I. Estado de la cuestión antes de la Sentencia

  1. El Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la posible colisión entre la cesión de créditos y el ejercicio de la acción directa por el subcontratista. Es decir, analiza cómo juega el ejercicio de la acción directa cuando previamente el contratista contra el cual ejercita su acción el subcontratista ha cedido parte de su crédito.
  2. En los últimos años ha habido varios pronunciamientos de sentido no siempre coincidente. Así podemos mencionar la Sentencia de 28 de abril de 2006 [RJ 2204, 2006]. En aquella ocasión se discutió si la cesión de créditos resultaba acreditada y si la misma era lícita pues el demandante alegaba que se había producido en fraude de acreedores. La sentencia del Tribunal Supremo siguiendo la apreciación de la prueba realizada por la Audiencia Provincial entendió que la cesión de crédito se había producido lícitamente y mantuvo fuera del importe por el que el subcontratista podía ejercitar la acción directa, aquél por el que se había realizado la cesión de créditos.
  3. Sin embargo, en sentido contrario con la Sentencia anterior (y en sentido coincidente con la Sentencia que ahora comentamos), podemos mencionar la Sentencia de 20 de noviembre de 2009 [RJ 396, 2010]. Esta sentencia sostuvo una tesis más favorable a la tesis del contratista y entendió que dentro de la cantidad que se podía incluir dentro de la acción directa se encontraban aquellas respecto de las cuales el comitente había solicitado un descuento, pues entiende la sentencia que esos importes son susceptibles de retorno y que por tanto no pueden equipararse al pago.
  4. Siguiendo la línea de esta última sentencia, el Tribunal Supremo ha entrado a analizar específicamente cómo juega el orden de prelación entre el crédito derivado de la acción directa y la cesión de un crédito realizada a favor de tercero.

II. Antecedentes

  1. Repsol Petróleo, S.A. ("Repsol") contrató con Mecánica de la Peña, S.A. ("Peña") un contrato por el que esta se comprometió a ejecutar una obra. A su vez, Peña subcontrató los servicios de Tamoin Talleres y Montajes Industriales, S.A. ("Tamoin"). Asimismo, Peña suscribió un contrato de prefinanciación de las obras con Banco Popular, S.A. ("Banco Popular") por el que se comprometió a destinar las cantidades percibidas de Repsol a la reducción del préstamo y por el que Banco Popular prefinanciaba el 85% de los desembolsos que Repsol habría de abonar a Peña, según las amortizaciones establecidas en dicho contrato. En un momento dado de la ejecución de la obra, Peña no pudo afrontar ni los pagos debidos a Banco Popular ni a Tamoin.
  2. Así pues, tanto Tamoin, sobre la base de la acción directa que podía ejercitar como subcontratista, como Banco Popular, sobre la base de la cesión del crédito de Repsol que había acordado con Peña, remitieron sendos requerimientos a Repsol para que abonase las cantidades impagadas por Peña.
  3. En este contexto, Banco Popular interpuso demanda contra, entre otros, Peña, Repsol y Tamoin reclamando el importe de las cuotas impagadas y Tamoin interpuso demanda contra Repsol y Banco Popular. Ambas demandas fueron objeto de acumulación.
  4. Así pues, se plantea la disputa de quién debe cobrarse antes del derecho de crédito de Peña contra Repsol, si Banco Popular, como cesionario del derecho de crédito, o Tamoin, como subcontratista al amparo de la acción directa. Veamos lo que ocurrió. En primer lugar, haremos una breve referencia al pronunciamiento de la resolución en primera instancia y después analizaremos los argumentos que la Audiencia Provincial de Madrid dictó en apelación y finalmente el Tribunal Supremo en casación.

III. La sentencia dictada en primera instancia

  1. La sentencia, que fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid, estimó en su totalidad la demanda interpuesta por Banco Popular y declaró el mejor derecho de esta para cobrarse de Repsol los importes adeudados por Peña, y estimó parcialmente la demanda interpuesta por Tamoin.
  2. Es decir, la sentencia consideró que efectivamente Peña había cedido válidamente su derecho de crédito contra Repsol a Banco Popular y que la cesión prevalecía sobre los derechos que la ley otorgaba a Tamoin como subcontratista al amparo del artículo 1597 CC.

IV. La Sentencia de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de diciembre de 2008

  1. La sentencia de primera instancia fue recurrida por Tamoin y Repsol.
  2. La cuestión que se esconde tras este litigio es que Repsol, si bien reconocía que estaba obligada a pagar, no sabía a quién pagar pues había recibido reclamaciones extrajudiciales de Banco Popular, Tamoin y la propia Peña, a través de sus interventores judiciales.
  3. La sentencia de apelación llegó a la conclusión de que Banco Popular y Peña no pactaron una cesión de créditos. En primer lugar porque en el contrato de prefinanciación Peña se comprometió "formal e irrevocablemente a destinar la reducción del préstamo las cantidades que perciba de la empresa Repsol Petróleo, S.A.". Para la sentencia de apelación ello supone que el crédito sólo se cede si la comitente (Peña) no recibe cantidad alguna y los pagos se efectúan directamente a Banco Popular por Repsol. Así pues, este compromiso demuestra para la sentencia que no se produjo la cesión del crédito.
  4. Este convencimiento de la Audiencia se refuerza, según afirma, con otros hechos como que la amortización del préstamo no coincidía con los importes cobrados de Repsol.
  5. Asimismo, se discute que de existir una cesión de créditos, la misma fuera en pago del crédito. La Audiencia señaló que en su caso se trataría más bien de una cesión en garantía dado que la misma se realizaba sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e ilimitada de Peña y de otras garantías que se habían pactado en el contrato, en particular, una prenda sobre saldos en efectivo o sobre valores o activos financieros depositados por Peña en Banco Popular.
  6. Así pues, según esta sentencia, al no existir una cesión de créditos, Banco Popular no podía tener un derecho preferente al que ostentaba Tamoin contra Repsol.

V. La Sentencia del Tribunal Supremo

  1. Banco Popular recurrió en casación la sentencia de la Audiencia Provincial.
  2. El Tribunal Supremo analiza la figura de la cesión de créditos como la sustitución del acreedor por otra persona con respecto al mismo crédito, a la luz del contrato suscrito por Banco Popular y Peña y llega a la conclusión de que efectivamente se trataba de una cesión de créditos.
  3. Ahora bien, la clave para el Tribunal Supremo es que aun existiendo la cesión de créditos a favor de Banco Popular, ello no supone la desaparición de la acción directa que ejercita Tamoin. De no ser así, cualquier contratista podría burlar el derecho de crédito de su subcontratista cediendo su crédito a un tercero, según afirma la Sentencia del Tribunal Supremo.
  4. Así pues, la Sentencia del Tribunal Supremo, pese a reconocer que en este caso existió una cesión a Banco Popular del crédito que Peña ostentaba respecto de Repsol, resolvió que la misma no prevalecía sobre el crédito que Tamoin tenía frente a Repsol en virtud de la acción directa.