El Tribunal Económico-Administrativo Central considera que la caducidad del nombramiento de los administradores o la renuncia voluntaria a su cargo no liberan a estos sujetos de las obligaciones que pudieran haber adquirido frente a la Hacienda Pública en tanto no se designe a otro o a otros administradores o, en su caso, se inste la disolución judicial de la entidad.

El Tribunal Económico‑Administrativo Central, en la Resolución de 2 de junio del 2016 (R. G. 6512/2012), analiza la responsabilidad que a efectos tributarios pudiera tener el administrador de una sociedad en los casos en los que aquél renuncie a su cargo o éste caduque por el transcurso del tiempo, sin que tales circunstancias vayan efectivamente seguidas de la designación de un nuevo administrador. En el supuesto analizado aquí, la administradora social informó a la Administración Tributaria de su cese en el cargo, concurriendo en este caso dos aspectos relevantes a esos efectos. Por una parte, el Registro Mercantil había procedido de oficio a dar de baja a la recurrente como administradora por caducidad del cargo y, además, posteriormente se produjo su renuncia voluntaria, tal y como consta en el acta notarial de la junta general de socios en la que se aceptó tal dimisión, aunque no llegó a nombrarse a un nuevo administrador. Pues bien, las circunstancias anteriores no fueron consideradas suficientes por la Administración para aceptar la solicitud de la persona que había ocupado dicho cargo en virtud de la cual pedía la baja en el Censo de Obligados Tributarios, por lo que procedió a denegarla.

Para fundamentar su posición, la Administración recurrió a lo dispuesto en la normativa mercantil, especialmente a lo determinado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y a la interpretación que de ello han efectuado tanto la Dirección General de los Registros y del Notariado o el Tribunal Supremo, desde la perspectiva mercantil, como el propio Tribunal Económico-Administrativo Central, bajo la óptica fiscal. 

Recuerda así, en relación con la caducidad del cargo, que ésta no se produce automáticamente por el transcurso del tiempo, ya que, en defecto de nombramiento de otro administrador, el anterior sigue conservando ciertas facultades, entre ellas, la de «convocar» la junta general para designar a los nuevos administradores.

Por su parte, analizada la normativa mercantil que regula la renuncia al cargo de administrador, el tribunal recuerda que en ese caso no procederá la inscripción sin que se acredite que el renunciante ha llevado a cabo la oportuna convocatoria de la junta con la finalidad de que otras personas sean designadas para el desempeño de ese cargo.

Pues bien, en el supuesto analizado por el tribunal en este caso, la administradora que cesó en su cargo sí había cumplido con su obligación de convocar la junta general incluyendo en el orden del día su renuncia y el nombramiento de nuevos administradores. Ahora bien, tal y como se desprende del acta, su dimisión fue aceptada, pero no fue seguida de ningún otro nombramiento para sustituirla en el cargo.

Habrá de entenderse, por tanto, que la recurrente sí ha obrado con la diligencia exigida conforme a las exigencias mercantiles establecidas para los casos de caducidad o renuncia al cargo. Sin embargo, el tribunal administrativo continúa analizando dicha normativa para dar solución al problema que se plantea en estos casos, en los que las entidades se ven imposibilitadas para operar debido a la paralización de sus órganos sociales, recordando que esta situación constituye, precisamente, una causa de disolución de aquéllas, disolución que, a tenor de la ley, debe ser instada por los administradores convocando a tal fin la junta general.

El problema que se plantea precisamente en este caso es que la persona que, según lo anterior, debería convocar la junta para proceder a la disolución de la entidad ya no puede hacerlo, toda vez que su renuncia como administradora consta en el Registro Mercantil y fue aceptada por la sociedad. Este problema lo resuelve el tribunal administrativo a partir del tenor literal del artículo 366.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual, «[s]i la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos previstos en el artículo anterior, cualquier interesado podrá instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo Mercantil del domicilio social. La solicitud de disolución judicial deberá dirigirse contra la sociedad». Así pues, de acuerdo con este precepto, el Tribunal Económico‑Administrativo Central, concluye que no puede negarse la condición de «interesada» de la administradora que cesó en su cargo, habiendo de ser ella, en estos casos, quien debe instar la disolución ante el juez.

La posición del tribunal administrativo en este caso amplía de forma significativa, a efectos fiscales, el deber de diligencia que, conforme a la normativa mercantil, cabe requerir a un administrador que renuncia o cesa como tal, deber en principio situado en torno a la obligación de convocar al órgano encargado de la designación de otra u otras personas para dicho cargo. El hecho de que la Junta General no lleve a cabo dicho nombramiento, máxime cuando, como en este caso, está presente el 100 % del capital social, no parece, desde la óptica mercantil, que deba acarrear consecuencias para el administrador cesante. En ese sentido «la administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador […]. De este modo, si la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a la voluntad de la administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia» (vid. la Resolución de 6 de marzo del 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado). 

Antes al contrario, y aun partiendo en su análisis de la normativa mercantil así como de las interpretaciones vertidas sobre ella, el Tribunal Económico‑Administrativo Central ha llevado hasta sus últimas consecuencias la diligencia que debe exigirse, a efectos fiscales, a los administradores que renuncien o cesen en su cargo. Concluye así que «aunque la Hacienda Pública conozca la inscripción de caducidad del nombramiento del administrador, este hecho no libera a la reclamante de las obligaciones que en su día adquirió como administradora de la sociedad, de las que quedará liberada una vez que, convocada la junta, se nombre al nuevo administrador o en su caso, se convoque la junta para la disolución de la sociedad; y si esto no fuera posible, inste la disolución judicial, al ser imposible el nombramiento de otro administrador en su sustitución que haga operativo el funcionamiento y gestión de la sociedad así como su representación frente a terceros y asuma la responsabilidad legal que corresponda».