La concurrencia entre una acción de rescisión por incumplimiento de salarios del empresario y la que corresponde a un despido inmediatamente posterior por causas económicas suele generar dificultades tanto sustantivas como, sobre todo, procesales.

1. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio del 2017 (Ar. 186317)se plantea precisamente el itinerario procesal. En la instancia, la demanda acumulada resuelta por el Juzgado de lo Socialfinaliza con la declaración como improcedente del despido «tras declarar probado que efectivamente concurría causa económica para amortizar», pero la sentencia argumenta que «no obstante la concurrencia de causa justificativa del ulterior despido, [se efectúa] su declaración de improcedencia, dada la interdependencia existente entre las acciones ejercitadas por el demandante, resultando extemporánea la decisión empresarial de despedir al demandante, otra cosa hubiera sido que tal decisión se hubiera adoptado con anterioridad al ejercicio por éste de la acción de extinción o que previamente la empresa hubiera reaccionado de otra manera diferente a la situación económica que se encuentra (reducción de jornada, suspensión de contrato, suspensión de pagos o concurso de acreedores, etc.).» (FJ 1).

Cuando el trabajador interpone un recurso en el que solicita la percepción de salarios hasta la fecha de la notificación de la sentencia, el tribunal entiende que se ha producido una contradicción en la instancia «desde el momento en que, habiendo apreciado la existencia de causa económica, pese a todo declara improcedente el despido, pero a la par atribuyéndole los efectos que son propios del despido objetivo procedente, por entender que la relación laboral había quedado extinguida con la comunicación del cese por causas objetivas». Con todo, en el recurso no se alega infracción de norma alguna, salvo una doctrina judicial en virtud de la cual el «despido improcedente no ha producido efecto extintivo (al ser esa acción de naturaleza declarativa) y la relación laboral debe mantenerse viva hasta la notificación de la sentencia que declare la extinción contractual instada por el trabajador» (FJ 2).

2. Para admitir la contradicción en el recurso de casación para unificación de doctrina, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo viene exigiendo, entre otros requisitos, la fundamentación de la infracción legal: a) exigida como consecuencia lógica del carácter casacional del recurso, puesto que sin ella se transferiría a la Sala —en contra del principio de equilibrio procesal— el examen de oficio del ajuste de la sentencia a la legalidad; b) dicha exigencia deriva, además, de lo dispuesto en el artículo 481 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; c) para cumplir el requisito de fundamentación de la infracción legal, elrecurso deberá incluir una argumentación suficiente que permita conocerla base jurídica en la que se apoya la posición de la parte; y d) se entiende que falta la exigible fundamentación cuando no existe en el cuerpo del recurso una mención clara e indubitada del precepto legal o de la jurisprudencia que se entienden infringidos, no bastando normalmente con indicar los preceptos que se consideren aplicables  (SSTS de 17 de mayo del 2016, Ar. 2751; de 1 de junio del 2016, Ar. 2936; de 21 de febrero del 2017, Ar. 707, y de 22 de febrero del 2017, Ar. 950).

Es más, la Sala entiende que el requisito no se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideren aplicables, sino que, además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a diferentes pronunciamientos judiciales, resulta exigible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia (SSTS de 10 de marzo del 2016, Ar. 4735; de 5 de octubre del 2016, Ar. 5386; de 15 de diciembre del 2016, Ar. 6505, y de 14 de marzo del 2017, Ar. 1486). De hecho, «la apreciación del defecto se hace tanto más necesaria si tenemos en cuenta la complejidad —procesal y sustantiva— que acompaña al ejercicio simultáneo de las acciones rescisoria y de despido, por cuanto que la escasa regulación legal sobre la materia [art. 32 LJS] no ofrece expresa solución a los muy diversos problemas que tal cuestión plantea, los cuales solamente han tenido respuesta —y no siempre uniforme— jurisprudencial» (FJ 4).

3. Conviene precisar que el artículo 32 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social regula tal concurrencia limitándose a prescribir lo siguiente: «cuando las acciones ejercitadas están fundadas en las mismas causas o en una misma situación de conflicto, la sentencia deberá analizar conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes, dando respuesta en primer lugar a la acción que considere que está en la base de la situación de conflicto y resolviendo después la segunda, con los pronunciamientos indemnizatorios que procedan. Si las causas de una u otra acción son independientes, la sentencia debe dar prioridad al análisis y resolución de la acción que haya nacido antes, atendido el hecho constitutivo de la misma, si bien su estimación no impedirá el examen, y decisión en su caso, de la otra acción».

La dicción de este precepto ofrece —a juicio de la Sala de lo Social— algunas dificultades interpretativas y no sólo por lo que respecta a la concreción sobre la «causa» y la «base de la situación de conflicto», sino en cuanto a la compatibilidad del alcance de los diversos pronunciamientos a los que se refiere la norma.

Por eso se precisa: a) que el despido tiene plena eficacia extintiva, por lo que el mero acto del despido extingue el contrato de trabajo y por ello el restablecimiento de la relación —con lo que ello supone en orden a las prestaciones laborales— sólo tiene lugar si hay readmisión y ésta es regular (SSTS de 2 de diciembre del 2014, Ar. 6817, y de 1 de marzo del 2016, Ar. 1603) y b) que pese a ello se admite que el trabajador no pierda el derecho a los salarios —realmente no devengados— que median entre el despido y la sentencia que declara extinguido el contrato por su justificada voluntad, pero lo cierto es que tal posibilidad se limita a los supuestos de «perjuicio sufrido por culpa del empresario que les había impedido continuar trabajando como consecuencia del despido declarado en la sentencia improcedente» (SSTS de 27 de febrero del 2012, Ar. 4698, y de 21 de septiembre del 2016, Ar. 4914, FJ 4).

Por todas estas razones, el Tribunal Supremo entiende en esta sentencia que la petición planteada —a saber, el derecho a los salarios que dejaron de percibirse por decisión injustificada del empleador— no parece ajustada a Derecho en este caso. Y esto es así porque, pese a mantener la sentencia de instancia que efectivamente concurre causa para el despido objetivo (una destacable crisis económica), lo declara improcedente por considerarlo extemporáneo, alegando al efecto una serie de razones (que la empresa debería haberlo despedido antes o que debería haber acudido al concurso, por ejemplo). El Tribunal de Justicia rechaza —acertadamente, en opinión del Tribunal Supremo— todos estos argumentos, pero no revoca la declaración de improcedencia al haberse aquietado la empresa a su exclusiva condena a la indemnización y exclusión de todo salario posterior al despido. De ahí que el tribunal rechace el recurso de casación, ya que «de entrar a resolver el recurso defectuosamente interpuesto, en manera alguna es aventurado afirmar que pudiéramos rechazarlo por exclusivas razones de fondo; lo que justifica aún más —tal como hemos adelantado más arriba— la necesidad de que se hubiese hecho expresa denuncia de infracción normativa y/o jurisprudencial, y de que la misma se hubiese razonado en términos adecuados a la compleja solución del abstruso problema que la presente litis suscita» (FJ 4).

4. Admite, pues, la Sala de lo Social en esta sentencia que cualquier causa que pudiera haber motivado, en su momento, la inadmisión del recurso —por entender que no se cumplían todos los requisitos exigidos para la interposición de éste, y no sólo el de la contradicción— sirve, asimismo, para transformar la sentencia en desestimatoria de la petición planteada. Por tanto, y pese a que todos los tribunales entiendan que la decisión del Juzgado de lo Social incurre en contradicción, esta última queda confirmada como consecuencia d e la trayectoria procesal de la acción concurrente de extinción voluntaria y despido objetivo.