COMPETENCIA: Vulneración de la normativa de defensa de la competencia por la suscripción de acuerdos de fijación de precios y exclusión de imposición de sanción por su realización en el marco de un plan de reconversión con conocimiento de la Administración y difusión en los medios de comunicación. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª), de 24 de febrero de 2014.

Constituye el objeto de impugnación la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la que se impuso a la recurrente sanción de multa por resultar acreditada una infracción del Artículo 1 de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dicha Resolución considera acreditada la aprobación por determinadas asociaciones de un Plan de Reconversión en el que, entre otros aspectos, se fijaban los precios mínimos por kilogramo de uva y litro de mosto según la procedencia de la uva y se establecían unos incrementos fijos anuales de tales precios.

Con posterioridad a la firma del citado Plan, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó dos Órdenes Ministeriales homologando el contrato-tipo de compraventa de uva y de mosto con destino a la elaboración de vino con determinada denominación de origen para dos campañas en las que se incluía un apartado relativo a los precios mínimos a pagar por el comprador que eran coincidentes con los fijados en el Plan de Reconversión firmado previamente por las asociaciones, constando en el expediente documentación en la que se afirma que tras el Plan de Reconversión el precio de la uva y el mosto fue de nuevo negociado y fijado en un acuerdo sectorial para posteriores campañas, que fue objeto de comunicación a la prensa y a la Secretaría General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura y Pesca.

La Sala de la Audiencia Nacional considera que, si bien las circunstancias analizadas se encuentran circunscritas geográficamente a un territorio determinado, puesto que se trata de operaciones entre agentes productores y trasformadores ubicados en una zona concreta, tienen aptitud para afectar a los intercambios comunitarios, y ello por cuanto los productos objeto de la fijación de precios son la materia prima con la que se producen los distintos vinos de dicha zona, cuyo destino principal es la exportación, fundamentalmente hacia países de la Unión.

Los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíben todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en la fijación de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio, sin que exijan la existencia de pactos formales, firmados y rubricados, ni tampoco que los acuerdos tengan efectos anticompetitivos reales y demostrados puesto que es suficiente que tengan la potencialidad de producirlos.

En este caso se contaba con acuerdos firmados entre las partes además de con múltiples comunicaciones sobre su aplicación, que afectó necesariamente a la competencia al prolongarse los acuerdos de precios durante un periodo muy largo de tiempo. Ahora bien, la imposición de la sanción requiere, además de la concurrencia de la conducta infractora, la del elemento subjetivo dolo o culpa. Estima la Audiencia Nacional que en el presente caso la situación es confusa por la concurrencia de tres elementos: conducta incardinada en un proceso de reconversión del sector, intervención de dos Administraciones Públicas en el proceso, y actuación clara y directa. Como consecuencia de la unión de estos elementos, concluye la Audiencia Nacional que la recurrente no tuvo la conciencia de que el comportamiento realizado constituía una conducta contraria a la libre competencia, sino que su comportamiento revelaba la conciencia de estar actuando dentro de la legalidad; lo que implica ausencia de elemento subjetivo del injusto. Existiendo una legislación en la que, al menos aparentemente, podía basarse la actuación; y una participación activa de las autoridades, ha de apreciarse una atenuación en la reprobabilidad de la conducta que excluye la imposición de sanción, de lo que resulta la estimación parcial del recurso, en cuanto la conducta enjuiciada es contraria a la libre competencia, pero la sanción impuesta es contraria a Derecho por faltar el elemento subjetivo de la infracción.

DENOMINACIONES DE ORIGEN: La existencia de un “término tradicional” puede derivar bien de que el producto esté acogido a una denominación de origen protegida, bien de que tenga un método de elaboración propio u otras características peculiares Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª), de 18 de febrero de 2014.

El asunto tiene origen en la sanción impuesta a la recurrente por utilización del término “txacolí” en el etiquetado del vino que comercializaba sin pertenecer a ninguna de las tres denominaciones de origen de chacolí existentes: Txacolí-Alava, Txacolí- Bizkaia y Txacolí-Getaria. La sanción, consistente en multa y en el deber de modificar el etiquetado, fueron confirmadas en alzada por resolución del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco de 9 de diciembre de 2008, frente a la que se interpuso recurso contencioso-administrativo cuya sentencia desestimatoria es objeto de impugnación ante el Alto Tribunal.

