El pasado 5 de abril de 2019, la Comisión Europea (en adelante CE) publicó el informe "La sindicación de préstamos en la UE y su impacto en la competencia en los mercados de crédito " (en adelante, el Informe, que se encuentra accesible aquí) en el que se analiza el sector de los préstamos sindicados en la Unión Europea (la UE). El Informe, largamente esperado tras haber sido encargado en agosto de 2017 por la Dirección General de Competencia de la CE, tiene por objeto analizar si el mercado de préstamos sindicados funciona de manera eficiente y, en particular, en qué medida la competencia es efectiva en el sector, teniendo en cuenta su importancia como fuente de financiación para otras actividades económicas dentro de la UE.

Para analizar el sector de los préstamos sindicados el Informe se centra en seis Estados Miembros de la UE en los que se encuentran la mayoría de prestamistas, prestatarios y/o inversores, a saber: Alemania, España, Francia, Países Bajos, Polonia y el Reino Unido. Las conclusiones del Informe se basan (entre otras fuentes) en entrevistas con prestamistas y entidades financieras, así como con asesores de deuda (debt advisors) y agencias de calificación crediticia. 

El Informe se centra en analizar, principalmente, tres tipos concretos de préstamos sindicados, a saber: (i) la financiación de operaciones de adquisición apalancadas (leveraged buyouts o LBOs); (ii) la financiación de proyectos (project finance o PF); y (iii) la financiación para infraestructuras (o Infra). 

El Informe identifica varios riesgos desde un punto de vista de la normativa de competencia en las diferentes etapas del proceso de concesión de los préstamos sindicados y apunta ciertas medidas para mitigarlos.

Posibles riesgos para la competencia identificados en el informe 

El Informe identifica una serie de riesgos, fundamentalmente, relacionados con los contactos que se producen en el marco de la negociación de los préstamos sindicados y con el posible poder de mercado que puedan ostentar los miembros del sindicato que podrían restringir la competencia. A la hora de analizar si existen riesgos de competencia derivados de dichas prácticas, el Informe divide el proceso de sindicación en varias etapas que se abordan a continuación, de manera no exhaustiva:

Durante el proceso de selección de los posibles agentes colocadores (Mandated Lead Arranger) 

Según el Informe, los sondeos de mercado entre bancos pueden facilitar resultados colusorios que perjudiquen al prestatario, ya que la información sobre el interés mostrado por otros prestamistas es conocido por el equipo de generación (origination) del banco que realiza el sondeo. Este riesgo aumenta si no existe una separación funcional entre los departamentos de generación (origination) y de sindicación dentro del mismo banco. El riesgo de que haya intercambios de información problemáticos durante el proceso de selección de un Mandated Lead Arranger (MLA) se incrementa en el segmento de PF/Infra o en el segmento de LBO, especialmente cuando el MLA actúa también como asesor del prestatario/sponsor o cuando existen restricciones para sustituirle. 

Durante el periodo posterior al encargo y antes de la firma del contrato de préstamo 

En general, el Informe señala que las múltiples interacciones entre prestamistas a lo largo del tiempo incrementan la transparencia y, por lo tanto, el riesgo de que unos observen los comportamientos y estrategias de los demás, lo que puede facilitar la coordinación a futuro. El Informe califica en todo caso este riesgo como "relativamente bajo", ya que las negociaciones posteriores al encargo, generalmente, no implican compartir información detallada sobre estrategias de fijación de precios y/o las condiciones del mantenimiento.

En el momento de negociar servicios accesorios al préstamo entre los bancos del sindicato y las condiciones del precio de esos servicios

El Informe señala que pueden ser problemáticas para la competencia aquellas restricciones que obligan al prestatario a contratar con los miembros del sindicato servicios accesorios al préstamo (tales como productos de cobertura o hedging). Si bien resulta necesario un análisis caso por caso, el Informe señala que ello puede resultar especialmente problemático cuando los MLAs condicionan los términos del préstamo a la prestación de servicios accesorios por su parte. El Informe hace referencia expresa a la investigación llevada a cabo por la CNMC en relación con este tipo de prácticas y señala que todos los encuestados que hicieron referencia a la condicionalidad del préstamo a la contratación de servicios accesorios estaban radicados en España, lo que parece indicar que este tipo de práctica es más común en nuestro país (y en mercados potencialmente adyacentes) que en otros Estados Miembros de la UE.

