y cuando se demuestre su inminencia, o la posibilidad de contratar créditos de emergencia para preservar el patrimonio de la empresa.

Se reforman varias disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles con el fin de agilizar el proceso de concurso mercantil. Se introduce el uso de otros formatos preparados por el Instituto para agilizar la presentación de demandas y demás promociones durante el procedimiento.

Se establece la obligación de presentar propuesta de convenio preliminar de pago a acreedores y de conservación de la empresa, así como los acuerdos corporativos sobre el concurso mercantil, esto en caso de personas morales.

Se establece una prohibición para ampliar los plazos del periodo de conciliación señalados en la ley.

Se otorga facilidades para la contratación de “crédito de emergencia” durante el concurso de una sociedad, esto con el fin de evitar abusos en el otorgamiento de dicho crédito.

Se establece la posibilidad de considerar un concurso mercantil conjunto de entidades que formen parte de un mismo grupo.

Dentro de la Reforma Financiera se prevén nuevos procedimientos para la liquidación de bancos.

Un aspecto importante a destacar es que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario hoy en día está facultado para llevar a cabo un proceso de liquidación bancaria.

MERCADO DE VALORES.

Busca hacer más eficiente el mercado de valores mediante la segregación de inversionistas y emisiones, la clarificación de la conversión de las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI), la información proporcionada por las instituciones de crédito y casas de bolsa; estableciendo reglas claras para las calificadoras y proveedores de precios. Asimismo, establece las características mínimas que deben tener los certificados de deuda, así como los derechos y obligaciones de las partes involucradas en estas emisiones.

Se determinan las características mínimas con las que deben cumplir los títulos de crédito para obtener la denominación, así como contar con un marco jurídico claro y preciso que los distinga; y determinar las responsabilidades y derechos de los emisores e inversionistas permitirán incentivar la inversión en papel respaldado por hipotecas y/o créditos puentes.

FONDOS DE INVERSIÓN.

Esta Reforma Financiera tiene por objeto innovar y flexibilizar la figura actual de los fondos de inversión, adecuándolos a la situación real del público inversionista que los utiliza, actualizándolos mediante la creación de un subtipo de sociedad anónima similar a las sociedades anónimas bursátiles.

Se modifica el proceso para la creación de los Fondos de Inversión, como su autorización y estructura corporativa, estableciéndose nuevas reglas respecto al gobierno corporativo de las Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión y Sociedades Valuadoras de Acciones de Fondos de Inversión.

Los abogados del área financiero y bancario estamos a sus órdenes para comentar este tema.