Mediante sesión de fecha 19 de febrero de 2019, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con mayoría calificada, el proyecto de decreto por medio del cual se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. La propuesta de reforma contempla aumentar al catálogo de delitos que ameritan dicha medida cautelar, los siguientes:

  • Uso de programas sociales con fines electorales.
  • Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
  • Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

El dictamen de referencia pasó a las legislaturas de los Estados a fin de que sea analizado y, posteriormente, aprobado.

Una vez promulgada y publicada dicha reforma, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias en el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 167) y demás ordenamientos relativos para incluir los nuevos delitos que contemplará el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional.

Una vez que entre en vigor el decreto de reforma, los delitos en materia de corrupción mencionados entrarán a su vez en vigor a partir del nombramiento que realice el Fiscal General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Asimismo, contados cinco años después de la entrada en vigor de la reforma, se deberá evaluar la eficacia de dicha medida cautelar para determinar la continuidad de su aplicación, de conformidad con los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informes que deberán rendir órganos jurisdiccionales, fiscalías y/o procuradurías de los Estados, así como organismos de protección de Derechos Humanos.