La presente Alerta GT contiene una descripción general de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso, con proyecto de decreto que expide una nueva Ley Federal de Competencia Económica, y reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal en la misma materia.

El 20 de febrero de 2014 se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal (la “Iniciativa”).

La Iniciativa, entre otros aspectos, responde fundamentalmente a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 (la “Reforma Constitucional”), por la que se extinguió la anterior Comisión Federal de Competencia y se creó la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, para ser la autoridad en la materia en todas las industrias excepto telecomunicaciones y radiodifusión.

La Reforma Constitucional extinguió también la anterior Comisión Federal de Telecomunicaciones y creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”) también naturaleza de órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, como regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y como autoridad de competencia económica en tales industrias.

 En consecuencia, la Iniciativa, entre otras cosas, establece cambios de tipo orgánico y operativo en el nombramiento de comisionados, las nuevas figuras internas de “autoridad investigadora” y “contraloría”, la forma en que los comisionados podrán tratar con las partes interesadas (por medio de audiencias regidas bajo ciertos parámetros) y detalla las atribuciones y competencia de la COFECE y el IFT, estableciendo mecanismos para dirimir cualquier cuestión o diferencia que surja en este rubro.

 Otros aspectos relevantes de la Iniciativa incluyen, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes:

  • Se agregan como prácticas monopólicas absolutas: (i) el establecimiento, concertación o coordinación de posturas o la abstención en licitaciones, concursos, subastas o almonedas privadas (ya no solamente en las públicas como era anteriormente); y, (ii) el intercambio de información entre competidores con el objeto o efecto de fijar, acordar o manipular precios; restringir el abasto; segmentar o asignar mercados y, en el marco de las licitaciones, concursos y subastas arriba mencionados (bajo la ley actual, el intercambio de información únicamente está penalizado en materia de precios).
  • Se agregan dos prácticas monopólicas relativas alrededor de la figura del insumo esencial: (i) la denegación, restricción de acceso o acceso discriminatorio a un insumo esencial; y, (ii) el estrechamiento de márgenes con relación a un insumo esencial.
  • Se establecen y en otros casos se complementan procedimientos especiales para: (i) la determinación de un insumo esencial o de barreras a la competencia; (ii) resolver sobre condiciones de mercado en cuestiones de competencia efectiva; (iii) la emisión de opiniones o resoluciones en el otorgamiento de licencias, concesiones y permisos; y, (iv) la dispensa y reducción de sanciones.
  • En materia de concentraciones las partes involucradas no podrán consumar la operación sin haber obtenido autorización, cuando en la ley actual las partes, bajo su responsabilidad, pueden consumar la concentración siempre que no hayan recibido una orden de no ejecución.
  • Uno de los criterios que determinan si una concentración es susceptible de notificación, relativo al valor de los activos y el volumen anual de ventas de los agentes económicos que participen en la operación, se limita ahora al valor de tales activos y volumen anual de ventas en territorio nacional y ya no se remite a tales valores a nivel global o fuera de México.
  • Igualmente en materia de concentraciones se extiende de 35 a 60 días hábiles, el plazo que tiene la autoridad para resolver, plazo que sigue pudiendo ser extendido hasta por 40 días hábiles adicionales.
  • En materia de sanciones, se agregan algunos aspectos tales como la posibilidad de que se: (i) impongan medidas para regular el acceso a insumos esenciales bajo control ya se de uno o varios agentes económicos; (ii) inhabilite a una persona física para ejercer como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado en una persona moral hasta por cinco años, estableciéndole también multas, por participar directa o indirectamente en prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas por cuenta o en representación de personas morales; (iii) imponga multa a fedatarios públicos que intervengan en actos relativos a una concentración cuando no hubiera sido autorizada por la COFECE; (iv) imponga multa a un agente económico que incumpla la regulación establecida respecto a un insumo esencial o a quien incumpla una orden de eliminar una barrera a la competencia; y, (v) elimine barreras a la competencia y libre concurrencia, regule insumos esenciales u ordene la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones para eliminar efectos anticompetitivos.
  • La Iniciativa contempla un incremento en las penas aplicables por cometer prácticas monopólicas absolutas, delito que se perseguirá por querella de la COFECE o del IFT la cual solamente podrá formularse cuando los referidos órganos hayan determinado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la existencia de responsabilidad por ese tipo de prácticas.