Este 31 de enero de 2018 entrará en vigor el Decreto Legislativo No. 760, aprobado por la Asamblea Legislativa el 28 de agosto del año pasado, el cual contiene la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante “LJCA”), que deroga y sustituye a la que se encuentra en vigencia desde el año de 1978. La nueva ley presenta significativas mejoras en cuanto a la facilidad de acceso a instancias judiciales, mayor amplitud de asuntos que pueden someterse a su decisión, tramitación expedita de los procesos, intervención preceptiva mediante abogados y celebración de audiencias orales.

Hasta antes de la nueva ley, toda acción contencioso administrativa ha debido plantearse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero ahora se erige una más completa Jurisdicción (potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado) al crear Juzgados y Cámaras especializadas, que descentralizarán el conocimiento monopólico de la Sala de lo Contencioso Administrativo, aliviando la excesiva carga de trabajo que le han generado décadas de ser el único órgano jurisdiccional con competencia en la materia; asignando distintas competencias por razón de criterios de materia, territorio y cuantía.

Por razón de la materia, por ejemplo, cuestiones de personal al servicio de la Administración Pública, asuntos de migración y extranjería, cuestiones municipales no tributarias, se ventilaránen proceso abreviado ante Juzgados de lo Contencioso Administrativo; y, actuaciones que se atribuyan a los funcionarios de elección indirecta o de segundo grado que señala el Art. 131 ord. 19° de la Constitución (ej. Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, entre otros), se ventilarán en proceso común ante Cámaras de lo Contencioso Administrativo.

Si bien esta nueva Jurisdicción permitirá una pronta obtención de resoluciones y de cumplimiento de las mismas, tan solo identificar el tribunal competente y el tipo de proceso para cada caso requerirá una labor importante de parte de los abogados litigantes; punto de partida que condicionará la admisión a trámite de sus pretensiones que se ven ampliadas, reconociéndose demandas fundadas no sólo en los ámbitos tradicionales sino que en otras subcategorías que normalmente eran estrictamente conocidas por la jurisdicción civil y mercantil, extendiendo su competencia -de manera novedosa- hasta las cuestiones prejudiciales e incidentales no sujetas al Derecho Administrativo, pero relacionadas con el proceso contencioso administrativo.

La LJCA lista taxativamente las pretensiones sujetas a esta Jurisdicción, según lo siguiente: actos administrativos, sean expresos, tácitos, presuntos, definitivos o de tramite; contratos administrativos, incluyendo su interpretación, ejecución y extinción; inactividad de la Administración Pública; vía de hecho por actuaciones materiales de la Administración Pública sin respaldo en actos administrativos previos; actuaciones y omisiones de concesionarios; responsabilidad patrimonial de funcionarios, concesionarios y de la Administración Pública; todas las cuales podrán deducirse dentro del plazo de sesenta (60) días posteriores al agotamiento de la vía administrativa correspondiente, según los términos regulados en la -también recientemente aprobada- Ley de Procedimientos Administrativos, que regula los trámites previos a la impugnación en sede judicial.

De manera armónica, la Ley de Procedimientos Administrativos regula el fin de los procedimientos en sede administrativa por resolución expresa, por silencio administrativo positivo o negativo, desistimiento, renuncia o declaración de caducidad; determinando el inicio del plazo para incoar demanda en sede judicial bajo la LJCA.

La mayor innovación de la LJCA quizás sea la incorporación del principio de oralidad en las audiencias a celebrarse dentro de los procesos, que no sólo tendrá incidencia en las argumentaciones de los litigantes, sino también -aún más trascendente- demandará que éstos dominen habilidades y destrezas propias de las técnicas de litigación oral, dirigidas a mejorar la calidad de la información que se brindará en el juicio; y, en especial, necesarias para elaborar la teoría del caso, fijando en forma precisa la pretensión y los términos del debate, así como para proponer y practicar efectivamente la prueba.

En definitiva, la entrada en vigor de la LJCA será motivo de entusiasmo y de ventaja competitiva para los abogados de CENTRAL LAW con experiencia en el Modelo del Proceso Civil y Mercantil que entró en vigor en el año 2011, gracias a las similitudes fundadas en idénticos principios procesales: dispositivo, de igualdad procesal, de defensa y contradicción, de inmediación, entre tantos otros que serán de nueva aplicación a los procesos contenciosos administrativos.