Muchos aspectos de la reforma laboral de 2012 han dado lugar a extensos debates sobre su ade- cuación constitucional, tanto en cuanto al cauce normativo elegido (inicialmente mediante norma de urgencia) como en relación con el diseño de ciertas figuras concretas. Al hilo de su aplicación, algunos órganos judiciales materializaron sus du- das por la vía preceptiva: planteando cuestiones de inconstitucionalidad, para que fuera el máximo intérprete de la Constitución el que despejara los interrogantes.

Una de las primeras cuestiones de inconstitucio- nalidad respecto del Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, fue la elevada por el Juzgado de lo So- cial núm. 34 de Madrid, en general respecto de la norma en su conjunto, y en particular sobre la re- gulación de los efectos del despido improcedente. Ocho meses después de su entrada en el Registro del Tribunal Constitucional, la cuestión ha sido in- admitida a trámite por el Pleno, mediante un Auto de 46 folios con importantes implicaciones para otras cuestiones y recursos aún pendientes.

A continuación se analizan sintéticamente las res- puestas que brinda el Auto 43/2014, de 12 de fe- brero (BOE 11 de marzo) a las distintas alegacio- nes del Magistrado-Juez.

¿Concurría la extraordinaria y urgente ne- cesidad que habilita al Gobierno a dictar un Decreto-Ley?

El art. 86.1 CE abre la vía para que el Gobierno ponga en marcha una disposición con rango de ley sin necesidad de seguir el cauce parlamentario ordinario1. Pero para ello exige que concurra una situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que lo justifique. Según el Magistrado-Juez, el pre- supuesto no se cumplía, ni con carácter general ni específicamente en relación con la nueva regula- ción de los efectos del despido improcedente2.

Aunque el Tribunal manifiesta que la cuestión no puede plantearse globalmente sino sólo respecto de los concretos preceptos que son de aplicación al caso enjuiciado, contesta que en el preámbulo de la norma se explicitan y razonan los motivos te- nidos en cuenta por el Gobierno para su adopción, tanto como justificación general cuanto específica de las medidas cuestionadas, basados en “datos constatables relativos a la situación de crisis eco- nómica y desempleo”. Concluye que las coyunturas económicas problemáticas pueden afrontarse me- diante un RDL.

Por otro lado, es necesario que exista una cone- xión entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas, lo que el Tribunal afirma en virtud de dos circunstancias: a) por su contenido, desde la concepción –que rechaza va- lorar en su oportunidad y eficiencia- de que la re- ducción del coste del despido puede favorecer la creación de empleo y la aminoración de la segmen- tación del mercado de trabajo; y b) por su eficacia inmediata, que modificaba de manera instantánea la situación jurídica existente.

¿La reducción de la indemnización por despi- do es arbitraria y discriminatoria?

El art. 9.3 CE proscribe la arbitrariedad de los po- deres públicos, y el art. 14 la discriminación. Se- gún el Magistrado-Juez, tanto el art. 18.7 del RDL

-que rebaja la indemnización por despido impro- cedente a 33 días por año de servicio con el tope de 24 mensualidades3- como la Disposición Tran- sitoria 5ª -que fija el régimen transitorio de apli- cación a los trabajadores que vinieran prestando servicios desde antes de la entrada en vigor de esta rebaja4-, desatienden esta prohibición, dado su carácter tasado. Mantiene que, tanto ahora como en el pasado, las indemnizaciones tasadas impiden ajustar la reparación al daño íntegro efec- tivamente sufrido, propiciando una discriminación “de origen clasista” en comparación con la repa- ración íntegra que es posible en el ámbito civil. La misma conclusión extrae respecto del art. 18.8, que reconoce el derecho del trabajador al cobro de salarios de tramitación –de naturaleza indemniza- toria- sólo en el caso de que el empresario opte por su readmisión5.

El Tribunal Constitucional niega que las indemni- zaciones tasadas escondan discriminación alguna, pues los contratos de trabajo no son comparables a los civiles. Tampoco considera que se trate de una medida arbitraria, dado que elimina las difi- cultades de prueba de los daños, al tiempo que unifica y simplifica el cálculo judicial, aportando seguridad jurídica.

Finalmente, el Tribunal descarta la arbitrariedad en la reducción de la cuantía, argumentando que el legislador está facultado para ello en virtud del art. 35.2 CE –que le encomienda regular un esta- tuto de los trabajadores-.

¿La regulación de los efectos del despido vul- nera la tutela judicial efectiva?