Denuncia la recurrente que en la instancia le fueron rechazados dos medios de prueba: un dictamen pericial tendente a acreditar que el vino por ella producido tiene una composición química igual a la de los vinos pertenecientes a las denominaciones de origen de txacolí, y la ratificación de un dictamen pericial de parte ya aportado y tendente a probar que el txacolí no supone un método de elaboración específico, indicando el Tribunal Supremo que las razones fácticas y jurídicas en que se funda la sanción son independientes de la composición química del vino producido por la recurrente y del método de elaboración.

La recurrente sostiene que la inclusión del “txacolí/chacolí” dentro de la parte B del Anexo III del Reglamento 2002/753/CE -relevante a efectos de delimitar los vinos protegidos mediante denominación de origen- no se ajusta a la definición de “mención tradicional” que se hace en el art. 24 del propio Reglamento 2002/753/CE, defendiendo que el txacolí responde, por las características de su producción y por su origen geográfico, a un término genérico y, por tanto, no merecedor de dicha protección. La existencia de una “mención tradicional” - hoy “término tradicional”- puede derivar bien de que el producto esté acogido a una denominación de origen protegida, bien de que tenga un método de elaboración propio u otras características peculiares. Y en el presente caso, la condición de “mención tradicional” no deriva de un método de elaboración, sino de la existencia de las tres denominaciones de origen para el término “txacolí/chacolí” arriba indicadas, sin que el vino producido por la recurrente pertenezca a ninguna de ellas. Ésta es la razón por la que la recurrente no podía utilizar el término “txacolí” en el etiquetado de su producto y ésta es, en definitiva, la razón por la que fue sancionada, desestimándose por todo lo anterior el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo.

GANADERÍA: Derecho de los ganaderos a efectuar pruebas de contraanálisis ante campañas de saneamiento en atención a su condición jurídica de interesados y el derecho a poder contradecir pruebas que le perjudican en el ámbito del procedimiento administrativo. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª), de 30 de abril de 2014.

Se formula recurso frente a la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra una Resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León desestimatoria del requerimiento efectuado por la unión de campesinos recurrente para que en la ejecución de las campañas de saneamiento ganadero se entregasen a los ganaderos las actas de las ejecuciones, pruebas e informe técnico.

Se centra el debate en si los demandantes, en tanto que miembros de una asociación o a título individual pero, en todo caso, en su condición de titulares de explotaciones ganaderas y ante las campañas de saneamiento, tienen derecho a practicar pruebas de contraste y a obtener información sobre las pruebas oficiales realizadas.

Señala la Sala que ni la normativa estatal ni la autonómica contemplan expresamente la prueba de contraanálisis, sino dos o más, con determinada periodicidad en unos determinados plazos según tipo de enfermedad, pero siempre con personal administrativo, métodos oficiales y analítica en laboratorios autorizados de la red nacional o autonómica. Pero existe otra perspectiva de análisis de la cuestión debatida que ha sido invocada por la parte demandante y que pone la atención en la condición jurídica de interesado y el derecho a poder contradecir pruebas que le perjudican en el ámbito del procedimiento administrativo, cuya base común y general es el artículo 35.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Al respecto cabe decir que, si bien las referidas campañas son actuaciones generales conformadas por múltiples trámites, también tienen una proyección individual en quienes son titulares de las explotaciones ganaderas y que, según el artículo 112.4 del Decreto 266/1928 constituyen la “unidad de actuación”.

En función de estos parámetros jurídicos debe existir a favor del titular de la cabaña ganadera un derecho reaccional en el sentido de poder contradecir los resultados analíticos obtenidos por la Comunidad Autónoma y cuya morfología más adecuada no puede ser otra que la del contraanálisis, derecho que comprenderá, para que pueda ser real y efectivo, tanto la toma de muestras como su custodia y conservación y, llegado el momento, la realización de la analítica. Por tanto, y debiendo ser reconocido el derecho debatido en este litigio por causa de la condición de interesado, ha de estimarse el recurso reconociendo el derecho de los ganaderos a efectuar contraanálisis.