Las recientes reformas a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) tienen, entre otras novedades, la regulación de la reversión de pagos en las diferentes modalidades de contratación entre proveedores y consumidores. Mediante estas nuevas reformas, la Asamblea Legislativa adicionó el artículo 13 – D, el cual, obliga a los proveedores a reversar los pagos que solicite el consumidor cuando:

a) Ejerza su derecho de retracto;

b) El producto adquirido no haya sido recibido, o el servicio contratado no haya sido prestado

c) El objeto del contrato no corresponda con lo solicitado, o resulte defectuoso; y

d) Existan errores en el cobro de las transacciones por fallas en los sistemas de pago de terceros.

Otro elemento importante de esta reforma es que establece un plazo máximo a los proveedores para que reversen los pagos requeridos por los clientes, el cual, no deberá de exceder 15 días contados a partir de la fecha en que el cliente efectuó su reclamo.

Finalmente, dentro de las reformas relacionadas a la reversión de pagos, se reformó el literal k) del artículo 44 de la Ley de Protección al Consumidor, a efecto de sancionar como infracción muy grave el hecho de negarse a hacer la devolución de dinero cuando el consumidor haya ejercido el derecho de reversión de pagos, lo cual puede acarrear sanciones hasta quinientos salarios mínimos mensuales urbanos en la industria.