En aras de mejorar la supervisión de las prácticas de manejo de riesgo de los sujetos obligados no financieros, tal y como se les define en la Ley 23 de 2015, para combatir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fue promulgada en Gaceta Oficial el día 8 de enero de 2020 la Ley 124 de 2020, mediante la cual se crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros (en adelante la “Superintendencia”), que sustituye a la actual Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros (en adelante la “Intendencia”). 

Los cambios introducidos por la Ley 124 tienen el propósito de optimizar el desempeño de la labor de supervisión y regulación de los sujetos no financieros, dando a la institución un status jurídico de mayor relevancia y un marco jurídico que le otorga más independencia en su actuar, incluyendo el establecimiento de un patrimonio propio para la Superintendencia y la facultad de elaborar el anteproyecto de su propio presupuesto.

Conviene señalar que la Superintendencia será un organismo autónomo del Estado, con un Superintendente que será nombrado por el Presidente de la República y ratificado por la Asamblea Nacional, que sólo podrá ser removido de su cargo por las causales expresamente señaladas en la Ley 124 y por decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en caso que el Órgano Ejecutivo o la Junta Directiva de la Superintendencia soliciten su remoción. 

La Junta Directiva será el máximo órgano de consulta, regulación y fijación de políticas generales de la Superintendencia. Con respecto a las funciones de la Superintendencia, vale la pena mencionar que la Ley 124 dispone expresamente que ésta tendrá competencia privativa para regular y supervisar, en la vía administrativa, a los sujetos obligados no financieros domiciliados en Panamá, a fin de velar por la efectiva aplicación de los mecanismos de prevención establecidos para fortalecer la confianza pública y la integridad del sector no financiero. Entre los sujetos obligados no financieros objeto de supervisión por parte de la Superintendencia podemos mencionar los siguientes:

  • Empresas de la Zona Libre de Colón, el Área Panamá Pacífico, la Zona Franca de Barú y demás zonas francas
  • Casinos y otros establecimientos físicos o telemáticos que lleven a cabo negocios de juegos de azar
  • Promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces cuando se involucren en transacciones de compra y venta de inmuebles para sus clientes
  • Empresas de transporte de valores
  • Casas de empeño
  • Empresas que comercialicen metales preciosos o piedras preciosas
  • Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados
  • Abogados y contadores públicos autorizados, cuando realicen en nombre de un cliente alguna de las actividades que la ley lista expresamente, incluyendo la administración de dinero, valores y otros activos; la creación, operación o administración de personas jurídicas; la actuación como director o apoderado de una persona jurídica y los servicios propios del agente residente de personas jurídicas, entre otros 

La Superintendencia podrá imponer sanciones a aquellos sujetos no financieros que incumplan las disposiciones de la Ley 23, así como cualesquiera otras disposiciones que pueda emitir la Superintendencia misma.

Cabe mencionar también que la Ley 124 faculta expresamente a la Superintendencia para establecer vínculos de cooperación con instituciones públicas o privadas de carácter gremial o educativo para facilitar las funciones de supervisión, así como con entes supervisores extranjeros para fortalecer los mecanismos de control y supervisión y actualizar las regulaciones preventivas para el ejercicio de sus funciones.

Otro aspecto novedoso que incluye la Ley 124 es la creación de la carrera de servidores públicos de la Superintendencia, con el propósito de permitir una mejor gestión del recurso humano de la Superintendencia y dar mayor estabilidad laboral a los funcionarios que laboren en ella, quienes no estarían sujetos a los vaivenes políticos que pueden afectar la permanencia de muchos funcionarios públicos en sus respectivos cargos. El personal de la Superintendencia podrá adquirir la calidad de servidor público de Carrera después de un periodo de prueba de dos años, sujeto a evaluación satisfactoria. Los funcionarios de Carrera tendrán, entre otras cosas, derecho a prestaciones en caso de la terminación de la relación laboral. 

Por último, conviene aclarar que la estructura administrativa actual de la Intendencia se mantendrá vigente durante un periodo de transición de doce meses. La Ley 124 también dispone que el actual Intendente permanecerá en su cargo hasta que el Presidente de la República designe al Superintendente.