La Audiencia Nacional analiza el concepto de importe neto de la cifra de negocios desde la perspectiva de la habitualidad de las operaciones generadoras de ingresos para que éstos puedan considerarse ordinarios, independientemente del objeto social de la entidad o del volumen de sus operaciones.

La Audiencia Nacional, en la Sentencia de 30 de junio del 2016 (rec. núm. 331/2014), resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central por una sociedad de valores que ejerce como actividad principal la intermediación en mercados de renta variable, siendo sus ingresos ordinarios los derivados de las comisiones obtenidas por tales servicios. Dicha entidad, en su declaración del impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2006, consignó una cifra en concepto de ingresos de explotación y otra en la partida de ingresos financieros. Dichos ingresos financieros habían sido generados por la obtención de dividendos y por los beneficios de la venta de su cartera permanente, integrada ésta por acciones de BME, sociedad que se constituyó aglutinando los diferentes mercados de valores españoles y sus sociedades rectoras, así como los sistemas de compensación y liquidación nacionales.

Pues bien, en atención al importe de sus ingresos de explotación, la entidad recurrente aplicó en el ejercicio 2007 los incentivos fiscales previstos para las empresas de reducida dimensión, extremo que no fue compartido por la Administración al entender que el importe neto de la cifra de negocios de la entidad en el 2006 superaba la cantidad fijada por la ley para poder aplicar tales beneficios tributarios. A esta conclusión llegó la inspección al entender que dicho importe neto de cifra de negocios debería quedar integrado tanto por las cantidades declaradas como ingresos de explotación como por los importes consignados como ingresos financieros.

La entidad comprobada alegó la improcedencia de incluir los ingresos procedentes de la actividad de tenencia y negociación de valores por cuenta propia en la determinación del importe neto de la cifra de negocios, manifestando que este último comprende los importes de la venta de productos y prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades «ordinarias» de la empresa, esto es, las que se realizan regularmente y por las que se obtienen ingresos de carácter periódico. Por tanto, en el supuesto objeto de controversia, la venta de acciones no constituye, a su entender, la actividad principal de la entidad, ya que la transmisión de acciones tuvo lugar como consecuencia de una oferta pública de valores que permitió la salida parcial del accionariado de la entidad. 

Para llegar a dirimir la cuestión objeto de controversia, la Audiencia Nacional parte del que debe ser el núcleo fundamental de la cifra de negocios, extremo que sitúa en los ingresos obtenidos por la empresa en sus operaciones habituales, es decir, los ordinarios de la empresa, sin que a ese respecto hayan de considerarse esenciales aspectos tales como el objeto social de la entidad o el volumen de las operaciones efectuadas por ésta.

En ese sentido, el tribunal ahonda en el motivo que condujo a la entidad a adquirir las acciones de BME que después fueron enajenadas, génesis que sitúa en una imposición legal derivada del artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores en su redacción vigente en la fecha de constitución de la entidad, el cual atribuía la condición legal de miembros de las Bolsas a aquellas sociedades y agencias de valores que participasen en el capital de las sociedades rectoras de las Bolsas de valores. Debido a esta exigencia, la entidad recurrente, con el fin de poder operar como miembro de la Bolsa y desarrollar la actividad empresarial propia de su estatuto jurídico, adquirió acciones en tales sociedades rectoras, títulos que fueron posteriormente canjeados por acciones de BME, sociedad que, como ya se ha señalado, fue constituida aglutinando los diferentes mercados de valores españoles y sus sociedades rectoras. Pues bien, el aludido requisito se eliminó posteriormente para facilitar el acceso al mercado de nuevos miembros, por lo que, cuando en el 2006 el Consejo de Administración de BME aprobó la realización de una oferta pública de venta de acciones y fue admitida a cotización en bolsa —condición de la que carecía anteriormente—, la entidad recurrente vendió una parte de sus participaciones en cumplimiento de las restricciones a la concentración de activos establecida por la normativa sectorial regulatoria.

De acuerdo con todos los antecedentes apuntados, la Audiencia Nacional deduce que la adquisición de acciones de BME no tuvo el carácter de actividad ordinaria, teniendo en cuenta que se produjo para cumplir un imperativo legal y no con la intención de llevar a cabo una inversión financiera por cuenta propia. Así las cosas, el tribunal estima que dicho carácter extraordinario ha de trasladarse también al momento de la enajenación de esas participaciones, no pudiendo ignorarse que su venta —entre otros motivos que pudieran concurrir— fue motivada por la necesidad de cumplir con los límites de concentración de activos que estaban fijados entonces por la Circular 5/1990, de 28 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, límite (25 %) que la entidad recurrente superó cuando se produjo el canje de las participaciones anteriores en sociedades rectoras por la participación en BME, una vez que ésta se constituyó.

Todo lo anterior condujo a la Audiencia Nacional a concluir que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones de la cartera permanente de la compañía, en tanto que esa operación no es representativa de la actividad de la recurrente, no deben ser tenidos en cuenta para determinar su importe neto de cifra de negocios.