La Ley de Procedimientos Administrativos (en adelante “LPA”) entró en vigencia en El Salvador el 13 de febrero del presente año, después de un período de vacatio legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor) de un año. Dicho período fue ocupado para instruir y preparar a las instituciones administrativas con relación a la adaptación que éstas debían de hacer internamente para estar en armonía con las nuevas disposiciones, principios, requisitos y obligaciones dictadas por la LPA, cambios que en definitiva dan un giro de 180 grados a la forma en que la sociedad civil o administrados se relacionaban con la Administración Pública en las últimas décadas.

Es importante partir de la idea que LPA es una ley que puede ser calificada como pro-administrados; en tanto los principios y derechos que la rigen, tienen como fin principal favorecer a los usuarios de la Administración Pública, a través de la regulación de la actividad del estado, los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública, el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios y el límite del ejercicio de la potestad normativa y sancionadora de la administración. 

En dicho contexto, y teniendo como objetivo principal el beneficio de los administrados, la LPA da varias herramientas legales para que estos hagan valer sus derechos e interactúen con la administración, de manera que cumpla eficientemente con sus obligaciones. En este artículo conoceremos una de esas herramientas, en específico, el Silencio Administrativo, entendiéndose como; la figura jurídica por medio de la cual, a falta de resolución expresa de la administración en el plazo estipulado por la LPA, se presume que la petición hecha por el administrado es aceptada (silencio positivo) o denegada (silencio negativo).

Actualmente, existen muchos casos en que los plazos para obtener respuesta a peticiones de parte de la Administración Pública son bastante amplios, sobre todo los relacionados con peticiones sencillas o de mero trámite que no deberían tardar más de 20 días. Una novedad en este tema es que ahora se estipulan plazos concretos y generalizados que deben ser cumplidos por la Administración Publica, los cuales son de 20 días para peticiones simples y 9 meses para procedimientos (art. 89 LPA); así mismo, se estipulan consecuencias para la Administración Publica en caso de incumplimiento a estos plazos como por ejemplo, el silencio administrativo. 

¿Cuál es la importancia del silencio administrativo? Partimos del supuesto que, para el administrado el peor escenario posible a la hora de hacer una solicitud o petición a la Administración Pública, es que no le den respuesta y que esta falta de respuesta no genere ningún efecto; esto debido a que se deja al administrado sin ninguna herramienta para poder proceder con su petición, dado que al no tener resolución expresa el administrado no obtiene lo que ha solicitado y además no puede impugnar la resolución de la administración, dado que no existe resolución para ser impugnada, quedando a la merced que la institución administrativa le conteste en el plazo que esta desee

¿Cómo opera el silencio administrativo en El Salvador? Hay que tomar en cuenta que, para que el silencio administrativo tenga efectos este debe estar expresamente en la ley; en nuestro país, por regla general operaba el Silencio Administrativo Negativo o denegación presunta de parte de la Administración Pública a la petición hecha por el administrado, con el fin de que este pueda impugnar dicha resolución. 

Ahora, gracias a la entrada en vigor de la LPA en su artículo 113, se estipula como regla general el Silencio Administrativo Positivo; es decir, se presume como regla general la estimación a la petición o solicitud hecha por el administrado cuando no exista respuesta de parte de la Administración Publica. En otras palabras, en caso de que la Administración Pública no haya resuelto y notificado al administrado en relación con su petición o solicitud en el plazo establecido en la ley, entonces se presumirá una resolución favorable para el solicitante volviéndose un derecho sustantivo para este. Tenemos que tomar en cuenta, que si bien el Silencio Positivo es la regla general, existen excepciones a este en los cuales opera el Silencio Negativo las cuales están expresamente mencionadas en el mismo artículo 113. 

Para ejemplificar la materialización del Silencio Administrativo con efectos positivos en términos muy sencillos, imaginemos que una sociedad solicita un permiso, el plazo del procedimiento administrativo termina y la administración no ha resuelto, la sociedad entonces puede entender estimada su petición, es decir, está en su derecho de desplegar la actividad solicitada. Por otra parte, a diferencia de los procedimientos iniciados por solicitud de interesado, el efecto del transcurso del plazo máximo para resolver en los procedimientos sancionatorios conlleva la caducidad. Por ejemplo, supongamos que existe un procedimiento sancionatorio en contra de una sociedad por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, y la administración tributaria resuelve en 8 meses y 29 días pero se retrasa en su notificación de la resolución pasados así los 9 meses de plazo de la LPA, entonces dicho procedimiento se entiende caducado, deberá ser archivado y la resolución no producirá efectos.

En conclusión la LPA brinda herramientas a los administrados para hacer valer sus derechos frente a la Administración Publica, siendo una de las más novedosas el cambio de efectos generales del Silencio Administrativo a un efecto positivo. Asimismo, la LPA brinda otras vías legales como la simplificación del régimen de recursos que ayudará a tener una Administración Pública de mayor calidad y facilita a los administrados la interacción con la Administración Pública en aras de tutelar sus derechos.