Se analizan en este documento las principales características del Tribunal Unificado de Patentes, como pieza esencial en el funcionamiento de la patente europea con efecto unitario. Se presta atención a la estructura y competencia del TUP, así como al Derecho que debe aplicar al dictar sus resoluciones y a la ejecución de éstas.

  1. Preliminar  

El Acuerdo sobre un Tribunal unificado de patentes es un tratado internacional suscrito el 19 de febrero de 2013 por 24 Estados miembros de la UE (todos menos España, Polonia y Bulgaria), y el 5 de marzo por Bulgaria, que conforma una pieza esencial del denominado “paquete de la patente unitaria”, junto al Reglamento (UE) n.º 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción.  

El objeto del Acuerdo es la creación de un Tribunal Unificado de Patentes, que, como se dispone en el art. 1 del Acuerdo es “un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y, por ende, sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro tribunal nacional de los Estados miembros contratantes” y que será competente, no sólo para la resolución de los litigios relativos a las patente europeas con efecto unitario, sino también para los relativos a cualquier tipo de patente europea.  

Esta competencia se ejercerá a partir de la entrada en vigor del Acuerdo (en aquel de los siguientes momentos que se produzca en último lugar: el 1 de enero de 2014, el primer día del cuarto mes siguientes a aquel en el curso del cual se haya depositado el 13º instrumento de ratificación o adhesión, siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los Alemania, Francia y Reino Unido), o el primer día del cuatro mes siguientes a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones, en lo que concierne a su relación con el Acuerdo, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.  

El TUP, que tendrá personalidad jurídica en cada uno de los Estados miembros contratantes y que gozará de la capacidad jurídica más amplia de las concedidas a las personas jurídicas por el Derecho nacional, se financiará con los ingresos generados con el cobro de tasas por su actividad (aunque durante un período transitorio existirán contribuciones de los Estados, en la medida de lo necesario).  

Por lo demás, el TUP se regula por lo dispuesto en el Acuerdo y en su Estatuto (que figura como Anexo al Acuerdo), así como en el Reglamento de procedimiento cuya elaboración se encomienda al Comité administrativo (creado, junto al Comité presupuestario y consultivo, por el Acuerdo).  

En el Estatuto del TUP se contiene disposiciones institucionales y financieras del Tribunal, regulándose –entre otras- cuestiones como la idoneidad de los jueces, su nombramiento, su imparcialidad, su inmunidad, su formación o su retribución  

  1. Estructura del TUP  

Una de las peculiaridades del Tribunal unificado de patentes es que estará integrado por jueces con formación jurídica y por jueces con formación técnica, debiendo tener en todo caso los más altos niveles de competencia y una experiencia demostrada en el ámbito de los litigios sobre patentes. (De hecho, los jueces con formación técnica no sólo deberán tener un título universitario y experiencia demostrada en el ámbito técnico, sino también “conocimientos probados de Derecho civil y de los procedimientos relativos a los litigios sobre patentes”) A este propósito, el Acuerdo crea un marco de formación de jueces, con sede en Budapest, “con el fin de mejorar e incrementar el conocimiento técnico disponible en materia de litigios sobre patentes y de garantizar una distribución geográfica amplia de dichos conocimientos y experiencia específicos” (artículo 19)  

El TUP constará de un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de apelación y una Secretaría. El Tribunal de Primera Instancia constará de una División central, de Divisiones nacionales y de Divisiones regionales.  

2.1. El Tribunal de Primera Instancia  

  1. La División Central  

La División central tendrá su sede en la ciudad de París, con secciones en Londres y Múnich. La Sede de París, además de alojar la Oficina del Presidente, se ocupará de los asuntos relacionados con patentes sobre técnicas industriales diversas, y transportes, textiles, papel, construcciones fijas, física y electricidad. Por su parte, la Sección de Londres conocerá sobre los asuntos relativos a necesidades corrientes de la vida, química y metalurgia, y la sección de Múnich se ocupará de los litigios sobre patente relacionadas con la mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura.  

