Mejora de la calidad y claridad normativa así como de la seguridad jurídica al incorporar en un único texto las diversas normas con rango legal que han modificado la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación desde su aprobación.

El pasado 16 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La disposición final segunda de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, autorizó al Gobierno para elaborar, a partir de su entrada en vigor y en el plazo de un año, dicho texto refundido. No obstante, dado que la delegación legislativa expiró sin su aprobación, el legislador volvió, de nuevo, a habilitar al Gobierno en la disposición final cuarta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modificó la Ley de Montes.

Con la aprobación de este texto refundido se mejora la claridad y calidad normativa y la seguridad jurídica en materia de medio ambiente industrial al incorporar en un única norma no sólo la referida Ley 16/2002, sino fundamentalmente las diversas normas con rango legal que la han ido modificando desde su aprobación en el 2002.

La última modificación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) la llevó a cabo la mencionada Ley 5/2013, de 11 de junio, que transpuso en parte la Directiva de Emisiones Industriales 2010/75/UE; pero anteriormente había sido modificada fundamentalmente por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las modificaciones introducidas por las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), así como por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y por la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. En menor medida, su ámbito de aplicación también se vio enmendado por la Ley 1/2005, del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

Como consecuencia de todo ello y a fin de poner orden a toda esta dispersión normativa en la materia, el texto procede, en primer lugar, a ajustar la numeración de los artículos y, en consecuencia, las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia esta que se ha aprovechado, además y al amparo de la delegación legislativa, para ajustar algunos errores materiales padecidos en el texto original.

Y, en segundo lugar, se ha revisado la parte final de la ley y se han eliminado las disposiciones que han perdido su significado por haberse ejecutado los mandatos contenidos en ellas o por haber transcurrido los plazos previstos.

En definitiva, el nuevo texto refundido regulariza en una única norma y aclara el régimen legal aplicable a la prevención o, en su caso, al control de la contaminación derivada del funcionamiento de más de seis mil instalaciones industriales actualmente sitas en España, lo que esperemos que redunde en mejorar su aplicación y, especialmente, en armonizar de forma clara el mínimo exigido por la norma en todo el territorio nacional.

Se recuerda que la citada Ley 16/2002 regula la Autorización Ambiental Integrada (AAI), autorización de gran relevancia para el sector industrial y energético en la medida en que no sólo supedita la puesta en marcha de cualquier instalación industrial incluida en su ámbito de aplicación (energé- ticas, refino, cogeneradoras, de carbono, químicas, siderúrgicas, cementeras, azulejeras y fritas, papeleras, tratamientos de residuos, curtidoras, agroalimentarias y explotaciones ganaderas) a su aprobación, sino que también establece las condiciones y prescripciones ambientales que regirán su funcionamiento.