La creación de la jurisdicción ambiental en El Salvador ha comenzado a generar impactos a titulares de obras o proyectos, esto debido a la cantidad de denuncias que comunidades o poblaciones de forma organizada están presentando como forma de garantizar la conservación y defensa del medio ambiente.  

La interposición de tales denuncias, dan lugar inicialmente a la instrucción de parte de la autoridad judicial, a equipos técnicos de diferentes disciplinas a realizar inspecciones en los lugares e instalaciones en donde se realizan proyectos u obras objeto de la denuncia, y posteriormente con base a un informe técnico emitido por tales equipos, el juez emite medidas cautelares que para el caso de la jurisdicción ambiental consisten en órdenes emanadas por un tribunal con jurisdicción ambiental, ya sea de oficio por el Juez o a petición de parte, y como acto previo al proceso judicial o en cualquier estado del proceso judicial.  

Los presupuestos para la adopción de medidas cautelares son: a) que se esté ante la amenaza o inminencia de un daño al medio ambiente que pueda afectar o no a la salud humana; b) que se esté ante la presencia de un daño al medio ambiente, que pudiese generar peligro o afecte la salud humana y la calidad de vida de la población; c) que se esté ante la necesidad de prevenir un daño a las personas o bienes de los afectados, siempre y cuando estos se deriven de los supuestos de los literales anteriores.  

La Ley del Medio Ambiente concede facultades amplias al Juez, llegando incluso a permitir que la autoridad judicial ordene el cese total o parcial del hecho, actividad o proyecto; el cierre temporal de establecimientos y cualquier otra necesaria para proteger al medio ambiente y la calidad de vida de las personas.      

Por las implicaciones que puede conllevar un cese total de actividades en una obra o proyecto, e incluso el cierre temporal del establecimiento o la suspensión de explotación de un recurso relevante para la continuidad de la operación, y más aún, por las distintas responsabilidades de carácter penal, civil y administrativa que pueden derivarse por daños al medio ambiente, es importante que las empresas conozcan las distintas obligaciones dispuestas por  la Ley del Medio Ambiente y la normativa ambiental aplicable, así como contar con todos los permisos necesarios, debidamente actualizados y vigentes, a fin de procurar su cumplimiento y con ello evitar responsabilidades para los representantes de la empresa, sanciones y potenciales limitaciones a la actividad de la empresa, fomentando así una cultura de prevención.