Las Salas de la División central estarán constituidas por tres jueces nacionales de los Estados contratantes del Acuerdo. Dos de ellos han de contar formación jurídica y uno con formación técnica (con titulación y experiencia en el ámbito de la tecnología de que se trate). Con todo, se excepciona el caso en que la División central conozca de las acciones relativas a las decisiones de la Oficina Europea de Patentes, porque en tal caso los tres jueces han de contar con formación jurídica y ser nacionales de distintos Estados contratantes.  

  1. Las Divisiones nacionales y regionales  

Por su parte, las Divisiones nacionales (también llamadas locales) se crearán en los Estados participantes en el sistema de la patente europea con efecto unitario que lo soliciten, debiendo en tal caso dichos Estados designar la sede en que se ubicará la correspondiente División nacional. Cada Estado participante podrá contar con un máximo de cuatro Divisiones nacionales, pudiendo crearse las divisiones nacionales adicionales a la primera cuando en dicho Estado se hayan incoado al menos cien asuntos de patentes por año civil durante los tres años consecutivos anteriores o posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo.  

Las Salas de las Divisiones nacionales estarán compuestas, por regla general, por tres jueces, cuyo Estado de origen variará según el número de asuntos de que conozcan. En efecto, las Divisiones nacionales de un Estado en el que, durante los tres años consecutivos, anteriores o posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo, se hubieran incoado menos de cincuenta asuntos de patente de media por año civil, estarán constituidas por un juez con formación jurídica que sea nacional del Estado miembro contratante anfitrión de la División, y por dos jueces con formación jurídica que no sean nacionales de dicho Estado. En cambio, si se alcanza el número de 50 casos en materia de patentes, los jueces nacionales de la División serán dos, en lugar de uno.  

Por su parte, las Divisiones regionales son Divisiones para dos o más Estados miembros contratantes, que podrán ser creadas cuando éstos lo soliciten, debiendo dichos Estados designar la sede de la sección. Las Salas de las Divisiones regionales también estarán constituidas por tres jueces con formación jurídica, dos nacionales de los Estados que conforman la región, y uno no nacional de dichos Estados.  

Como se ha dicho, las Salas de las Divisiones nacionales y regionales tendrán como regla general tres jueces, debiendo estar presididas por un juez con formación jurídica. Pero es posible que lleguen a tener cuatro, pues, cuando así lo inste una de las partes o de oficio, las Salas de las Divisiones nacionales o regionales solicitarán al Presidente del TPI el nombramiento de un cuarto juez, con formación técnica.  

Asimismo, las partes podrán convenir en que conozca de su asunto un único juez con formación jurídica.  

  1. Síntesis  

Se ofrece a continuación un cuadro sinóptico de la estructura y composición del Tribunal de Primera Instancia:

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2.2. El Tribunal de Apelación  

Las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia podrán ser objeto de recurso ante el Tribunal de Apelación, que tendrá su sede en Luxemburgo.

Las Salas del Tribunal de Apelación también tendrán una composición plurinacional, pero el número de jueces se eleva a cinco, de los cuales tres contarán con formación jurídica y serán nacionales de distintos Estados contratantes, y los dos restantes tendrán formación técnica, titulación y experiencia en el ámbito de la tecnología de que se trate. Por excepción, la Sala que conozca de las acciones entabladas contra decisiones de la OEP se compondrá únicamente de tres jueces con formación jurídica.  

En la Sede del Tribunal de Apelación se creará una Secretaría, con Subsecretarías en todas las Divisiones del Tribunal de Primera Instancia.  

La labor del Tribunal de Apelación servirá, sin duda, para unificar la jurisprudencia del Tribunal, pero es igualmente relevante a este respecto, el hecho de que, dentro del marco de formación del Tribunal, se organizarán periódicamente reuniones de todos los jueces del Tribunal unificado para tratar las novedades en materia de Derecho de patentes y garantizar la coherencia de la jurisprudencia del Tribunal (art. 19 del Acuerdo).  

  1. Competencia del TUP  

El Tribunal unificado de patentes no sólo tendrá competencia para conocer de las acciones judiciales referidas a las patentes europeas con efecto unitario. Antes al contrario, sus competencias se extienden a cualquier tipo de patente europea, con o sin efecto unitario, así como a los certificados complementarios de protección para los medicamentos y a los certificados complementarios de protección para los productos fitosanitarios.  

