La derogación del régimen de bonificaciones y exenciones de tasas portuarias contemplado en los artículos 24, apartado 5, y 27, apartados 1, 2 y 4, de la Ley 48/2003, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General por ser contrario al Derecho Comunitario no conlleva el derecho a rebajar el importe abonado por tales conceptos mediante indemnización equivalente a la bonificación que no resultaba aplicable por no concurrir los requisitos exigidos para ello mientras tal régimen estuvo vigente. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), de 11 de diciembre de 2013.

Se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la denegación presunta, por silencio administrativo (después desestimación expresa, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013), de la indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador reclamada por dos entidades por los daños y perjuicios que consideraban les fueron causados por la discriminación sufrida al no haber podido beneficiarse de las bonificaciones que había establecido la Ley 48/2003, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General, atendiendo a que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2010, dictada en el asunto C-18/09, las declaró contrarias al derecho comunitario.

De acuerdo con el fallo de la citada sentencia, el Reino de España incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros, al mantener en vigor el régimen de exenciones y bonificaciones en tasas portuarias contenido en los artículos 24, apartado 5, y 27, apartados 1 , 2 y 4, de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.

Partiendo de aquel fallo y de los razonamientos en que se sustenta, las demandantes fundamentaron su reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea alegando, en síntesis, que tuvieron que abonar las tasas portuarias (en concreto, la tasa al buque y la tasa por servicios generales) en su integridad, sin beneficiarse de las bonificaciones que establecían los citados artículos de la Ley 48/2003 mientras estuvieron vigentes, pues se aplicaban a los tráficos de cabotaje e intracomunitarios, pero no a los que ellas llevaban a cabo, realizados entre un puerto de nuestro Estado y puertos de países terceros, no comunitarios, habiendo sufrido como consecuencia de ese trato discriminatorio un daño antijurídico consistente en la diferencia entre lo abonado y lo que habrían debido abonar si tales bonificaciones les hubieran sido aplicadas.

Destaca el Alto Tribunal que el escrito de demanda no plantea (o no con alegaciones dirigidas a justificar que ello hubiera sido así) que el daño causado consistiera en una situación de desventaja competitiva para las actoras, nacida o derivada de ese régimen discriminatorio de las referidas bonificaciones, debiendo desestimar el recurso por ausencia del primer y más básico requisito de la acción que se ejercita, pues las recurrentes, pese a lo que alegan, no sólo no sufrieron en su patrimonio un daño antijurídico sino que, en realidad, no sufrieron ni tan siquiera un daño.

Lo que la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró incompatible con el Derecho comunitario fue un determinado régimen de bonificaciones a las tasas portuarias cuya aplicación dependía únicamente de los lugares de destino y origen de los buques, sin establecer que las tasas portuarias establecidas en la Ley 48/2003 lo fuesen en sí mismas ni que respecto de éstas no pudiera establecerse un sistema de bonificaciones necesarias y proporcionadas que se basara o se hiciera depender de otras causas, y, en concreto, de razones imperiosas de interés general. Por tanto, la consecuencia jurídica de dicha sentencia era la obligada derogación de aquel régimen (sin perjuicio, en su caso, de la reformulación de uno nuevo en el que la causa de la bonificación fuese otra o una que obedeciese a esas razones imperiosas; y sin perjuicio, además, de lo que procediese acordar respecto de las bonificaciones entonces disfrutadas), pero no que quien abonó unas tasas en el importe que estaba fijado para el tráfico marítimo que realizaba, tenga derecho a rebajarlo mediante una bonificación (o lo que es igual, a través de una indemnización equivalente) que no le era aplicable. Ese abono no constituyó entonces (ni ahora) un daño o perjuicio; y menos aún uno que no tuvieran o no tengan las recurrentes obligación de soportar, motivo por el cual el Alto Tribunal desestimó el recurso denegando, por tanto, la indemnización solicitada.