1. La Sección 28ª de la Audiencia Provincial  de Madrid se ha ocupado recientemente del  fenómeno los programas por medio de los cuales  se comparten archivos informáticos en Internet,  y de la eventual responsabilidad por infracción  de derechos de propiedad intelectual en la que  pueden incurrir los responsables de este tipo  de programas, por los contenidos ilícitos que  compartan sus usuarios. 

En efecto, en su Sentencia núm. 103-2014 de 31 marzo (AC 2014\385) la Audiencia Provincial rechaza la responsabilidad de los responsables de estos programas. Para ello se rechaza la existencia de una infracción indirecta de la propiedad intelectual.

Por su relevancia, y por ser uno de los escasos pronunciamientos judiciales sobre contributory infringment de propiedad intelectual en España, es oportuno reproducir los siguientes párrafos de la sentencia:

“La posibilidad de imputar responsabilidad por infracción indirecta de la propiedad intelectual en el marco legal español es, sin embargo, una materia controvertida en la doctrina jurídica, siendo en ella la postura que puede considerarse prevalente la que considera que la contribución a la infracción no sería fuente de imputación de responsabilidad porque el tercero contribuyente (en el caso que aquí nos ocupa el creador y comercializador del programa informático preciso para hacer operativa una red P2P) no estaría incurriendo como tal en ningún comportamiento legalmente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico como infractor contra el derecho de exclusiva y sin dicho soporte legal no cabría censurarle la ilegalidad de su conducta (el que se moviese en una zona gris no equivaldría a la comisión de ilicitud si él no infringiese ninguna prohibición) ni asignarle responsabilidades. (...) Sin una previsión legal que tipifique el alcance de la cooperación necesaria o de la complicidad en esta materia, lo que depende de un designio del poder legislativo (y no puede ser suplido en nuestro ordenamiento jurídico por la mera opinión del judicial, que no es el encargado de marcar la política legislativa), resulta complicado que pueda encontrarse un soporte jurídico suficientemente sólido (no constituyen tal, dado su carácter especifico y su incidencia colateral, las normas citadas por la actora a las que nos hemos referido en el párrafo segundo del presente fundamento jurídico) para que el juez pueda condenar por infracción indirecta en este ámbito. En la medida en que una imputación de ese tipo implicaría bien adelantar las posibilidades de defensa del titular para dotarle de una protección más eficaz o bien imputar la comisión de la vulneración del derecho a alguien diferente del propio autor material de la misma, haría falta un soporte legal para poder fundar una condena por tales motivos que el juez español no tiene a su alcance porque el legislador no ha dado el paso de tipificar como infractora tal contingencia”.

2. La Sección 28 ªde laudien cia Prvincialde Madridensu Sentencia núm.103-2014de31 maro(AC2014\385) también rechaza que el creador u comercializador de un programa P2P  usado por terceros para compartir archivos que  vulneran derechos de autor, lleve a cabo un acto  de competencia desleal contrario a la cláusula  general.

Según la sentencia, no se produce por un acto de competencia desleal contraria a la cláusula general recogida en el artículo 5 de la LCD, porque la actividad de estas personas responde a una iniciativa empresarial lícita, que goza de justificación en el seno de un modelo de competencia por el mérito de las propias prestaciones.

En palabras de la Sentencia: “El ofertar una tecnología P2P avanzada no supone incurrir en actos de expolio ni de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (no estamos ante prácticas de Internet que pudieran ser constitutivas de ello, tales como el uso incorrecto de enlaces que permitieran apropiarse de algo ajeno y presentarlo como propio, etc), ni entrevemos que responda a un plan preconcebido para hundir o desequilibrar a las productoras discográficas. Tampoco supone un acto de obstaculización al negocio que éstas desarrollan, ya que se mueven en un mercado (el de la música comercial) totalmente distinto del de los demandados (el de los productos informáticos). Es cierto que para que se pueda incurrir en competencia desleal no es imprescindible, al menos en muchos casos, que medie competencia directa entre los implicados, pero cuando menos sí deberá existir una comportamiento atribuible al sujeto demandado como directamente generador, ya sea como autor, ordenante o cooperador necesario, de la ilícita consecuencia concurrencial que se le atribuye, lo que no ocurre en este caso. No puede considerarse que los demandados sean cooperadores de la actividad de copia ilícita que puedan realizar los usuarios por el mero hecho de haber puesto en el mercado a disposición del público una tecnología informática capaz de propiciar el intercambio de archivos sonoros”.