Sentencia del Tribunal Supremo 8Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 22 de enero de 2013

Se interpuso recurso contencioso-administrativo por tres empresas navieras frente a la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 23 de septiembre de 2008 ante el Consejo de Ministros por los daños ocasionados como consecuencia del cierre temporal del Puerto de Tarifa como puerto habilitado para el cruce de personas por dicha frontera del 1 de julio al 5 de agosto de 2004 por presentar carencias relativas a la capacidad de atraque de embarcaciones, insuficiencia en materia de estacionamiento de vehículos y de infraestructuras sanitarias, así como limitaciones para el acceso por carretera, lo que, según el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 11 de junio de 2004 hacía inviable su utilización como puerto alternativo al de Algeciras durante la operación Paso del Estrecho. El referido acuerdo del Consejo de Ministros fue impugnado por las entidades ahora demandantes dando lugar a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2007, que lo anuló al entender que no había hecho un correcto uso de la discrecionalidad técnica al haber omitido el trámite de informe previo del Ministerio de Fomento previsto en el artículo 2.b) del Real Decreto 864/2001, que adolecía de suficiente motivación y que, disponiendo de las mismas infraestructuras y dotaciones, el Puerto de Tarifa no fue cerrado completamente durante la Operación Paso del Estrecho de los dos años siguientes, lo que se tradujo en un incumplimiento del deber de mantener medios eficaces de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea establecido por el artículo 6 del Acuerdo Schengen.

Los daños cuya indemnización reclamaban los demandantes fueron los siguientes: lucro cesante por la disminución de ingresos derivada del cierre del puerto y por el daño a la imagen ante la clientela, valorados en 1.326.079,07 euros y 1.618.981,08 euros, respectivamente; daño emergente consistente en el retraso, debido a la disminución de ingresos derivada del cierre del puerto, en la devolución de un préstamo que una de las navieras reclamantes tenía contraído con su sociedad matriz, con el consiguiente coste financiero adicional, valorado en 212.929,05 euros; y daños consecuenciales consistentes en los gastos que hubieron de afrontar las demandantes para obtener la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de junio de 2004, presupuesto de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, y los efectuados en la vía administrativa previa al recurso contencioso-administrativo, valorándose en un total de 217.428,97 euros.

En cuanto al lucro cesante por la disminución de ingresos derivada del cierre del Puerto, el Tribunal Supremo rechaza las pretensiones de las demandantes basadas en una comparación con el volumen de pasajeros y vehículos transportados en la Operación Paso del Estrecho del año 2005, en tanto que los buques que se habrían utilizado en 2004 y los utilizados en 2005 no eran los mismos, de modo que, teniendo uno de los buques empleados en el último año citado mayor capacidad, las cifras aportadas no eran lógicamente utilizables como indicio o punto de comparación, sin que, en consecuencia, el lucro cesante quedase debidamente acreditado. La reclamación por el lucro cesante debido al daño a la imagen de la clientela tampoco es acogida por el Alto Tribunal, y ello al no poderse tener por acreditado con la pericial aportada cuya naturaleza era puramente económica y no incluía información psico-sociológica sobre cuál hubiese podido ser la reacción de los potenciales clientes ante el cierre del Puerto de Tarifa.

Estima el Tribunal que el daño emergente por el coste financiero adicional en la devolución del préstamo por una de las reclamantes a su sociedad matriz no fue causado por el cierre del Puerto de Tarifa, constituyendo el pago del principal e intereses a la matriz un riesgo libremente asumido y que, además, al no haberse vulnerado el principio de confianza legítima con el cierre del puerto, no tenía la entidad reclamante el derecho a esperar que el cierre no se produjera, en tanto que era una posibilidad prevista por el ordenamiento jurídico.

Respecto de los daños consecuenciales reclamados, considera el Tribunal Supremo que no son indemnizables, pues los gastos realizados en el proceso que culminó con la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros mediante Sentencia de 31 de julio de 2007 debieron ser reclamados en tal procedimiento como costas, y los gastos realizados en la vía administrativa previa a la interposición del presente recurso fueron puramente voluntarios.

En consecuencia, el Tribunal Supremo desestimó el recurso al no haber quedado debidamente acreditado ninguno de los daños denunciados.