Posibles conflictos de interés cuando los asesores de deuda también participan en el sindicato de bancos

El uso de asesores de deuda (debt advisors) que, a su vez, son también miembros de sindicatos está muy extendido, especialmente en el segmento de PF/Infra. Cuando esto ocurre, el Informe sugiere que resulta importante que exista separación (por ejemplo, mediante el establecimiento de murallas chinas) entre las funciones de asesoramiento y las funciones de prestamista del banco para mitigar el riesgo de que el asesor influya al prestatario/sponsor para que adopte una estrategia o una estructura de deuda que favorezca a las actividades de prestamista del banco. Este riesgo se incrementa en aquellos casos en los que el prestamista "empaqueta" (bundle) sus funciones de asesoramiento y sus funciones de prestamista a petición del prestatario, como parece ocurrir en un número limitado de transacciones de PF/Infra. 

En el momento de negociar una refinanciación ante una situación de posible impago 

Según el Informe, los equipos de reestructuración de los bancos suelen estar funcionalmente separados de sus equipos de generación (origination) y suelen recibir formación en materia de competencia, lo cual se considera positivo. Sin embargo, el hecho de que tales negociaciones tengan lugar bajo presión aumenta el riesgo de coordinación, en particular, cuando los prestamistas que no son miembros del sindicato no están dispuestos a proporcionar financiación adicional, lo que confiere cierto grado de poder de mercado a los miembros del sindicato.

El informe señala, además, que la participación de bancos que no forman parte del sindicato en la renegociación de servicios accesorios suele contrarrestar la posibilidad de un comportamiento coordinado por parte de éstos tendente a la vinculación de dichos servicios con los términos de la refinanciación. Sin embargo, en ocasiones las negociaciones se llevan a cabo únicamente con los miembros del sindicato, lo que aumenta el riesgo (inherente en caso de dificultades) de que los servicios accesorios se negocien y acuerden en condiciones no competitivas. 

Medidas para mitigar los riesgos identificados 

En el Informe se identifican varias medidas para mitigar los riesgos que, desde una perspectiva de competencia, pueden aparecer en el proceso de sindicación de préstamos. Entre las más relevantes se citan las siguientes: 

  1. Deber de cuidado para con el cliente por parte de los bancos. El Informe señala que la existencia de formación y políticas internas eficaces destinadas al personal de los (posibles) MLAs relativas a temas tales como la identificación y gestión de conflictos de interés y la importancia de proporcionar un asesoramiento "neutro" a los clientes, son particularmente importantes cuando el prestatario obtiene asesoramiento de deuda (debt advice) de un prestamista que actúa (o puede actuar), a su vez, como MLA. Además, antes de acordar precios u otros términos al alza sobre la base del “máximo común denominador ", los MLAs deben garantizar que el precio se fije en un "nivel aceptable" y que no existan opciones alternativas más favorables para el prestatario/sponsor, como, por ejemplo, podría ser invitar a otros prestamistas a participar en el préstamo (con el consentimiento del prestatario/sponsor) o reestructurarlo.
  2. Evitar intercambios de información no justificados. El Informe señala que los bancos deben asegurarse de que existen protocolos (que se cumplan) en relación con la forma en que la información obtenida por su oficina de sindicación sobre posibles miembros del sindicato puede compartirse con el equipo de generación (origination) de las distintas operaciones, de manera que se evite una alineación anticompetitiva de precios u otras condiciones. El Informe señala que una salvaguarda importante para evitar resultados colusorios es obtener el consentimiento del prestatario, incluso especificando éste a quién se puede contactar y a quién no. Igualmente, se ha considerado relevante la existencia de Acuerdos de Confidencialidad (Non-Disclosure Agreements o NDAs) promovidos por el prestatario/sponsor ya que, aunque sean difíciles de aplicar en la práctica, ponen a los bancos sobre aviso de que la información no debe ser compartida entre prestamistas.
  3. Fomento de la competencia en precios al desagregar servicios. Según el Informe, la venta vinculada o “empaquetada” de servicios accesorios al préstamo debe limitarse para minimizar el riesgo de perjudicar las condiciones de competencia en mercados “vecinos”. El Informe señala que cuando estos servicios no estén directamente vinculados al préstamo, deberán negociarse al margen del proceso de sindicación.

Conclusión

El Informe ha sido objeto de críticas por determinadas instancias al considerar que no precisa de modo detallado las posibles prácticas restrictivas y las medidas de prevención a adoptar por los distintos operadores. No obstante, lo cierto es que el Informe constituye una buena herramienta que arroja luz tanto sobre cuáles podrían ser las posibles áreas de preocupación para las autoridades de competencia, así como de posibles medidas que pueden poner en práctica dichos operadores.

El Informe contiene una serie de orientaciones que pueden resultar de utilidad a dichos operadores al objeto de adoptar las medidas de prevención necesarias de posibles conductas restrictivas de la competencia en un sector, como es el financiero, que va recibiendo una atención cada vez mayor por parte de la CE y de las autoridades nacionales de competencia de los Estados Miembros.