El famoso caso de una profesora de religión que no fue contratada por estar casada con una persona divorciada y que, tras años de procedimientos judiciales, fue declarado un despido nulo, vuelve a repetirse en similares términos. Cuando llegó el momento de reanudar el contrato indefi nido el obispado se negó a incluir a la profesora en la lista del personal a contratar afi rmando que le faltaba la “misio canónica”, lo que ha derivado en una nueva declaración de nulidad del despido.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de octubre de 2016

La empleada trabajó como profesora de religión y moral católica en colegios públicos desde el año 1994. Posteriormente, la trabajadora contrajo matrimonio civil con una persona divorciada, motivo por el que el obispado decidió excluirla de la relación de profesores de religión autorizados.

Frente a esa decisión, la trabajadora accionó por despido nulo, procedimiento que, tras varias vicisitudes –incluso pronunciamiento del Tribunal Constitucional que anuló lo actuado por vulneración del derecho a la no discriminación–, terminó con sentencia fi rme del Tribunal Superior de Justicia por la que se confi rmó la nulidad del despido. En ejecución de este pronunciamiento se ordenó la readmisión con el abono de los salarios de tramitación devengados.

Sin embargo, al inicio del curso escolar 2012-2013, la actora no fue llamada a prestar servicios, sino que recibió una comunicación del Delegado Episcopal para la Enseñanza Católica manifestando que, aunque tenía la declaración de idoneidad o competencia académica para impartir clases de religión, no podría dar esas clases en ese curso por faltarle la “misio canónica”: en otros términos, no poseía la propuesta del obispado para ocupar puesto de profesora en un centro docente.

Ante dicha decisión, la profesora presentó demanda por despido nulo. La demanda fue desestimada en la instancia argumentando en Juzgado que como su contrato temporal se había extinguido, no era obligatorio volver a contratarla y que, al no existir una relación laboral vigente, no había existido despido, ni podía califi carse como tal la comunicación del obispado.

Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que de acuerdo con los efectos “ex tunc” de la nulidad del despido del que había sido objeto inicialmente y de la disposición adicional única del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio –los profesores de religión “que a la entrada en vigor del presente real decreto estuviesen contratados pasaran automáticamente a tener una relación laboral por tiempo indefi nido”– se deriva que la trabajadora tenía un contrato indefi nido a tiempo parcial que obligaba a su empleadora a darle empleo –como solicitó– durante el curso 2012-2013.

En consecuencia, entiende que existe un despido que no está motivado y que, como vulnera los derechos fundamentales de la trabajadora debe ser declarado nulo.

En concreto, según el Tribunal, tras once años pleiteando, el obispado se niega a la reanudación del contrato de trabajo lo cual se produce, prácticamente, sin solución de continuidad. Ello constituye un síntoma de una represalia contraria al principio de tutela judicial efectiva del que deriva la garantía de indemnidad por el ejercicio de acciones judiciales.