El pasado viernes 22 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas (“LFDEAPD”) y  en el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (“LFT”); de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social (“LSS”); de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (“LISSSTE”); de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (“LGTOC”); de la Ley de Instituciones de Crédito (“LIC”) y de la Ley Agraria.

En cuanto a la “LFDEAPD”, hemos de decir que en sus 33 artículos encontramos serios problemas en cuanto a la eficacia de la misma, así como una terrible redacción y falta de técnica legislativa tal cual expondremos en las siguientes líneas.

La “LFDEAPD” define a la Persona Desaparecida como la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito, es por esto que también el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse solamente a partir de los tres meses de que se haya presentado la denuncia de desaparición o se haya realizado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Alcances laborales de la “LFDEAPD”:

El artículo 26 de dicha Ley menciona que los derechos laborales de las personas desaparecidas serán protegidos en los términos siguientes:

.- Se tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo.

.- En caso de que fuese localizada la persona con vida, el patrón deberá reinstalar al trabajador al puesto que tenía antes de la desaparición, respetando sus prestaciones y derechos de antigüedad.

.- Así mismo establece que la medida de permiso sin goce de sueldo se mantendrá hasta por 5 años.

Desafortunadamente la redacción de la Ley denota la  falta de técnica legislativa y desconocimiento de la materia laboral, dado lo siguiente:

Primero: es inverosímil pensar que una ley (cualquier ley para este efecto) invente “una situación de permiso sin goce de sueldo”, ya que en primera instancia, en el supuesto jurídico de Declaración de Ausencia no existe un permiso y, en segunda instancia , el goce de sueldo es un efecto correlativo, justamente a la prestación de un servicio personal subordinado. Es decir, si no hay servicio, luego entonces no hay sueldo y, por ello, sin necesidad de inventar una institución jurídica se hubiese antojado que lisa y llanamente se suspendieran los efectos de la relación laboral tal cual como lo establece la “LFT” en su artículo 42.

Segundo: Otro craso error de técnica legislativa es pensar que habiendo aparecido la persona implicada en el supuesto de declaración de ausente procedería una reinstalación. Esto es, volviendo al punto anterior, seria dable pensar que si los efectos de la relación estuviesen suspendidos,  al aparecer la persona se reanudaría la relación laboral y, por ende los efectos de la misma. Sin embargo, cabe señalar que una reinstalación es específicamente una acción jurídico-procesal mediante la cual se incoa una demanda y se activa un procedimiento judicial. Así mismo, la reinstalación resulta ser un efecto secundario material y accesorio justamente a la acción incoada y está condicionada a: 1) el ofrecimiento de trabajo por parte de un patrón, y 2) la aceptación del trabajador.

Pensar en inventar una institución y pretender que proceda un término legal existente pero aplicable para un presupuesto jurídico completamente diverso es penoso cuando la ley viene debatida y aceptada por el poder legislativo.

Fuera de los efectos laborales que estimamos son completamente inoperantes, cabe resaltar conforme a la introducción, las reformas sustanciales a la Ley Federal del Trabajo y, al respecto:

Se adiciona una fracción al articulo 132 de la “LFT”,  para generar una obligación patronal completamente nueva que a la letra establece: “…XXIX.- Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con Declaración Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia...

No solo se añade una obligación sino que en el artículo siguiente, se pretende añadir también una prohibición al patrón al tenor de lo que a la letra estipula el artículo 133 de la “LFT”: “…XVI. Dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia...

En cuanto a las novedosas fracciones citadas con antelación, procede la misma crítica que hemos ya realizado sobre la invención de la figura del permiso sin goce de sueldo; aunado a ello y, francamente aun más grave, es realmente absurdo que debiéndose esperar más de tres meses para obtener una declaración especial de ausencia, se pretenda que un patrón tenga prohibido dar de baja a un trabajador. 

