Los Artículos 228, 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) regulan la llamada prohibición general de competencia, que impide a los administradores de sociedades mercantiles realizar actos de competencia desleal en relación con sus sociedades, con la prohibición de incurrir en conflictos de interés, al no poder dedicarse, por cuenta propia o ajena, a la realización de actividades con el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social de aquéllas, salvo autorización expresa de la sociedad, mediante acuerdo de Junta General.

La realización de tales actividades, idénticas, análogas o complementarias, sin autorización, tiene como consecuencia directa la posibilidad de que la Junta General pueda acordar el cese de dichos administradores por la comisión de tales actos desleales.

Sin perjuicio de lo anterior, existe también para los administradores, frente a las sociedades que administran, la prohibición de cometer actos desleales o ilícitos concurrenciales, reflejados en las conductas expresamente previstas en los Artículos 4 y siguientes de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que supondrán, en su caso, la condena a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios por la realización de tales ilícitos concurrenciales y actos desleales.

Pero ambas cuestiones deben quedar claramente diferenciadas. Por una parte, la posibilidad del cese de los administradores, en caso de incumplimiento de su deber de lealtad por la realización de actividades coincidentes con el objeto social de las sociedades que administran, incurriendo en conflictos de interés, siempre que no exista autorización expresa de la Junta General. Y, por otra parte, la condena por la comisión de actos desleales, con base en la LCD, que generan un perjuicio a la sociedad, la cual estará legitimada para solicitar una indemnización de daños y perjuicios.

Una reciente Sentencia de la Sección 15ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de septiembre de 2018 establece la diferenciación entre ambas situaciones, fijando la doctrina de que si se dan los requisitos o circunstancias de hecho necesarias para la aplicación de los Artículos 228, 229 y 230 de la LSC y, por tanto, existe conflicto de interés, es perfectamente posible que la Junta General pueda acordar el cese del administrador, bastando para evitarlo el conocimiento por la sociedad y sus socios de la existencia de tales actividades similares o análogas (actos propios), sin que haga falta la existencia de una autorización expresa. Y ello sin perjuicio de que el administrador pueda, en su caso, ser condenado al abono de una indemnización de daños y perjuicios, en el supuesto que se pruebe la comisión de alguno de los actos desleales definidos en los Artículos 4 y siguientes de la LCD.

Asimismo, otra Sentencia de la misma Sección 15ª de 5 de octubre de 2018 define la actuación del administrador y condena a éste al pago de una indemnización de daños y perjuicios por la comisión de actos desleales, consistentes en la captación de clientes por medios ilícitos e irregulares (aprovechamiento de la estructura de la sociedad que administra durante la vigencia de sus vínculos profesionales con la misma). Pero dicha condena se refiere exclusivamente a la realización de tales actos desleales y a la contravención del Artículo 4 de la LCD, sin que la consecuencia sea el cese del administrador, para lo cual deberá tenerse en cuenta la normativa contenida en la LSC y no en la LCD.

La última de las Sentencias confirma el carácter autónomo del Artículo 4 de la LCD, el cual es plena y objetivamente aplicable a la comisión de actos desleales no subsumibles en otros tipos de ilícitos, conforme a la doctrina unánime del Tribunal Supremo (STS’s de 21 de febrero de 2012, 19 de junio de 2013 y 2 de febrero de 2017, entre muchas otras).

De ambas Sentencias es posible concluir sin lugar a dudas que, aun cuando existe una íntima relación entre la existencia de conflictos de interés societarios y la comisión de ilícitos concurrenciales por los administradores de sociedades, los criterios de declaración y condena por los mismos son diferentes, independientes y responden a la aplicación de normativa diferente, si bien podemos decir que complementaria.