El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza la posibilidad de que la Administración pueda dictar un acto de derivación de responsabilidad solidaria por obstaculizar o impedir la traba del patrimonio del deudor en supuestos en que los actos constitutivos del hecho imponible de la deuda tributaria del deudor principal constituyen a su vez el acto mismo de despatrimonialización.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en la Resolución de 31 de mayo del 2017 (4937/2016), resuelve un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio en el que aborda algunos aspectos relevantes del supuesto de responsabilidad solidaria regulado en el artículo 42.2a de la Ley 58/2003, General Tributaria.

En concreto, el tribunal analiza un supuesto de hecho que parte de la transmisión de unos inmue‑ bles por parte de una sociedad promotora a otra que, a raíz de la operación, procedió a retener el importe total del precio, IVA incluido, para hacer frente al pago de dos préstamos que la parte vendedora tenía con sendas entidades financieras. Como consecuencia de la retención del impues‑ to sobre el valor añadido por la compradora, la parte vendedora no pudo hacer frente al pago de dicho impuesto, presentando autoliquidación mensual con solicitud de aplazamiento y fracciona‑ miento de pago al carecer de tesorería, situación esta última que era conocida por la compradora, toda vez que ambas promotoras se encontraban administradas solidariamente por las mismas personas.

Pues bien, invocando el devengo instantáneo del impuesto sobre el valor añadido en el mismo ins‑ tante de la transmisión de los inmuebles mencionados, sin perjuicio de la declaración y liquidación periódicas de este tributo, la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administra‑ ción Tributaria consideró que la retención por la compradora de la totalidad del precio, incluido el mencionado tributo, se produjo cuando el riesgo fiscal sobre la mercantil transmitente ya se había producido. Por ese motivo, y tras la instrucción del correspondiente expediente, se dictó un acuerdo por el que se declaró a la entidad compradora responsable solidaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 42.2a de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Disconforme con el citado acuerdo de declaración de responsabilidad, la entidad compradora objeto de la derivación de responsabilidad interpuso una reclamación ante el Tribunal Económi‑ co‑Administrativo Regional de Valencia, que atendió su pretensión. Ello motivó la interposición ante el Tribunal Económico‑Administrativo Central de un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio por parte de la directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Pues bien, el Tribunal Central se ha enfocado en examinar si es o no conforme a derecho la ci‑ tada declaración de responsabilidad solidaria, en este caso derivada a quien ha sido parte ad‑ quirente en una operación de compraventa de bienes inmuebles respecto de la deuda por el im‑ puesto sobre el valor añadido devengada con el negocio traslativo, y no ingresada por el sujeto pasivo/transmitente.

En ese contexto, la principal controversia planteada deriva del hecho de que, en este caso, los actos constitutivos del hecho imponible de la deuda principal y el acto de despatrimonialización se producen simultáneamente y no de forma sucesiva. Por ello, el tribunal estima que en este caso ha de matizarse la doctrina del Tribunal Supremo en virtud de la cual «la obligación del pago de la deuda nace, para el deudor principal, con la realización del hecho imponible, de forma que a partir de ese momento su patrimonio presente y futuro queda vinculado a la prestación asu‑ mida legalmente consistente en el pago de la deuda tributaria. Desde entonces, el deudor que realice operaciones de despatrimonialización puede incurrir en un ilícito y el causante o colabora‑ dor en ocultación puede ser consciente del fin ilegítimo de la operación. […] Por lo que basta con que la deuda se haya devengado, sin necesidad [de] que se hubiera iniciado el periodo ejecutivo de la misma, para que pueda haber ocultación de la misma».

Con el fin de matizar y adaptar tal doctrina al supuesto objeto de su análisis, el Tribunal Económi‑ co‑Administrativo Central comienza por analizar los requisitos que, según la ley, deben concurrir para que pueda derivarse el supuesto de responsabilidad que nos ocupa —conectado a alguna conducta dirigida a impedir la traba del patrimonio del deudor—, condiciones que el tribunal re‑ sume en las siguientes: 

1) Ocultación de bienes y derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir o eludir su traba, entendiendo que la ocultación comprende cualquier actividad que distraiga bienes o derechos, ya sea por desprendimiento material o jurídico de éstos, para evitar responder con ellos.

2) Acción u omisión del presunto responsable consistente en causar o colaborar en dicha ocultación —precisando que el término causar implica un enlace razonable y directo entre la conducta del responsable y la ocultación, y que colaborar entraña complicidad, cooperación—.

3) Acreditación por parte de la Administración de que la participación del responsable en la ocultación responde a la mala fe, buscando el engaño para eludir la deuda o para hacer inútil la responsabilidad del deudor mediante hechos o fórmulas jurídicas dirigidas a preparar, pro‑ vocar, simular o agravar la disminución de la solvencia patrimonial del deudor. En este caso, precisa el tribunal, no exige la norma una actividad dolosa (animus nocendi), sino simplemente un conocimiento de que se pueda ocasionar un perjuicio (scientia fraudis).

Pues bien, a juicio del Tribunal Central, además de tales requisitos, no existe en el artículo 42.2a de la Ley General Tributaria acotación temporal explícita alguna que indique cuál es el momento en el que tales hechos tienen que producirse para ser determinantes de la responsabilidad.

En consecuencia, concluye que «resultaría posible declarar esta responsabilidad cuando los actos constitutivos del hecho imponible de la deuda tributaria del deudor principal constituyan a su vez el acto de despatrimonialización, de forma que la colaboración del responsable se produce en el acto mismo que genera la deuda tributaria, esto es, antes de su devengo y no después». Ahora bien, puntualiza el tribunal que, a esos efectos, «siempre será necesario probar la existencia de un acuerdo previo o plan de actuación que pretenda esta finalidad de impedir la traba del patrimo‑ nio del deudor».