Al respecto, cabe resaltar que la  “LSS” mantiene que las altas y bajas deben de reportarse genéricamente en un periodo de cinco días. Por tanto,  es completamente absurdo que en un primer artículo se obligue a un patrón a otorgar permiso sin goce de sueldo y luego, se pretenda que aun sin sueldo exista un aseguramiento cuando éste es justamente una causa accesoria y depende íntegramente de la existencia y monto de un salario. Hay un viejo principio jurídico que expone que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, principio que aparentemente los legisladores no tomaron en cuenta al hacer lo siguiente: 1) concebir un permiso sin goce de sueldo; 2) pretender que aun sin sueldo exista aseguramiento ante una institución de seguridad social y 3) aseverar que de acuerdo a la ley de la materia “LFDEAPD” podrían pasar más de 4 meses para que exista una Declaración Especial de Ausencia, pasando por encima de una ley especial reguladora de un acto especifico pretendiendo de repente imponer al patrón una obligación totalmente inverosímil.

Otra cosa que llamó claramente la atención, fue que de la noche a la mañana, literalmente se amaneció en la “LFT” con una nueva definición de accidente de trabajo  como especie del genero de riesgo de trabajo. Así, la nueva definición de accidente de trabajo textualmente contenida en el artículo 474 es:

“…Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste...” [Adición en itálica]

De la redacción de la nueva definición habrá mucho que debatir y esclarecer, a saber:

1) Hasta antes del 22 de junio del presente año, del género riesgos de trabajo, del cual derivan la especie enfermedades de trabajo y accidentes de trabajo, entendíamos que estos últimos eran producidos en ejercicio, o bien con motivo del trabajo; ergo riesgos de trabajo; sin embargo, regresando a una pobre técnica legislativa e imprevisible redacción, a partir del 22 de junio quedó inserto en pleno artículo un supuesto de hecho que se puede dar muy a pesar al margen de cualquier acontecimiento laboral o dentro de la Fuente de trabajo.  Así, la desaparición derivada de un acto delincuencial (no imputable al patrón y sin relación alguna al desarrollo de las labores) pasó, de forma totalmente incomprensible, a ser considerado un accidente de trabajo.

2) Luego, aunado a la incoherencia y contradicción natural que conlleva lo antes mencionado, al artículo 477 de la “LFT”, mismo que enumera los tipos de incapacidad que los riesgos de trabajo pudiesen causar, quedó añadida la desaparición derivada de un acto delincuencial y de nuevo pregunto ¿cuándo o cómo podría un riesgo de trabajo emanar en una desaparición derivada de un acto delincuencial? La realidad es que difícilmente sino hasta imposible resulta ser que la desaparición se derive, origine o sea causada por un riesgo de trabajo o por un acto u omisión imputable al patrón.

Siguiendo con la exposición, los errores siguen sorprendiendo, ya que ante la muerte de un trabajador causada por riesgos de trabajo nuestra ley ya preveía ciertas indemnizaciones en su artículo 500.

Hasta antes del 22 de junio era completamente clara la relación causal que guardaba: a) un riesgo de trabajo, b) la muerte de un trabajador, y c) una correlativa indemnización. Sin embargo, pareciera broma que el legislador rompiera de plano con la coherencia y la relación de causalidad con su afirmación ¨cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización comprenderá:…”Y reitero la pregunta antes postulada: ¿cuándo o cómo podría un riesgo de trabajo emanar en una desaparición derivada de un acto delincuencial?

La realidad es que no solo resulta sorprendente la ausencia de claridad, el rompimiento con reglas claras de redacción y causalidad sino la franca y notoria improcedencia de las reformas aludidas.

No habrá que buscar mucho para llegar a la conclusión de que lisa y llanamente estamos delante de una Ley ineficaz dado que las consecuencias previstas no podrán surtir sus efectos. Ello, aunado a una serie de reformas igualmente desafortunadas por carecer de lógica y de aplicabilidad que causarán en última instancia que las personas afectadas sean los beneficiarios de aquellas personas   desaparecidas que quedarán totalmente desprotegidas por el Estado al no poder hacer exigibles los supuestos derechos que por el decreto y las reformas aludidas debieron haber nacido.

Dentro de la estricta aplicación de Ley, los patrones que cumplen con el aseguramiento, con los mínimos de ley, inclusive el régimen de altas y bajas genérico marcado por la “LSS” no tendrán de que preocuparse y, de nuevo, como pasa mucho en nuestro país, el que sufre las consecuencias será el eslabón más débil de la cadena.