La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha introducido una serie de reformas sustanciales en la legislación española en materia de contratación pública con el objetivo declarado de fomentar la actividad económica y de eliminar barreras al emprendimiento y la internacionalización de las empresas. Partiendo de esa necesidad de disponer apoyos a los emprendedores, su financiación y al crecimiento y desarrollo de sus proyectos empresariales, la Ley 14/2013 reforma el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de uniones temporales de empresas, clasificación, garantías en la contratación, documentación a aportar en las licitaciones, discriminación de contratistas previos y lucha contra la morosidad.

El BOE de 28 de septiembre de 2013 publicó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización1. La norma toma como punto de partida la larga crisis económica acontecida entre 2008 y 2012 y las consecuencias que ha proyectado sobre la economía en general y sobre la actividad económica en particular.

Reconoce la necesidad de mejorar el acceso a las actividades económicas y su ejercicio y la eficacia de las políticas de apoyo institucional al emprendimiento, la necesidad de eliminar barreras a la entrada de determinados mercados, de impulsar canales de financiación, bancarios y no bancarios que suavicen los efectos que sobre empresas tiene la restricción en el crédito así como de promover la internacionalización de empresas, motor clave del crecimiento económico a largo plazo.

Desde dichas premisas, la Ley 14/2013 define el concepto de emprendedor y dispone numerosas medidas en orden a la consecución de los objetivos que se propone, tales como el apoyo a la iniciativa emprendedora mediante la creación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS) o los acuerdos extrajudiciales de pagos como mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresas.

Son también fines de la norma referida el establecimiento de apoyos fiscales y en materia de seguridad social a los emprendedores, el apoyo a la financiación de éstos y el apoyo al crecimiento y desarrollo de los proyectos empresariales. En éste contexto, el capítulo II del título IV regula una serie de medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores, en el que se establecen una serie de reformas orientadas a eliminar obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública, de forma que ésta pueda actuar como una auténtica palanca a la expansión y consolidación de empresas.

Así, en primer lugar, el artículo 42 de la Ley 14/2013 modifica el artículo 59.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), para poner en contacto a pequeños emprendedores que se dediquen a una misma actividad y fomentar la creación de uniones de empresarios con el fin de que en conjunto alcancen las condiciones que se les exigen en los pliegos de contratación. A tal fin se prevé la posibilidad de que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, en el que deberá especificarse circunstancia relativa a su interés en formar uniones de empresarios para poder contratar.

El artículo 43 modifica el apartado 1 del artículo 65 TRLCSP y eleva los umbrales para la exigencia de la clasificación:

  • en los contratos de obras el umbral se eleva en 150.000 euros, pasando de 350.000 euros a los 500.000 euros.
  • en los contratos de servicios el umbral se eleva en 80.000 euros, pasando de 120.000 a 200.000 euros.

La elevación de los umbrales elimina trabas para muchas empresas, especialmente para aquellas de menor tamaño o de nueva creación, que se enfrentan con grandes dificultades para cumplir con todos los requisitos exigidos para obtener la correspondiente clasificación2.

Por otro lado (artículo 43.2 Ley 14/2013), la posibilidad de que las entidades del sector público que no sean Administraciones públicas exijan una determinada clasificación a los licitadores para acreditar la solvencia, prevista en el art. 65.5 TRLCSP, se limita a los contratos que cumplan los umbrales establecidos por el art. 65.1 TRLCSP.

En tercer lugar, los artículos 44.Uno y 46 reforman el régimen de garantías en los contratos, en los siguientes términos:

  • Modifica el apartado 2 del artículo 96 para que, cuando así se prevea en los pliegos3, la garantía en los contratos de obras, suministros, servicios, y en los de gestión de servicios públicos cuando las tarifas las abone la administración contratante, pueda constituirse mediante retención en el precio.
  • Permite que la acreditación de la constitución de la garantía pueda hacerse mediante medios electrónicos, salvo que en el pliego se establezca lo contrario (nueva redacción del artículo 96 ap. 3).
  • Se acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa4.

En otro orden de cosas, el apartado Dos del artículo 44 modifica el artículo 146 TRLCSP, relativo a la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, cuya presentación se prevé junto con las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo. La reforma operada para reducir las cargas administrativas que tienen que soportar las empresas en los procedimientos de contratación administrativa, consiste en el añadido de dos nuevos apartados 4 y 5 en los que se prevé:

  • La posibilidad de sustituir la presentación de la documentación acreditativa por una declaración responsable en la que el licitador indique que cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, posibilidad que opera:
    • Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares por el órgano de contratación5.
    • En todo caso en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato

  • El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

En quinto lugar, se incluye en la Ley 14/2013 la prohibición de discriminar a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública y se declaran nulos de pleno derecho los actos y disposiciones que otorguen estas ventajas. Así, el artículo 45 establece que:

  1. En sus procedimientos de contratación, los entes, organismos y entidades integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
  2. Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.

Por otro lado, el apartado Tres del artículo 44 añade una nueva letra d) al artículo 32 TRLCSP, relativo a las causas de nulidad de derecho administrativo, extendiendo tal efecto a “todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración”.

Por último, también supone una reforma sustancial del TRLCSP la operada en materia de lucha contra la morosidad por el artículo 47 Ley 14/2013, mediante:

  • la modificación de los apartados 6 y 8 del artículo 216 TRLCSP, en los que se reduce de 8 a 6 meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria sea una PYME y
  • la inclusión de un nuevo artículo 228 bis para permitir un mayor control por parte de las Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas adjudicatarios deben hacer a los subcontratistas6.