El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE") ha declarado que la Directiva europea sobre prácticas comerciales desleales se opone a la prohibición de realizar ventas a pérdida prevista en el artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ("LOCM"), en la medida en que contiene una prohibición general de ofertar o realizar ventas al público a un precio inferior al de adquisición según factura.

ANTECEDENTES

El TJUE resuelve en su sentencia la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia en el marco del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Europamur Alimentación, S.A. ("Europamur"), una empresa dedicada a la venta de productos domésticos y de alimentación, contra la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (la "Dirección General de Comercio de Murcia").

El recurso tiene origen en la resolución de 23 de febrero de 2015 por la que la Dirección General de Comercio de Murcia sancionó a Europamur con una multa de 3.001 euros al haber vendido con pérdida determinados productos y, en consecuencia, haber incumplido la prohibición del artículo 14 de la LOCM. En concreto, la Administración regional consideró que la actuación llevada a cabo por Europamur tenía como única finalidad incitar a los consumidores a comprar otros productos o servicios del mismo establecimiento, lo que habría causado un grave daño a los intereses de los consumidores.

Europamur recurrió la mencionada resolución alegando, entre otras cuestiones, que la sanción impuesta era contraria a la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior ("Directiva sobre prácticas comerciales desleales"). A juicio de la recurrente, el artículo 14 de la LOCM prohíbe realizar ventas a pérdida con carácter general, mientras que tal práctica no se encuentra entre aquellas que son consideradas desleales en cualquier circunstancia por la Directiva sobre actos comerciales desleales. Además, el artículo 14 de la LOCM prevé una serie de supuestos de exención que no se encuentran recogidos en la mencionada Directiva. La Dirección General de Comercio de Murcia sostuvo, sin embargo, que no existía ningún conflicto entre la legislación nacional y la legislación europea.

En estas circunstancias, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia planteó al TJUE una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 14 de la LOCM en relación con la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

LA CUESTIÓN PREJUDICIAL

En la cuestión prejudicial planteada, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia solicita al TJUE que se dilucide si la Directiva sobre prácticas comerciales desleales debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional que, como el artículo 14 de la LOCM, contiene una prohibición general de ofertar o realizar ventas de bienes con pérdida, y que establece excepciones a dicha prohibición basadas en criterios que no figuran en la propia Directiva.

A la hora de resolver la cuestión, el TJUE señala que la Directiva sobre prácticas comerciales desleales lleva a cabo una armonización completa de las normas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores y que, por tanto, los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las definidas en la referida Directiva, ni siquiera para garantizar un grado más elevado de protección de los consumidores.

En virtud de este criterio, y dado que las ventas a pérdida no figuran entre las prácticas consideradas desleales per se por la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, el artículo 14 de la LOCM implica una presunción de ilegalidad de tales prácticas que corresponde a la entidad sancionada destruir. Esta inversión de la carga de la prueba constituye una medida más restrictiva que las recogidas en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y, en consecuencia, está prohibida por la normativa europea.

Finalmente, el TJUE declara que la Directiva sobre prácticas comerciales desleales es contraria a una disposición nacional que, como el artículo 14 de la LOCM, contiene una prohibición general de ofertar o realizar ventas de bienes con pérdida y que establece excepciones a dicha prohibición basadas en criterios que no figuran en la propia Directiva.

CONSECUENCIAS

La Sentencia dictada por el TJUE implica que la prohibición de la venta a pérdida en España deberá ser coherente con las disposiciones de la Directiva sobre prácticas desleales, de tal forma que las empresas solo podrán ser sancionadas por estas prácticas cuando la Administración demuestre que concurren los criterios previstos en los artículos 5 a 9 de esta Directiva. En particular, corresponderá a la Administración la carga de la prueba de que esta práctica es engañosa o agresiva o que, siendo contraria a la diligencia profesional, distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial el comportamiento económico de los consumidores.