El Tribunal Supremo reitera su doctrina en materia de registro de jornada, entendiendo que no cabe interpretar que la norma laboral exija la obligación de registrar la jornada diaria de los trabajadores.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de abril de 2017 (RJ\1748\2017)

En el presente caso, el Tribunal Supremo debe resolver sobre el alcance de la obligación de registro de jornada contenida en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, “ET”). Dicho precepto establece lo siguiente “A efectos del cómputo de las horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizara en el periodo fi jado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

Mediante demanda de confl icto colectivo dirigida a la Audiencia Nacional, el sindicato demandante solicitó a la Sala que declarase la obligación del banco demandado de establecer un sistema de registro general de jornada para su plantilla que permitiese comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados y la anotación de las horas extraordinarias que se pudiesen realizar.

La Audiencia nacional, siguiendo la línea marcada por su sentencia de 4 de diciembre de 2015, declaró, al amparo del referido artículo 35.5 del ET ese deber de llevar un registro de toda la jornada de la plantilla. Frente a esta sentencia, se formula por la empresa recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El único motivo que sustenta el recurso es la interpretación errónea del referido artículo 35.5 del ET.

El Tribunal Supremo insiste en este punto en los pronunciamientos ya acogidos en su sentencia de 23 de marzo de 2017 (RJ\2017\1174). De este modo, niega que del tenor literal de precepto pueda deducirse una obligación de registro que se extienda más allá de las horas extraordinarias. Esta conclusión, se ve, además, reforzada por los antecedentes históricos y legislativos que nunca han recogido una obligación en este sentido.

Al igual que en su sentencia anterior, el Tribunal Supremo también insiste en que no cabe apreciar esa obligación de registro si se sigue una interpretación lógico sistemática del precepto estudiado. En primer lugar, el precepto analizado se localiza dentro del artículo 35, referido exclusivamente a las horas extraordinarias, en lugar de en el artículo 34, relativo a la jornada ordinaria. Por otro lado, si fuera la intención del legislador que las obligaciones de registro alcanzaran a todos los trabajadores y a toda la jornada, hubiera sido innecesario que se hiciera mención específi ca al respecto para supuestos especiales, como ocurre con los contratos a tiempo parcial o los contratos de trabajo de los trabajadores móviles, de la marina mercante y de ferroviarios sobre los que sí se exige un riguroso registro del tiempo de trabajo.

De acuerdo con lo expuesto, y a falta también de una obligación derivada del derecho comunitario, se razona que el artículo 35.5 no exige la llevanza de un registro de jornada diaria efectiva de toda la plantilla. Si bien es cierto que, tal y como manifi esta el Tribunal Supremo, convendría una reforma legislativa en este sentido, ni los Tribunales ni la Inspección de Trabajo pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa obligaciones a este respecto.

Con esta segunda sentencia, el Tribunal Supremo consolida su doctrina y marca el criterio que debe presidir la interpretación del precepto en lo sucesivo y que habrán de seguir tanto los Tribunales como la Inspección de Trabajo.