El Tribunal Económico-Administrativo Central considera no sujetas a la modalidad de «operaciones societarias» del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados las operaciones de reducción de capital social que se efectúan con la finalidad de amortizar las participaciones sociales que la sociedad adquiere de un socio previamente identificado y por un precio estipulado en la junta universal de socios.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 16 de noviembre del 2017 (998/2017), resuelve un recurso de alzada para la unificación de criterio en el que analiza la sujeción al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de operaciones societarias, de una operación de reducción de capital acordada para amortizar las participaciones sociales que previamente se adquirieron a uno de los socios y a su esposa.

En este caso concreto, los socios, calificando la operación como de reducción de capital social, presentaron autoliquidación por el citado impuesto consignando en la base imponible el importe correspondiente al valor nominal de las participaciones amortizadas. No obstante, con posterioridad, los referidos contribuyentes presentaron una solicitud de devolución de ingresos indebidos, argumentando que la reducción de capital acordada y escriturada no había dado lugar a la devolución de bienes y derechos a los socios. 

Dicha solicitud fue desestimada por la Administración sobre la base de que la operación llevada a cabo (disminución de capital) estaba sujeta al citado tributo, por la modalidad de «operaciones societarias», según lo dispuesto en el artículo 19.1.1.º del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la redacción vigente al tiempo de plantearse el recurso. Entendió así que la finalidad de la operación era devolver a los citados socios la parte que les correspondía en la sociedad por las aportaciones realizadas y las reservas acumuladas y no distribuidas hasta entonces, apreciación que expuso tras recordar que para la correcta calificación del negocio ha de prevalecer su verdadera naturaleza jurídica sobre la denominación dada por los interesados.

Sobre la base de tales consideraciones se dictaron las correspondientes liquidaciones, siendo recurridas por los afectados ante el Tribunal Económico‑Administrativo Regional de Aragón, que terminó estimando sus pretensiones y confirmando su derecho a la devolución de los ingresos indebidos.

Disconforme con tales resoluciones, el director general de Tributos del Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Diputación General de Aragón interpuso el recurso que ahora ha resuelto el Tribunal Económico‑Administrativo Central.

Pues bien, este tribunal ha resuelto ahora en contra de las pretensiones de la Administración acogiendo la argumentación del tribunal regional en el sentido de entender que, en operaciones como la controvertida, estamos ante dos negocios jurídicos independientes e inconexos  (transmisión de participaciones sociales y reducción de capital), y rechazando que la transmisión de las participaciones sea una operación instrumental de la reducción de capital. En ese entendimiento se concluye que la adquisición de participaciones propias al socio no tributará por el citado impuesto al encontrarse exenta en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, en tanto que tampoco lo hará la reducción de capital al no haber desplazamiento patrimonial de bienes o derechos a favor de los socios.

Concluye así el Tribunal Central, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo expresada en dos sentencias de 3 de noviembre de 1997 (recs. 532/1995 y 544/1995), que en una «operación de reducción de capital acordada por la junta universal de socios de una sociedad de responsabilidad limitada con la finalidad de amortizar determinadas participaciones sociales de la propia sociedad que han de adquirirse a un socio previamente identificado y por un precio estipulado en dicha junta, no debe tributar como una operación de reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios en la modalidad de “operaciones societarias” del citado tributo, sino que ha de tratarse en el ámbito de este impuesto como dos negocios jurídicos independientes, a saber, la transmisión de las participaciones sociales por un lado, y la reducción de capital sin devolución de aportaciones, por otro».

A este respecto, debe tenerse en cuenta como la propia configuración del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados pivota sobre la forma jurídica de las transmisiones realizadas, de manera que los enfoques basados en la recalificación de éstas atendiendo al «fondo económico» plantean problemas de encaje con la normativa reguladora del impuesto.