Pérdida de objeto del recurso de inconstitucionalidad promovido contra los artículos 8, inciso final; 16 e) en relación con los artículos 16 b), párrafo 2; 16 c), párrafo 2; 29.4; 19.5, párrafo 2; 19.9 g), párrafos 2, 3 y 4; 21.6; 25.5 c); 26, párrafo final; 27.1, in fine, 27.3 a); 27.3, in fine, y 27.5, in fine, 28; 31.2, en conexión con los arts. 89.2 y 90; 85.6; y disposición adicional sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios de los puertos de interés general. Constitucionalidad del artículo 38 que regula el plan director de infraestructuras del puerto. Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 14 de noviembre de 2012.

El 27 de febrero de 2004 se interpuso recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios de los puertos de interés general, afirmando el Tribunal Constitucional la pérdida de objeto del recurso respecto de los arts. 8, inciso final; 16 e) en relación con los artículos 16 b), párrafo 2; 16 c), párrafo 2; 29.4; 19.5, párrafo 2; 19.9 g), párrafos 2, 3 y 4; 21.6; 25.5 c); 26, párrafo final; 27.1, in fine, 27.3 a); 27.3, in fine, y 27.5, in fine, 28; 31.2, en conexión con los arts. 89.2 y 90; 85.6 y disposición adicional sexta, en tanto que la Ley 48/2003 fue derogada por el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre y en atención a que los preceptos de aquélla no fueron impugnados por motivos competenciales (ya que, en caso contrario, la derogación normativa podría no implicar la terminación de la controversia por reproducirse en la norma que sustituye a la derogada el problema competencial alegado), por lo que los preceptos derogados tachados de inconstitucionales han perdido todo vestigio de vigencia, pues las ocho disposiciones transitorias del texto refundido «permiten descartar todo resto de ultraactividad de los preceptos controvertidos».

Sin embargo, en relación con la impugnación del artículo 38 de la Ley 48/2003, en tanto que su contenido es objeto de reproducción parcial en el artículo 54 del vigente texto refundido bajo la rúbrica de «Plan Director de Infraestructuras del Puerto», la ordenación jurídica de esta figura administrativa cuya constitucionalidad se discute se mantiene en términos sustancialmente similares a los anteriores, sin que se haya producido, pese a su derogación, la pérdida del objeto del recurso en relación con esta concreta impugnación.

La inconstitucionalidad del artículo 38 alegada se basaba en la vulneración de las competencias autonómicas de desarrollo legislativo en materia de medio ambiente como consecuencia de la creación del instrumento de planificación portuaria «plan director de infraestructuras del puerto» previendo un trámite de audiencia a las autoridades autonómicas competentes en materia de ordenación del territorio, sin ajustarse, por tanto, a la distribución de competencias autonómicas en materia de medio ambiente, pues dicha audiencia se limita a los casos en que el proyecto estatal sea objeto de evaluación ambiental. De este modo, al no crear el mecanismo de colaboración con las Comunidades Autónomas exigido por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de febrero de 1998, se alegó que el procedimiento establecido desconocía las competencias autonómicas en la materia.

La cuestión planteada pone de manifiesto un problema de colisión entre dos títulos competenciales materialmente distintos: la competencia exclusiva del Estado en materia de puertos de interés general con el alcance que se le dio en la citada Sentencia de 19 de febrero de 1998 y las competencias de desarrollo en materia de medio ambiente que han podido asumir las Comunidades Autónomas mediante sus Estatutos de Autonomía ex artículo 149.1.23 de la Constitución Española. Sobre la concurrencia en un mismo espacio físico de competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma derivadas de títulos jurídicos distintos se ha pronunciado reiteradamente el Tribunal Constitucional en el sentido de que la atribución de una competencia sobre un ámbito físico determinado no puede impedir el ejercicio de otras competencias en el mismo espacio, exigiendo esta posibilidad de concurrencia de títulos competenciales la búsqueda de fórmulas que permitan su coexistencia pacífica y resultando preciso determinar cuál es el título prevalente en función del interés general concernido para determinar la preferente aplicación de una competencia en detrimento de la otra para el supuesto de que los cauces de cooperación deviniesen insuficientes.

Es doctrina reiterada en relación con la competencia exclusiva del Estado en materia de puertos que éste no puede adoptar la decisión sobre la ubicación de un nuevo puerto a espaldas de las Comunidades Autónomas, debiendo establecerse fórmulas de cooperación entre las autoridades afectadas compatibles con el reparto de competencias en la materia, en atención al que la decisión sobre la ubicación de un nuevo puerto de interés general corresponde al Estado, sin que tal decisión pueda quedar subordinada al parecer de las Comunidades Autónomas o de los Municipios en cuyo territorio deba construirse.

Según el criterio manifestado en la STC 13/1998, de 22 de enero, es competencia de la Administración General del Estado llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental cuando realiza o autoriza el proyecto de una obra, instalación o actividad sujeta a su competencia, si bien ello debe conjugarse con el deber de colaboración que inspira las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Partiendo de la anterior doctrina, el Tribunal Constitucional descarta la inconstitucionalidad del art. 38 de la Ley 48/2003, pues el procedimiento de aprobación del plan director en él previsto tiene en cuenta la incidencia que el ejercicio de la competencia del Estado podría tener sobre las competencias que las Comunidades Autónomas hubieran asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía en los términos exigidos por nuestra jurisprudencia. En concreto, el precepto impugnado contempla dos mecanismos que permiten alcanzar esta finalidad. En primer lugar, la participación autonómica se instrumenta a través de los diferentes cauces enunciados en el procedimiento de evaluación ambiental enunciado en el propio apartado 2 del art. 38, que remite a la legislación específica de evaluación de impacto ambiental. En segundo lugar, el trámite de audiencia previsto en el art. 38.2 con carácter previo a la aprobación del plan director arbitra expresamente la posibilidad de tener en cuenta el criterio de la autoridad autonómica competente en materia de ordenación del territorio, sin que esta delimitación impida que en dicho trámite la Comunidad Autónoma pueda formular distintas observaciones, entre ellas las medioambientales. Por otra parte, aunque el precepto identifica el órgano autonómico al que ha de dirigirse el trámite de audiencia, no predetermina cuál deba ser el contenido concreto de dicho trámite y no impide que otros órganos de la Comunidad Autónoma puedan participar en el mismo. Por ello, estima el Tribunal Constitucional que, incluso en aquellos casos en los que una obra portuaria no precise el procedimiento de evaluación ambiental, existen otras vías de colaboración previstas en la norma que permiten desvirtuar la alegada inconstitucionalidad del precepto, lo que conduce a su desestimación.