(STJUE de 12 de septiembre de 2018, as. C-304/17)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara su decisión en el asunto C‑375/13 (Kolassa) al concretar cómo debe interpretarse el criterio del «lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso» a efectos de la determinación de la competencia judicial internacional en un litigio en materia extracontractual, en un caso en el que la demandante, una inversora, ejerce una acción de responsabilidad delictual frente a un banco que ha emitido un certificado en el que aquélla ha invertido basándose en el folleto correspondiente a dicho certificado. Dicho tribunal concluye que son competentes los tribunales del lugar del domicilio del inversor, pero recuerda que ese criterio interpretativo no puede operar de manera general, sino que es necesario que el perjuicio económico se produzca directamente en una cuenta bancaria del inversor abierta en un banco establecido en el territorio de los referidos tribunales y que, además, las restantes circunstancias particulares de tal situación conduzcan a atribuir la competencia a esos mismos tribunales. La sentencia se refiere, por razones temporales, al artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, pero, de plantearse la situación actualmente, debería hacerlo al artículo 7.2 del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis).

La cuestión responde a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Austria en el marco de un litigio entre Barclays Bank, con domicilio social en Londres, y la señora Löber, con domicilio en Viena. El banco emitió certificados en forma de bonos al portador que fueron suscritos por inversores institucionales, quienes posteriormente los revendieron en el mercado secundario, concretamente a consumidores en Austria. La emisión de los certificados se realizó partiendo de un folleto de base alemán y unas condiciones generales. El dinero invertido en los certificados se perdió en gran parte al haberse utilizado en un sistema de fraude piramidal, de modo que los certificados dejaron de tener valor. La señora Löber había adquirido los certificados por mediación de dos bancos austriacos y, en su condición de inversora perjudicada, demandó a Barclays en Viena, alegando, entre otros extremos, que la información contenida en el folleto adolecía de lagunas. Los tribunales austriacos se declararon incompetentes en primera y segunda instancia. Planteada la cuestión en casación, el Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación del criterio competencial previsto por el Reglamento 44/2001.

Tras afirmar el carácter extracontractual del litigio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concreta qué debe entenderse por «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso» en un litigio como el que se plantea en este caso. Para hacerlo, reitera su jurisprudencia anterior y recuerda que puede tratarse tanto del lugar donde se ha materializado el daño como del lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercerse, a elección del demandante, ante los tribunales de cualquiera de esos dos lugares. Además, el concepto ‘lugar del resultado’ no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar (as. C‑364/93; C‑168/02; C‑12/15) y no comprende el lugar del domicilio del demandante en el que se localice el centro de su patrimonio únicamente por el hecho de que el demandante haya sufrido en ese lugar un perjuicio económico como consecuencia de la pérdida de una parte de ese patrimonio acaecida y sufrida en otro Estado miembro. Las consecuencias económicas que afecten al demandante no justifican por sí solas la atribución de la competencia a los tribunales del domicilio de aquél si tanto el hecho causal del daño como su materialización están localizados en el territorio de otro Estado miembro (C‑375/13). En cambio, se justifica tal atribución de competencia en la medida en que el domicilio del demandante constituya efectivamente el lugar del hecho causal o el de la materialización del daño (C‑375/13), entendiendo por lugar de la materialización del daño aquel donde el perjuicio alegado se manifiesta de forma concreta (C‑352/13).  

Tras estas consideraciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara el alcance de su sentencia en el asunto  C‑375/13 (Kolassa). En ella concluye que los tribunales del domicilio del demandante son competentes, en razón de la materialización del daño, para conocer de una acción que tenga por objeto que se declare la responsabilidad del emisor de un certificado por el folleto relativo a éste y por el incumplimiento de otras obligaciones jurídicas de información que incumban a dicho emisor, en particular, cuando el daño alegado se produce directamente en una cuenta bancaria que el demandante tiene en un banco establecido en el territorio de dichos tribunales. Recuerda a este respecto que en el asunto C‑12/15 precisó que la afirmación anterior se inscribe en un contexto particular caracterizado por una serie de circunstancias que contribuían a la atribución de competencia a los tribunales del domicilio del demandante, pero que de ella no cabe concluir que en todo caso el «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» es equivalente al domicilio del demandante en un caso en que éste sufre una pérdida económica.

Desde ese punto de partida, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que en el caso de la sentencia que aquí se reseña sí cabe afirmar la competencia de los tribunales de Viena del domicilio de la señora Löber, pero no únicamente por el hecho de serlo, sino porque concurren otra serie de circunstancias que permiten entender que son los del lugar del daño: en ese lugar se encontraban las cuentas bancarias desde las que se efectuaron en su totalidad los pagos relativos a su inversión, tanto la cuenta bancaria personal de la propia señora Löber como las cuentas de compensación destinadas específicamente a la ejecución de la referida inversión. Además, la señora Löber únicamente tuvo tratos con bancos austriacos, adquirió los certificados en el mercado secundario austriaco, la información que se le facilitó en relación con los certificados es la que figura en el folleto correspondiente a éstos —tal como fue notificada al banco supervisor austriaco— y fue en Austria donde, basándose en tal información, contrajo la obligación de invertir, obligación que afectó con carácter definitivo a su patrimonio.