La Dirección General de Tributos analiza las implicaciones fiscales del contrato de forfaiting a efectos del impuesto sobre el valor añadido, negocio jurídico que, pese a sus similitudes con el factoring, presenta diferencias relevantes con él.

La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V0116-17, de 20 de enero del 2017, aborda el tratamiento fiscal, en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, del forfaiting que, aun presentando similitudes con el factoring, se considera un contrato mercantil atípico que permite a las empresas que lo firman obtener financiación inmediata de un tercero.

En el supuesto concreto analizado por la Dirección General de Tributos, la entidad consultante (forfaiter) suscribe contratos de forfaiting con entidades terceras y de su grupo a través de los cuales éstas transmiten a aquélla efectos financieros derivados de su actividad. La cesionaria acepta sin recurso dichos efectos y anticipa el importe del efecto descontada su remuneración. Sin embargo, la gestión de los créditos sigue siendo efectuada por las entidades cedentes.

Pues bien, son varias las cuestiones que se plantean en este caso sobre los efectos que se derivan de dicho contrato en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido.

En primer lugar, se analiza la posible consideración como exentas de las operaciones descritas. En ese sentido, el artículo 20.uno.18.º de la Ley 37/1992, califica de tales las operaciones de «conce‑ sión de créditos y préstamos en dinero, cualquiera que sea la forma en que se instrumente, incluso mediante efectos financieros o títulos de otra naturaleza» (apdo. c); «las demás operaciones, inclui‑ da la gestión, relativas a préstamos o créditos efectuadas por quienes los concedieron en todo o en parte» (apdo. d), así como las de «transmisión de préstamos o créditos» (apdo. e).

Pues bien, a efectos de considerar el posible encaje de los contratos de forfaiting descritos entre los supuestos de exención recogidos en citado artículo 20, el centro directivo recuerda que éste es resultado de la transposición al derecho interno de lo dispuesto por el artículo 135.1 de la Directi‑ va 2006/112. Habrá que atender, por tanto, a la interpretación que de este último precepto realizó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual entendía que los supuestos de exención allí previs‑ tos se habían articulado con independencia de sus elementos subjetivos, que resultaban por tanto irrelevantes, salvo en los casos en los que el tenor literal del precepto hiciera referencia expresa a la condición que deben reunir el prestador o el destinario del servicio de que se trate.

De ese modo, trasladando dichas conclusiones al ámbito del artículo 20 de la Ley 37/1992, se con‑ cluye que el objetivo de las exenciones previstas en las letras c y e es excepcionar de tributación las operaciones de concesión de créditos y las transmisiones de éstos, ya que aquéllas también deben considerarse operaciones de carácter financiero. Sin embargo, en el caso de las operaciones relativas a la gestión de los créditos y debido a la referencia legal que en ese caso sí se hace a sus elementos subjetivos, al ser realizadas por persona distinta del concedente, según lo previsto en la letra d del citado artículo 20.uno.18.º, deben quedar sujetas y no exentas del impuesto.

Así pues, en el caso de un contrato de forfaiting como el recogido en el escrito de consulta, puede concluirse que la cesión de los créditos sin recurso constituye una operación sujeta y exenta del impuesto sobre el valor añadido, mientras que los servicios de gestión que prestarán las entidades cedentes, que deben entenderse como servicios administrativos, estarán sujetos y no exentos a efectos de dicho tributo.

En segundo lugar, la Dirección General de Tributos analiza la posibilidad de que las operaciones de cesiones de créditos efectuadas por las entidades cedentes constituyan por ley un sector di‑ ferenciado de la actividad. A esos efectos, y tras reparar en lo dispuesto por el artículo 9.1.ºc, apartado d —en virtud del cual tienen la consideración de sector diferenciado las operaciones de cesión de créditos o préstamos, con excepción de las realizadas mediante un contrato de factoring—, el centro directivo responde positivamente a la cuestión planteada y recuerda que el objetivo de este sector diferenciado es aislar el derecho a la deducción de las entidades que ceden sus cré‑ ditos a otras entidades, normalmente en descuento, con el objetivo de obtener financiación.

Por último, y también en el contexto del impuesto sobre el valor añadido, la Dirección General aborda la posibilidad de considerar si la entidad consultante, al recibir los créditos por un precio inferior a su nominal, está prestando un servicio de cobro de créditos (descuento) sujeto al im‑ puesto en los términos del artículo 4 de la Ley 37/1992, extremo que requerirá la existencia de una relación directa entre el importe de la contraprestación y el servicio prestado. En ese senti‑ do, el centro directivo trae a colación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso C‑305/01 (as. MKG), donde estima que existía una relación directa entre la actividad del factor y el importe que percibía a cambio como retribución, puesto que cobraba una comisión de factoring y una prima de garantía por la actividad.

Sin embargo, en el supuesto objeto de consulta no se ha estipulado expresamente ninguna comi‑ sión entre las partes por la prestación de servicio alguno. Por ello, el centro directivo se planteó la posibilidad de que la contraprestación del servicio prestado pudiera provenir de la deducción apli‑ cada al valor nominal de los créditos al calcular el precio de la compraventa de éstos. Finalmente lo descartó porque, en su opinión, la razón de esa deducción es reflejar el valor de mercado de la cartera de créditos de cada entidad cedente, y no remunerar determinados servicios. En términos económicos, las entidades cedentes no conceden ninguna deducción real, sino que simplemente aceptan el precio que el comprador está dispuesto a pagar por la cartera. 

Así las cosas, la deducción del valor nominal en este caso es el resultado de tomar en consideración una pluralidad de circunstancias tales como la diversa valoración según los casos de la solvencia de los deudores, la posibilidad de realización efectiva de los créditos y los gastos necesarios para ello. Por tanto esa deducción está relacionada principalmente con los riesgos inherentes a las carteras cedidas, pues esa incertidumbre en el cobro no depende únicamente del éxito de las actividades de cobro de créditos de la consultante, sino también de la evolución de la economía en general y otros factores.

En tales circunstancias, la Dirección General de Tributos concluye que no existe prestación de ser‑ vicio alguno en el contrato de forfaiting analizado por adquirir determinados créditos al descuento, ya que la deducción aplicada no se corresponde con la contraprestación por un servicio prestado por la entidad consultante al no existir una relación directa entre el servicio prestado y la contra‑ prestación pactada.