El art. 24.1 CE reconoce el derecho a la tutela ju- dicial efectiva, que el Magistrado-Juez considera inexistente o al menos no efectiva tras la nueva configuración de los efectos del despido improce- dente, pues es el empresario quien fija el alcance económico de su propia condena (si readmite abo- na salarios de tramitación; si no no), lo que implica además que, iniciado el procedimiento judicial, el trabajador ignora la extensión que tendrá su in- demnización en caso de declararse la improceden- cia del despido.

El Tribunal explica que una cosa es el contenido material de la protección frente al despido y otra la tutela judicial que de esa protección puede obte- ner el trabajador, a quien no se impide de ningún modo interponer la acción y obtener una sentencia en que se declaren las consecuencias que están previstas legalmente.

¿La regulación de los efectos del despido vul- nera el derecho al trabajo?

El art. 35.1 CE garantiza este derecho, que, se- gún el propio Tribunal Constitucional, implica que el trabajador no puede ser despedido sin justa causa. De ahí el Magistrado-Juez deduce que en tal caso correspondería la readmisión del trabajador, operando la extinción indemnizada tan solo como una segunda opción. Esto se estaría quebrantan- do al penalizar la readmisión, pues ahora resulta más onerosa para el empresario que la extinción indemnizada.

Pero el Tribunal Constitucional defiende que la pro- tección frente al despido injusto compete al legis- lador ordinario, quien legítimamente puede dispo- ner que en los despidos declarados improcedentes el empresario opte entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización –fijada según los pa- rámetros que en cada momento se establezcan-. No se penaliza la readmisión, pues sigue siendo posible y además la opción por la extinción con- lleva también unos efectos económicos a tener en cuenta.

Efectos prácticos del pronunciamiento

  • Se han resuelto las dudas constitucionales so- bre la actual regulación de los efectos del des- pido improcedente, lo que, en principio, la blin- da frente a los recursos de inconstitucionalidad pendientes, centrados en la Ley 3/2012 pero con alegaciones similares.
  • Existen votos particulares de cuatro magistra- dos, pero dado que el fallo mayoritario se ha adoptado en el Pleno, mientras se mantenga su composición es improbable un cambio de crite- rio para el futuro.
  • Sigue siendo posible, en su caso, acudir a otras instancias comunitarias e internacionales, pues están en juego también normas supranaciona- les.
  • El  Tribunal  ofrece  un  aviso  a   navegan- tes: a pesar de advertir que la cuestión de inconstitucionalidad no podía plantearse global- mente en relación con el RDL, sino sólo respec- to de sus preceptos aplicables al caso, de todos modos se pronuncia sobre el carácter urgente y de extraordinaria necesidad de la norma en su conjunto, basada fundamentalmente en la difícil situación económica. Esto desvela cuál será sus posición a la hora de resolver otras cuestiones de inconstitucionalidad que discutan el presupuesto habilitante.
  • No obstante, queda un resquicio a tener en cuenta: el Tribunal pondera la urgencia tenien- do en cuenta que las disposiciones cuestiona- das tenían eficacia inmediata. Cabe preguntar- se entonces qué dirá respecto de otros RDL en los que no es así para todas sus disposiciones, o, incluso respecto de este mismo RDL 3/2012, cuando se trata de extremos condicionados a un desarrollo reglamentario que se dilata en el tiempo, o cuya efectividad –que no es lo mismo que entrada en vigor- se aplaza.

Resumen

  • Concurría el presupuesto habilitante para en- cauzar los cambios a través de un RDL, sin que la urgencia quede desmentida por su posterior tramitación como proyecto de ley.
  • El derecho al trabajo (art. 35. CE) no consiente el despido arbitrario, pero las consecuencias de su reparación competen al legislador ordinario, quien puede asumir la opción descrita.
  • No cabe hablar de discriminación (art. 14 CE) por el hecho de que los contratantes de nego- cios jurídicos privados obtengan una reparación de su daños y perjuicios acorde con la entidad de los mismos y los trabajadores perciban una compensación tasada (ahora reducida directa e indirectamente) pues se trata de magnitudes diversas y la propia Ley Fundamental pide que haya un Estatuto específico para los Trabajado- res (art. 35.2 CE).
  • La tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) no exi- ge que el órgano judicial tenga en todo caso a su alcance el otorgamiento de consecuencias ilimitadas a favor de los titulares de derechos vulnerados, sino que ha de otorgarse con arre- glo a las normas sustantivas vigentes.