Durante el pasado mes de marzo, la Unión Europea y la OCDE han publicado sendas propuestas en relación con la fiscalidad de la economía digital de cara a consolidar un régimen impositivo que grave estas actividades de manera equitativa y sostenible.

Concretamente, la Comisión de la UE ha presentado dos propuestas legislativas al Consejo y al Parlamento Europeo dirigidas a establecer un marco común de tributación de las empresas de servicios digitales.

La primera, con vocación de permanencia en los Impuestos sobre Sociedades y Convenios de Doble Imposición de los Estados Miembros (EM), permitirá a éstos gravar los beneficios que se generen en su territorio, a pesar de que una empresa no tenga presencia física en dicho país.

Para ello, se introduce el concepto de "presencia digital" gravable o "establecimiento permanente virtual" en un EM, para aquellos servicios digitales prestados desde otros EM o desde Estados terceros que no tengan Convenio con el afectado, siempre que se cumplan determinados criterios (ingresos anuales por suministro de servicios digitales superiores a 7 millones de euros, o número de usuarios superior a 100.000, o número de contratos del servicio digital superior a 3.000).

La otra propuesta, de carácter transitorio, consiste en la aplicación de un impuesto indirecto del 3% sobre los ingresos brutos obtenidos en un determinado territorio de la UE por la realización de determinadas actividades digitales, y aplicable únicamente a empresas con un mínimo anual de ingresos de 750 millones de euros a nivel mundial y de 50 millones de euros en la Unión Europea.

En ambos casos está prevista la aplicación de las medidas a partir de 2020 (el plazo de trasposición de las propuestas finaliza el 31 de diciembre de 2019), resultando posible su coexistencia (de modo transitorio, se entiende) para empresas de la UE o de la países terceros sin Convenio.

Por su parte, la OCDE ha publicado un informe provisional sobre los desafíos originados a raíz de la digitalización de la economía ("Informe Provisional"), que cuenta con el refrendo de más de 110 países.

Tomando como base el informe definitivo sobre la Acción 1 de BEPS, la OCDE analiza los modelos económicos y de creación de valor derivados de la digitalización, y describe su impacto para las reglas de fiscalidad internacional, al tiempo que pone de manifiesto la divergencia existente entre las distintas jurisdicciones sobre cómo gravar un sistema económico cada vez más digitalizado.

Así, algunas jurisdicciones consideran imperativo actuar con rapidez, aplicando medidas provisionales (sujeción de los ingresos por la prestación de servicios electrónicos a un impuesto indirecto - al estilo del propuesto en la UE - , impuesto compensatorio en transacciones digitales, o impuestos sobre los ingresos por la venta de tiempo o espacio publicitario), mientras que otras se oponen a ello considerando que podría generar consecuencias adversas.

En busca del consenso que permita homogeneizar las normas en este ámbito, los miembros de la OCDE han acordado llevar a cabo una revisión simultánea y coherente de las reglas de "nexo" (capacidad de las cadenas de valor digitales de generarlo sin presencia física) y de "atribución" (determinación de los beneficios sujetos a tributación en cada jurisdicción).

Habrá que esperar, no obstante, al año 2020 también en este caso para analizar las medidas definitivas acordadas por la OCDE con el mayor consenso que sea posible para abordar los retos de tributación de la economía digital.

Como puede observarse, estamos ante pasos ciertamente notables de dos de los actores más relevantes en el ámbito de la fiscalidad internacional, dirigidos a que los Estados recauden impuestos en función de los ingresos que obtienen los grupos multinacionales que operan digitalmente en sus territorios.

Y aunque en ambos casos queda un largo camino que recorrer, las posiciones iniciales están fijadas y será necesario seguir de cerca su desarrollo en los próximos meses.