El “Daño al Proyecto de Vida” ha sido definido por la CIDH1 como la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o difícilmente reparable, respecto de una expectativa razonable para acceder a determinadas oportunidades2.

Se cuantifica sobre hechos probables dentro del normal desarrollo del individuo, cuyo desenvolvimiento fue drásticamente modificado a raíz del hecho constitutivo de una responsabilidad3, y atiende a la realización integral de la persona afectada, bajo criterios de expectativas razonables.

Es una figura distinta al daño moral, y conforme al marco jurídico aplicable en México, puede ser exigible. A la fecha, la reparación del daño se ha hecho mediante actos simbólicos, pero la tendencia es asociarlos al resarcimiento material4.

Pudiera pensarse que excluyendo las indemnizaciones asociadas a este daño, se protegería al mercado asegurador, pero la ausencia de un desglose de conceptos en las condenas de los juzgadores obligaría al pago, su argumentación asociada a una interpretación abierta a la innovación, presenta un reto para la suscripción, la evaluación del riesgo y la determinación objetiva de reservas, lo que ocasiona un incremento del riesgo legal en la región de LatAm5.