La República Dominicana cuenta desde hace más de tres años con una ley destinada a proteger el sistema de la libre competencia (aquel que garantiza igualdad de acceso a los mercados) en nuestro país. Se trata de la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08, gaceta oficinal No. 10458, del 25 de enero 2008 (en adelante la “Ley”). Su entrada en vigor, sin embargo, está sujeta a la verificación de dos condiciones cumulativas[1], a saber: a) el nombramiento por parte del Congreso Nacional de los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante la “Comisión”), y b) el nombramiento por parte del Poder Ejecutivo del Director Ejecutivo de la Comisión.

El pasado 20 de junio 2011, tras haber sido designados por el Congreso Nacional, fueron juramentados por el Presidente de la República los integrantes del consejo Directivo de la Comisión, organismo que según el artículo 16 de la Ley tiene como objetivo promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras”.

Corresponde al Consejo Directivo de la Comisión presentar al Poder Ejecutivo una terna de los candidatos propuestos para desempeñar la Dirección Ejecutiva de la Comisión[2], siendo el Presidente de la República quien finalmente designará, de los integrantes de dicha terna, a la persona que ocupará el cargo de Director Ejecutivo de la Comisión.

La Ley prevé la creación de un reglamento de aplicación de la misma, cuya elaboración está a cargo de la Comisión y deberá ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha en que se produzca el nombramiento del Director Ejecutivo de la Comisión. Este reglamento deberá suplir aspectos normativos generales de la Ley y definir en mayor detalle las cuestiones operativas de la Comisión.

Las funciones de la Comisión están establecidas en el artículo 31 de la Ley, y entre ellas las principales se refieren a la capacidad de asegurar el cumplimiento del objetivo de la Ley, señalado previamente; dirimir los diferendos entre empresas y entre empresas y sus clientes o usuarios dentro del ámbito establecido por la Ley; dictar resoluciones reglamentarias; emitir opiniones no vinculantes cuando le sean solicitadas por otros entes reguladores del mercado; “proponer al Poder Ejecutivo las políticas nacionales de promoción y defensa de la competencia, en particular aquellas medidas y acciones que tengan por objeto facilitar la entrada al mercado de nuevos competidores, incluyendo desburocratizar y modernizar la administración pública[3]; concluir acuerdos de cooperación internacional con instituciones homólogas para asegurar la consecución de los objetivos de Ley, entre otras.

En el aspecto relativo a la instrucción de los casos administrativos por infracción a las normas de defensa de la competencia, la Comisión tiene facultad para iniciar procedimientos administrativos a petición de parte o de oficio; imponer sanciones (incluyendo expresamente las multas, según estipula el artículo 61 de la Ley) y obligaciones a los autores de alguna de las faltas administrativas previstas por la Ley; celebrar audiencias; realizar inspecciones de lugares y allanamientos; examinar documentos privados de las empresas y requerir de éstas o de las instituciones del Estado aquellas informaciones y documentos que resulten necesarias en la sustanciación de los casos, incluyendo libros de actas, registros contables e informaciones estadísticas, entre otras.

Las decisiones que emanen de la Comisión al concluir el proceso administrativo están sujetas a un recurso contencioso-administrativo, que debe ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo, en última instancia. Las decisiones que emita este tribunal serán a su vez susceptibles del recurso de casación, conforme a las disposiciones aplicables a este tipo de recursos en materia civil y comercial, según la Ley de Procedimiento de Casación No.3726, del 29 de diciembre 1953, y sus modificaciones, particularmente la Ley 491-08 del 19 de diciembre 2008.

La Comisión tiene, además, la misión de armonizar y consolidar el marco regulatorio nacional de la competencia en todos los sectores económicos. El artículo 69 de la Ley establece que en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigencia de la Ley, la Comisión debe convocar “a las dependencias administrativas encargadas de regular los mercados de energía, hidrocarburos, transportes aéreo, marítimo y terrestre, telecomunicaciones, derechos de la propiedad intelectual (derechos de autor y derechos de la propiedad industrial), servicios profesionales de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y mercado de valores), para revisar, proponer y dictar de forma conjunta, la reglamentación de competencia que regirá el funcionamiento de dichos mercados productivos y profesionales (…) a fin de que el marco institucional del derecho de la competencia en el país, en las áreas de interés público y social, quede debidamente completado.” Esta se trata, evidentemente, de una tarea muy ardua que requerirá un trabajo extraordinario, en términos de elaboración de normas y vocación conciliatoria por parte de los miembros de la Comisión.

Otra facultad muy interesante que confiere la Ley a la Comisión se refiere a la -deseable y anhelada por los consumidores y empresarios dominicanos- responsabilidad de promover la “cultura de competencia” en nuestro país. Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley contiene algunas previsiones que vale la pena citar:

“Artículo 13.- De las facultades para promover la simplificación de trámites.Los entes reguladores de la administración pública central, autónoma y descentralizada, así como las autoridades municipales velarán para que en el cumplimiento de sus funciones no se establezcan trabas o interferencias indebidas a los particulares, que puedan obstaculizar su derecho a la libre empresa y competencia.” En base a esta disposición, la Comisión podrá “recomendar iniciativas para promover la simplificación de trámites administrativos” (párrafo III) y “evitar que estos se conviertan en barreras de acceso al mercado” (párrafo IV).

También el artículo 14 de la Ley, sobre la revisión de actos jurídicos estatales contrarios a la libre competencia, otorga facultad a la Comisión para dirigir un informe público a la autoridad respectiva, sugiriendo la adopción de las medidas correctivas sobre los posibles efectos contrarios a la competencia, de las leyes, reglamentos, ordenanzas, normas, resoluciones y demás actos jurídicos emanados de los poderes públicos, cuyo objeto o efecto, inmediato o mediato, sea limitar o menoscabar arbitrariamente la libre empresa, obstaculizando la competencia.”

La redacción de las disposiciones de la Ley no deja lugar a dudas respecto al rol preeminente que se le reconoce a la Comisión para ejercer la función de armonizar el cuerpo normativo nacional en materia de competencia y velar por el mantenimiento, y cuando sea necesario, el restablecimiento de las condiciones necesarias para que prevalezca un clima de competencia efectiva en todos los sectores económicos del país.

Finalmente, cabe referirse a las prácticas que la Ley considera anticompetitivas o restrictivas de la competencia, las cuales por su complejidad no serán abordadas en detalle en esta ocasión, sino en una serie de artículos que serán publicados próximamente. Dichas prácticas han sido agrupadas por la Ley bajo tres categorías, que reseñamos brevemente a continuación:

  1. Prácticas concertadas: acuerdos colusorios, intercambio de información, cartelización, creación de barreras artificiales a la entrada de nuevos competidores al mercado, conductas tendentes a excluir o limitar el acceso de otros competidores al mercado, etc. (Art. 5).
  2. Abuso de posición dominante: prácticas predatorias, imposición de precios, ventas atadas, negativa de venta/suministro bajo determinas circunstancias, etc. (Art. 6).
  3. Competencia desleal: actos de engaño, confusión, comparación indebida, imitación; violación de secretos empresariales, incumplimiento de normas, actos de denigración, inducción a la infracción de obligaciones contractuales contraídas por terceros con otros competidores, etc. (Arts. 10-11).

La implementación de la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08, una vez que se produzca su entrada en vigor, requerirá, sin duda, la paciencia, colaboración y esfuerzo conjunto de profesionales, autoridades y agentes económicos en general.