Entre las medidas que deben adoptar tanto organismos públicos como privados para la integración de las personas con discapacidad está el fomento de políticas activas de empleo y el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones.

El 3 de diciembre de 2022 se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad bajo el lema «Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo». El título de este año pone el foco en la necesidad de aplicar soluciones innovadoras frente a las distintas crisis que se han generado como consecuencia de una realidad mundial compleja e inestable debido a situaciones como la guerra de Ucrania, el cambio climático o la pandemia del COVID-19 han tenido unos efectos altamente nocivos sobre un colectivo especialmente vulnerable que abarca aproximadamente a mil millones de personas en el mundo.

Desde su promulgación el 14 de octubre de 1992, mediante la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 47/3, el objetivo principal de esta efeméride es favorecer el bienestar de las personas con discapacidad, instando a los Estados miembros y a los distintos organismos sociales y empresariales a que intensifiquen sus esfuerzos orientados a la adopción de medidas eficaces que protejan sus derechos y mejoren su situación, de forma que se garantice su participación en igualdad de condiciones en la vida pública, cultural y laboral.

La plena inclusión en los distintos ámbitos de nuestra sociedad de las personas con discapacidad se enmarca dentro de los objetivos fijados en la Agenda 2030, así como en la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad que se puso en marcha en junio de 2019.

A nivel nacional, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística señalaban que en España, en el año 2020, en plena crisis sanitaria, había 1.933.400 personas con discapacidad en edad de trabajar, entendiendo como tal a aquellas personas con una edad comprendida entre los 16 y los 64 años, lo que suponía el 6,3% de la población total en edad laboral y un aumento del 3% respecto a 2019. En este sentido, la tasa de empleo de las personas con discapacidad era del 26,7%.

A la luz de estas cifras, resulta evidente que queda un largo camino por recorrer en esta materia.

En los próximos años, con el fin de conseguir una plena integración social de las personas con discapacidad, tanto los organismos públicos como privados deben incidir en aspectos tan diversos como son la mejora de la accesibilidad a medios de transporte y centros de trabajo, políticas activas de empleo que favorezcan la contratación de este colectivo, fomentar una educación inclusiva que permita la eliminación de prejuicios, así como poner en valor los altos niveles de productividad que aportan las personas con discapacidad en el seno de las entidades y empresas en las que prestan servicios.

Por todo lo expuesto, solo cabe recordar que el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad no sólo resulta imprescindible por una cuestión de justicia social, sino que se trata de un objetivo irrenunciable de cara a alcanzar un futuro más próspero y sostenible para todos.