Tras la destitución de Dilma Rouseff en mayo pasado, el Legislativo brasileño, y los poderes Judicial y Ejecutivo han estado envueltos en una lucha de poderes tripartita, en un contexto creciente de tensión concerniente a, por una parte, legislación anti-corrupción, y, por la otra, la necesidad de iniciativas para revitalizar la economía, que actualmente se encuentra severamente deprimida. La tasa de crecimiento para 2017 actualmente se proyecta en tan sólo 1%, y el déficit público alcanza el 10% del GDP.

En noviembre el Senado enmendó un borrador inicial de la iniciativa de ley anti-corrupción para incluir la facultad de permitir que los jueces y ministerios públicos sean incriminados por abuso de poder. Sin embargo la votación de la iniciativa tuvo que ser pospuesta cuando los ministerios públicos responsables de la llamada investigación 'Auto Lavado' sobre precios inflados en contratación pública (afectando entre otros a Petrobras), amenazaron con su renuncia de aprobar el Senado dicha iniciativa. Cientos de diputados han sido nombrados en la investigación Auto Lavado.

Mientras tanto, en noviembre la Suprema Corte de Brasil determinó que ninguna persona incriminada puede ocupar un puesto en la línea de sucesión presidencial, y el 1 de diciembre de 2016 la cabeza del Senado, Renan Calheiros, fue incriminado por malversación de fondos públicos en apoyo de su hija menor. El Sr Calheiros quedó entonces sujeto a una orden de remoción de su cargo, si bien ésta fue posteriormente revocada por una votación de 6-3 en la Suprema Corte. Como cabeza del Senado, el Sr Calheiros es el segundo en línea a la presidencia, después del líder de la Cámara de Diputados, en vista de que Brasil por lo pronto no cuenta con un vicepresidente. Su remoción hubiese dejado al Senado en manos de un senador de izquierda del Partido del Trabajo que recientemente se opuso a la iniciativa de ley presidencial para limitar el gasto público en los siguientes 20 años, una media que fue finalmente aprobada el 15 de diciembre de 2016. La iniciativa de ley era largamente considerada una precondición para que Brasil recobre su grado de inversión.

Entre otras medidas para reactivar la economía están el decreto reciente del Presidente Temer autorizando a empresas extranjeras a tener una mayor acceso a los yacimientos de petróleo en aguas profundas y el gobierno ha invitado a la iniciativa privada a que liciten para los derechos de administración de cuatro aeropuertos. Al mismo tiempo, el banco central ha recortado su tasa de interés base en un cuarto de punto, a 13.75%, y el Legislativo está analizando medidas para limitar la tasa que puede ser cobrada por las tarjetas de crédito, el cual promedia anualmente en una tasa del 450 porciento. El gobierno también ha anunciado medidas para reducir la burocracia, simplificar los impuestos y expeditar los trámites de importación y exportación.

Estas medidas están tomando lugar en un contexto de cambios en la industria minera, en donde Vale está cambiando su enfoque de Minas Gerais (en el sureste del país) a Pará (en el norte), habiendo inaugurado recientemente un nuevo complejo minero de $14bn llamado S11D. Los reguladores se han visto renuentes a otorgar licencias para minar nuevos depósitos en Minas Gerais, tras un derrame importante el año pasado en un represo de residuos. Al mismo tiempo, Brasil está por comenzar un litigio en la OMC de $4bn en contra de Canadá concerniente a la supuesta asistencia financiera prestada a Bombardier, la cual se dice ha afectado adversamente la posición competitiva del conglomerado aeronáutico Embraer. También se anticipa que el 2017 traerá un incremento significante en el sector agropecuario, estimándose una cosecha record de 213 MMT a la par de la expansión de la industria ganadera.