La propuesta de Directiva de derechos de autor en el mercado único digital sigue suscitando controversia. El pasado 5 de julio, el Parlamento Europeo rechazó ratificar la versión aprobada en la comisión parlamentaria de asuntos jurídicos. Las principales cuestiones debatidas se localizan en los artículos 11 y 13 del texto.

Por un lado, uno de los objetivos de la propuesta es la introducción de un nuevo derecho afín para los editores de prensa, reconociéndolos por primera vez como titulares de derechos. Para ello, el art. 11 prevé otorgarles el derecho a reclamar una compensación “justa y proporcionada” por los usos digitales de sus publicaciones. Este mecanismo no es nuevo en el mundo de los derechos de autor; países como España o Alemania contemplan figuras similares en sus ordenamientos jurídicos.

Por otro lado, el art. 13 de la Propuesta modifica el paradigma actual en relación con las plataformas digitales. Hasta ahora, siempre que cumplan con los requisitos de neutralidad, las plataformas de alojamiento de contenidos se consideran prestadoras de un servicio de intermediación a los efectos de la Directiva de Comercio Electrónico (y de su transposición en la LSSICE). De este modo gozan de exención de responsabilidad por los contenidos subidos por sus usuarios, mientras carezcan de conocimiento efectivo de su ilicitud (o de hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito). Se prohíbe además imponer a tales plataformas obligaciones generales de supervisión de los contenidos alojados.

Por su parte, el art. 13 de la Propuesta de Directiva exige a las plataformas la obtención de licencias para poner a disposición los contenidos protegidos que suban sus usuarios, o bien adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para impedir la disponibilidad de contenidos que infrinjan los derechos de autor. La compatibilidad de estas nuevas obligaciones con los preceptos de la Directiva de Comercio Electrónico, así como los efectos prácticos que de ellas puedan derivarse, han suscitado posiciones enfrentadas entre defensores y detractores de la reforma.

Tras la fallida ratificación, la propuesta deberá ser sometida a debate y a una nueva votación en el Parlamento Europeo, fijada para el próximo 12 septiembre de 2018.