1. ¿Cuáles son las principales novedades?

Ha entrado en vigor el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica (“RD 897/2017”), y la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre (“Orden ETU/943/2017”) que desarrolla el RD 897/2017, dos normas con un impacto económico directo sobre las empresas comercializadoras de energía eléctrica, ya que éstas ostentan la obligación de financiar el bono social y de cofinanciar el coste del suministro de los consumidores en riesgo de exclusión social, además de estar sujetas a límites para “cortar el suministro” a determinados colectivos sociales. A su vez, ambos textos normativos pretenden servir de desarrollo de las disposiciones ya contenidas en el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre (“RD-ley 7/2016”).

2. La financiación del bono social por las comercializadoras

El denominado bono social es un descuento sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor, al que solamente pueden acceder los consumidores vulnerables. Esta nueva normativa impone a las comercializadoras la obligación de cofinanciar con las Administraciones Públicas el coste de suministro de energía eléctrica a estos clientes. En términos generales, el mecanismo de financiación -que será revisado por el Gobierno, al menos, cada cuatro años-, se ha configurado como sigue: Son sujetos obligados al pago las sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica (o las matrices en los supuestos de grupos de sociedades). El coste económico para la comercializadora dependerá del porcentaje de reparto que le corresponda, y se calculará de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica. El cálculo será efectuado por la CNMC, con carácter anual. Es necesario destacar que tras la entrada en vigor de las dos nuevas normas se inicia un periodo transitorio con importantes implicaciones para las comercializadoras.

3. Cortes del suministro: Nuevos límites

En los procedimientos para la suspensión del suministro a personas titulares de un punto de suministro en su vivienda habitual con una potencia contratada igual o inferior a 10 KW, las comercializadoras han de respetar una serie de formalidades (notificaciones, información, comunicaciones y requerimientos de pago), de plazos y de limitaciones (como la imposibilidad de interrumpir el suministro un día festivo), además de una serie de especialidades para los casos en que se trate de consumidores vulnerables que estén recibiendo el bono social. Las empresas comercializadoras no pueden proceder a la suspensión del suministro de los consumidores en riesgo de exclusión social, pudiendo tener que asumir una parte del coste de sus facturas impagadas. Una vez efectuado el pago, las comercializadoras solicitarán ante la CNMC el reembolso, quien le abonará las cantidades hasta el límite anual que establezca el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Se prevé asimismo la posibilidad de que las comercializadoras de referencia suscriban convenios con las Administraciones competentes como mecanismo de coordinación ante los supuestos de impago.

4. ¿Es proporcionado?

Si bien la prohibición de los cortes del suministro o la financiación compartida del bono social pueden ser medidas razonables de defensa de los consumidores más vulnerables, la configuración que hace esta normativa es desproporcionada y va más allá de las directrices establecidas por la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (la “Directiva”). Aunque ciertamente exista una razón de interés público detrás de la medida, como es la salvaguarda de los clientes vulnerables (principio de necesidad), las medidas van mucho más allá de lo necesario para protegerlos, y producen un sacrificio exorbitante en el ejercicio de la actividad económica de las empresas comercializadoras, que puede llegar a anular completamente el beneficio de las empresas respecto de todos los clientes en situación de riesgo de exclusión, vulnerando el principio de proporcionalidad. Por otro lado, se regula más allá del artículo 3.7 de la Directiva, que tan sólo contempla la prohibición de cortes del suministro en periodos críticos.