El Diario Oficial de la Unión Europea de 6 de mayo de 2014 ha publicado la Directiva  2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 relativa a  la facturación electrónica en la contratación pública, lo que supone un paso más en la  instauración de la administración electrónica y el mercado digital únicos que la Agenda  Digital para Europa se propone en el marco de la Estrategia Europa 2020 de la UE y  avanza en el proceso de digitalización de los procedimientos de contratación en orden a  la consecución de un futuro sistema de contratación pública íntegramente electrónico1 . 

Durante los últimos años han sido muchas las iniciativas que han puesto de manifiesto el interés  de las instituciones europeas en la transición a una Administración Pública sin papel, en especial  en su dimensión transfronteriza. 

Así lo ha advertido ya en números anteriores este Grupo de Contratos del Sector Público2  y así  se ha ido proclamando en diversas iniciativas tales como la estrategia para la plena implantación  de la contratación pública electrónica3 , el  Plan de Acción Europeo sobre Administración                                                                                                                         Electrónica 2011-20154  y el plan de acción sobre la eCommission 2011-2015, iniciativas orientadas  a la implantación de infraestructuras de contratación electrónica (PEPPOL) y que reflejan en  definitiva la preocupación de las instituciones –y en especial de la Comisión– por la fragmentación  entre los distintos sistemas de e-facturación de los distintos Estados miembros.

En efecto, son varios los Estados que, a la vista del ahorro económico que supone la  contratación electrónica y de la flexibilidad y transparencia que derivan de la implementaciónde herramientas electrónicas en el procedimiento administrativo de contratación, han venido a exigir  la presentación de facturas electrónicas en la contratación de todo o parte del sector público  correspondiente. 

En este sentido, en España está vigente la reciente Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de la  factura electrónica y creación de registro contable de facturas en el Sector Público, que, con la finalidad de reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, agilizar los procedimientos  de pago a proveedores y mejorar el control del gasto público y del déficit:

  • Se propone establecer un control informatizado de las facturas en el sector público, para lo que:
    • Dispone el uso obligatorio de la factura electrónica para determinados sujetos a partir del 15 de enero de 2015. 
    • Prevé la creación obligatoria de puntos de entrada de e-facturas en cada nivel administrativo (territorial). 
  • Impulsa también la e-facturación en el sector privado mediante la modificación de la    Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información.
  • Regula un procedimiento de tramitación de e-facturas y prevé la necesidad de desarrollar en el futuro el contenido del sello electrónico avanzado. 

Esta regulación deberá adaptarse a las exigencias derivadas del Derecho comunitario, y en  concreto de la nueva Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de  abril de 2014 relativa a la facturación electrónica en la contratación pública, que se encuadra  en un contexto de plena informatización del procedimiento de contratación pública desde el  entendido de que simplifica sustancialmente el proceso de adjudicación, redunda en precios  más bajos y mejor calidad, propicia una mayor competencia en el mercado único, maximiza la  eficiencia del gasto público, avanza en la política medioambiental de la Unión Europea, aumenta  la transparencia en los contratos,  facilita el acceso y reduce costes5 .

Tras la Comunicación de la Comisión “Aprovechar en Europa las ventajas de la facturación  electrónica”6  y la Resolución del Parlamento Europeo de abril de 20127 , la  Comisión presentó  una comunicación8  y una propuesta de nueva  Directiva de facturación electrónica en la  contratación pública, en la que se prevé el desarrollo de un estándar interoperable común en  la facturación electrónica por los organismos europeos de normalización –que no obstante deberá  ser aprobado dentro de los 36 meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva Directiva9 – así  como la difusión del uso de las nuevas tecnologías en las licitaciones públicas.

La  Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la que  se deroga la Directiva 2004/18/CE, ya estableció en su Considerando 52, que los medios de  información y comunicación electrónicos deben convertirse en el método estándar de comunicación  e intercambio de información en los procedimientos de contratación, para lo que debe hacerse  obligatoria la  transmisión de anuncios en formato electrónico, la puesta a disposición del  público por medios electrónicos de los pliegos de la contratación y –tras un período transitorio  de 30 meses– una comunicación totalmente electrónica, lo cual significa la comunicación por medios electrónicos en todas las fases del procedimiento, incluida la transmisión de solicitudes de participación y, en particular, la presentación (electrónica) de las ofertas10 .

La nueva Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014  relativa a la facturación electrónica, se propone asegurar la interoperabilidad en el mercado  europeo de contratación pública, para permitir que la información se presente y se trate de  manera uniforme entre los sistemas de gestión, independientemente de su tecnología, aplicación  o plataforma11 .

Su ámbito de aplicación se extiende a todas las facturas electrónicas emitidas como resultado de la ejecución de los contratos adjudicados a los que sean de aplicación la  Directiva 2009/81/CE ,                                                                                                                                               la Directiva 2014/23/UE, la Directiva 2014/24/UE o la Directiva 2014/25/UE y su plazo de  transposición finaliza el 27 de noviembre de 2018 –salvo respecto de la obligación establecida  en el artículo 7 en relación con la recepción y tratamiento de facturas electrónicas (artículo 11.2  de la Directiva)–. 

De su contenido merece destacar la previsión contenida en el artículo 3 sobre la petición por la 
Comisión al organismo europeo de normalización pertinente que elabore una norma europea para 
el modelo de datos semánticos destinado a los elementos esenciales de una factura electrónica 
(«la norma europea sobre facturación electrónica») y la regulación de los elementos esenciales 
de la factura electrónica (artículo 6), su recepción y tratamiento (artículo 7) y su uso a efectos 
del IVA (artículo 9).