Se declara la procedencia del despido disciplinario del contable de un partido político que carecía de soporte documental con el que justifi car el pago de los gastos y por haber fi rmado cheques a pesar de la revocación de sus poderes.

Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao de fecha 12 de diciembre de 2016

El trabajador reclamó la improcedencia de su despido disciplinario, sobre la base de (i) la prescripción de los hechos imputados en la carta de despido y (ii) la insufi ciencia e indefensión generada por la redacción de la carta.

El Juzgado de lo Social desestima la demanda, tanto en lo relativo a la prescripción de la falta, como en cuanto a la sufi ciencia de la carta de despido.

Así, en cuanto al primer motivo alegado por el actor, el Juzgado aplica la doctrina relativa a la prescripción de faltas ocultadas, que establece que en este tipo de conductas, el plazo de prescripción de sesentas días comienza a computar desde el día en que la empresa tiene un conocimiento cabal, pleno y exacto de los hechos, no siendo sufi ciente con un conocimiento superfi cial, genérico e indiciario de las faltas cometidas.

De esta forma, concluye el Juzgado que el dies a quo en este caso para el cómputo del plazo de prescripción, solo puede situarse en la fecha en la que la empresa –partido político en este caso– emite el informe de auditoría interna, por cuanto que es a partir de esa fecha cuando ésta adquiere un conocimiento completo de los hechos imputados.

En segundo lugar, y en cuanto al cumplimiento por parte de la empresa de los requisitos formales del despido (i.e. sufi ciencia de la carta de despido disciplinario entregada al trabajador), afi rma el Juzgado que es jurisprudencia reiterada la que exige que la carta de despido contenga una descripción sufi ciente de los hechos imputados para que el trabajador pueda articular adecuadamente su defensa.

Sin embargo, en el presente caso este requisito es sobradamente cumplido por la empresa, ya que la carta de despido concreta adecuadamente cuáles son los dos incumplimientos contractuales que justifi can la decisión extintiva adoptada: la realización de pagos sin soporte documental justifi cativo del gasto incurrido, y la fi rma de cheques con cargo a las cuentas del partido, a pesar de que sus poderes de actuación y representación habían sido revocados. El Juzgado considera que se trata de dos imputaciones concretas que permiten al trabajador articular una defensa adecuada, al conocer perfectamente los hechos que se imputan, lo cual no genera indefensión.

Por último, en cuanto a la valoración de las causas justifi cativas del despido, consta acreditado que el actor realizó pagos por gastos de viajes y que carecen de soporte documental justifi cativo de la realidad de dichos gastos. Por otro lado, consta la fi rma del actor en cheques con cargo a las cuentas del partido, a pesar de la revocación de sus poderes y habiéndole sido notifi cada expresamente dicha revocación.

En definitiva, se observa una actuación del trabajador absolutamente fraudulenta, desleal y abusiva con relación a su empleadora, absolutamente contraria a la buena fe contractual, y que deriva en una pérdida de confi anza. Además, dicha ruptura de confi anza no puede modularse, ni graduarse, y es culpable y atribuible de manera exclusiva al demandante, lo que merece ser sancionado con el despido disciplinario.