Los siguientes meses serán testigos de la defunción de muchos de los más ancianos contratos de alquiler

GEORGE BALD / JAVIER PUCHOL

Colmado Quílez, Chocolatería Fargas, Filatelia Monge, todos ellos son nombres de reputados establecimientos de Barcelona que, al finalizar el año, verán cómo quedan extinguidos sus longevos contratos de arrendamiento. Todo parece indicar que no serán los únicos en echar el cierre a finales del 2014. En efecto, si usted es arrendatario de un local, es persona jurídica y hasta ahora se beneficiaba de un alquiler sometido a la prórroga forzosa, conocido coloquialmente como “contrato indefinido”, cabe la posibilidad de que este quede extinguido al finalizar este año con independencia de la fecha en la que se suscribió. Eso sí, si lo que desea es hallar a los responsables de la muerte de su contrato, entonces hay que remontarse a la fecha de este.

En el caso de que se trate de un contrato de fecha anterior al 9 de mayo de 1985 (día en que entró en vigor el decreto Boyer), la culpa de la extinción contractual la tendrá la propia ley, ya que el legislador aprovechó la inofensiva festividad del vigésimo aniversario de la norma para terminar con aquellos contratos concertados antes de esa fecha. No obstante, tal hecho no debería sorprendernos. Es la crónica de una muerte anunciada.

Distinto y más repentino verdugo tendrán aquellos contratos de igual condición pero posteriores al 9 de mayo de 1985, pues en este caso su muerte correrá a cargo de la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2011. Tal veredicto judicial da entrada en escena a una posible extinción de los contratos de arrendamiento de local en los que el arrendatario es persona jurídica y que, hoy, continúan sometidos a prórroga forzosa. Para el Supremo ya no basta, contrariamente a lo que dijo en otros tiempos, que la prórroga forzosa haya nacido de una verdadera voluntad de las partes. Así, a través de una nueva interpretación de la normativa vigente, concluye que estos contratos de arrendamiento pueden finalizar a instancia de la propiedad a finales del presente año 2014. Mentiríamos si dijéramos que tal postura ha sido unánimemente aceptada por todos los órganos judiciales. No obstante, lo que sí es cierto es que ha existido numerosa jurisprudencia menor que ha ratificado el criterio del Supremo.

Por tanto, aunque suene especulativo, la presente anualidad se presenta ajetreada en lo que concierne a los arrendamientos urbanos, pues parece evidente que los siguientes meses serán testigos de la defunción de una parte muy significativa de los más ancianos contratos de nuestro mercado arrendaticio. En ciertos casos, el fin era conocido desde hace tiempo por las partes. En otros muchos, el final será más inesperado y consecuencia directa de los revolucionarios pronunciamientos de la Sala Primera del Supremo que, sin recelo, podemos afirmar que entrañan una auténtica sentencia de muerte a la prórroga forzosa que conocíamos.