Sobre esa base, el artículo 32 del Acuerdo le otorga al Tribunal competencia exclusiva para conocer de las siguientes acciones: a) acciones por violación de patente o de certificados complementarios de protección, b) acciones declarativas negativas de infracción, c) solicitudes de medidas cautelares, d) acciones de nulidad (incluidas las demandas reconvencionales) e) las demandas por daños y perjuicios derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada f) las acciones relativas al uso de la invención antes de la concesión de la patente, o al derecho fundado en una utilización anterior de la invención, g) las acciones de indemnización por licencias y h) las acciones relativas a decisiones de la Oficina Europea de Patente.  

Tras establecer estas competencias, el Acuerdo regula la distribución de competencias entre las distintas Divisiones del Tribunal de Primera de Instancia, cuestión a la que se dedicará un Documento & Análisis específico.  

  1. Derecho aplicable  

El Acuerdo también establece la normativa que tendrá que aplicar el Tribunal Unificado de patentes cuando conozca de alguna de estas acciones. A tal efecto, el artículo 24 establece la siguiente jerarquía de lo que denomina “fuentes del Derecho”, obligando a que el Tribunal funde sus resoluciones en el Derecho la Unión Europea [con referencia expresa a los Reglamentos (UE) n.º 1257/2012 y n.º 1260/2012]; el Acuerdo sobre el TUP, el CPE, otros acuerdos internacionales aplicables a las patentes y vinculantes para todos los Estados miembros contratantes y, finalmente, el Derecho nacional.  

Las referencias a la supremacía del Derecho de la Unión Europea son constantes en el Preámbulo del Acuerdo, y el artículo 20 del Acuerdo dispone –tajantemente- que el Tribunal unificado “aplicará el Derecho de la Unión en su totalidad y respetará su primacía”. En este sentido, el TUP como tribunal común a los Estados miembros contratantes, y como parte de su sistema judicial, podrá plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, cuyas resoluciones le serán vinculantes (art. 21 del Acuerdo), estableciendo la responsabilidad extracontractual de la división del TUP que no plante la correspondiente cuestión prejudicial.  

Pero pese a ello, el Acuerdo incluye varias disposiciones sustantivas sobre el contenido del derecho de patente, precisamente con la intención de evitar que el TJUE (compuesto por jueces que carecen de formación jurídica y técnica en materia de patentes) pueda conocer de estas cuestiones.  

Por lo demás, la referencia al Derecho nacional obliga a preguntarse qué Derecho nacional puede resultar aplicable. A tal efecto, el art. 24.3 del Acuerdo sienta la obligación de atender a las normas de conflicto del Derecho internacional privado de la Unión Europea, en su defecto a las establecidas en instrumentos internacionales y, subsidiariamente, a las establecidas en “disposiciones nacionales sobre Derecho internacional privado según determine el Tribunal”. Desde luego es éste un artículo con una redacción muy mejorable, porque ¿cuáles son esas disposiciones nacionales de Derecho internacional privado?, ¿las del Estado en que se ubique la División? Y en todo caso, esas disposiciones se aplicarán “según determine el Tribunal”, dejando un margen de maniobra al Tribunal que puede resultar excesivo.  

En todo caso, las resoluciones y órdenes del TUP tendrán fuerza ejecutiva en todos los Estados contratantes, por lo que no será preciso acudir a ningún tipo de procedimiento de exequatur. De hecho, el artículo 82 del Acuerdo dispone que el procedimiento de ejecución se regirá por el Derecho del Estado miembro contratante en que tenga lugar la ejecución y que “toda resolución del Tribunal se ejecutará en las mismas condiciones que una resolución dictada en el Estado miembro contratante en que tenga lugar la ejecución”.  

  1. El Centro de Mediación y Arbitraje en materia de patentes  

Una de las peculiaridades del Acuerdo es que, además del Tribunal Unificado de Patentes, también crea un Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes, que tendrá sedes en Liubliana y en Lisboa. Este Centro podrá conocer de los mismos asuntos para los que el Tratado reconoce competencia al TUP, con la salvedad de que no podrá anularse ni limitarse una patente en un procedimiento de arbitraje o mediación. Los laudos arbitrales y los acuerdos alcanzados por mediación tendrán la misma fuerza ejecutiva que las resoluciones del TUP.