Reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre la nulidad de los contratos de abanderamiento de estaciones de servicio derivada del cambio de la normativa europea de competencia reguladora de su duración.

1. El supuesto de hecho

Las sentencias versan sobre el entramado contractual en materia de estaciones de servicio para la venta de carburantes consistente en que el propietario de un terreno cede a una empresa petrolera el derecho de superficie para que se construya una gasolinera (STS de 20 de septiembre del 2018) o en que el propietario de una estación de servicio ya construida se la ceda en usufructo a una empresa petrolera (SSTS de 7 de febrero del 2018 y de 8 de marzo del 2018), empresas que, en ambos casos, se las arriendan posteriormente a sendos propietarios a cambio de la celebración de un contrato de suministro de carburantes en régimen de exclusiva. La duración pactada para este conjunto de negocios jurídicos era de veinticinco años. Esta fórmula, muy habitual en nuestro país, buscaba, por una parte, facilitar a las empresas petroleras la instalación de nuevas estaciones de servicio o el control de las existentes y, por otra, alargar los plazos de duración de los contratos de compra en exclusiva de carburantes, que venían siendo regulados por las normas de competencia relativas a los acuerdos de suministro y distribución [Reglamentos (CEE) 1984/83 y (CE) 2790/1999].

2. La reclamación de las estaciones de servicio

En los tres casos analizados, las empresas pedían: a) la ilicitud de la relación contractual por ser contraria a la norma europea de competencia que prohíbe las prácticas colusorias; b) la nulidad de dichos acuerdos, y c) una indemnización por la diferencia del precio pagado por la compra de los carburantes y el aplicado por la empresa petrolera a otros distribuidores de la zona.

3. La controversia

La cuestión controvertida consistía fundamentalmente en determinar si los acuerdos celebrados entre la petrolera y las empresas que explotaban las estaciones de servicio, válidos durante la vigencia del Reglamento (CEE) 1984/83, seguían siendo válidos una vez adaptados al nuevo Reglamento 2790/1999, que limitaba su duración a un máximo de cinco años salvo en aquellos casos en que la petrolera hubiera arrendado u otorgado en usufructo al distribuidor la explotación de la estación de servicio. La adaptación se había producido, en principio, tras solicitar la empresa petrolera a la Comisión Europea una declaración de exención de la prohibición para los nuevos contratos, la cual procedió a otorgarla una vez que la solicitante se comprometió a llevar a cabo algunas modificaciones, como la de permitir la desvinculación anticipada de las estaciones de servicio (Decisión de 12 de abril del 2006).

La existencia de la citada decisión motivó que el Tribunal Supremo planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre sus efectos en relación con los recursos planteados. El tribunal respondió declarando que los compromisos alcanzados por la empresa petrolera y la Comisión Europea con respecto a determinados contratos no impedían a los tribunales nacionales examinar la conformidad de éstos con las normas comunitarias europeas de competencia y, en su caso, declarar su nulidad (STJUE de 23 de noviemnbre del 2017).

4. La doctrina del Tribunal Supremo

A la vista de estas consideraciones, el Tribunal Supremo estima lo siguiente:

1.º) Que existe una unidad negocial al haber vinculación entre los tres tipos de contratos (cesión del derecho de superficie o usufructo, arrendamiento de industria y exclusiva de suministro).

2.º) Que los citados contratos son contrarios al artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea o TCE (actual art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o TFUE) por su duración y la inhibición de competencia que comportan.

3.º) Que, al ser la duración y la exclusividad elementos esenciales de los contratos analizados por afectar a la estructura del negocio, el cambio regulatorio producido genera la ineficacia sobrevenida de los mismos a partir del día 1 de enero del 2002, fecha de entrada en vigor del Reglamento 2790/1999.

4.º) Que, de conformidad con la citada doctrina del Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo ha analizado los nuevos contratos y ha considerado que plantean problemas de competencia porque, por una parte, generan barreras de entrada debidas a la integración vertical de las empresas petroleras y al efecto acumulativo de las redes paralelas existente en nuestro mercado y, por otra, producen una discriminación de precios entre los distribuidores que lleva a la exclusión del mercado de una parte de ellos. Y, en consecuencia, declara la nulidad de los contratos, pero desestima el recurso en cuanto a la solicitud de indemnización por la diferencia de precios.