Tras los diversos anuncios efectuados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, finalmente el Consejo de Ministros del 31 de marzo del 2017 aprobó el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, por el que se establece una convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico peninsular, norma que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 1 de abril del 2017.

Esta norma es el primer hito del (complejo) proceso diseñado por el ministerio para la celebración, en palabras del propio real decreto, de «nuevas subastas de potencia renovable en las que participen las distintas tecnologías en concurrencia competitiva a fin de introducir en el sistema eléctrico los proyectos más eficientes en costes». Esta norma deberá completarse con una orden ministerial en la que se fijen los parámetros retributivos correspondientes a las instalaciones tipo de referencia y con una o varias resoluciones de la Secretaría de Estado de Energía en las que se fije la fecha de celebración de la subasta —o subastas, si se llevan a cabo sucesivas convocatorias—, así como el procedimiento y las reglas que les resulten aplicables.

Aunque el real decreto no define aspectos básicos del proceso (empezando por la fecha en la que tendrá lugar la correspondiente subasta), sí sirve para confirmar alguna de las informaciones que aparecían en el borrador que sobre aquélla hizo público el ministerio a finales del 2016:

a) La potencia renovable que pretende adjudicarse con esta nueva convocatoria va referida a un máximo de 3000 MW. Se aclaran así, en principio, las incógnitas sobre si la potencia a la que iría referida la subasta se vería limitada finalmente a un máximo de 2000 MW. Decimos que «en principio», puesto que, dado que los 3000 MW se configuran como un máximo, nada impide que en la convocatoria (o sucesivas convocatorias) no se complete dicha cifra, que funciona, repetimos, como un límite superior.

b) La convocatoria queda limitada al territorio peninsular dadas las características específicas de los sistemas eléctricos no peninsulares. Ello no obstante, la exposición de motivos del real decreto señala que para los sistemas eléctricos no peninsulares se establecerá una convocatoria específica, sin que aporte ningún detalle adicional sobre ella.

c) La participación en la subasta queda limitada a nuevas instalaciones, entendiéndose por tales aquellas que no dispongan de autorización de explotación definitiva ni hubieran estado inscritas previamente con carácter definitivo en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica. Se excluye por tanto la posibilidad de participación de incrementos de potencia derivados de la repotenciación de instalaciones.

d) Por último, se excluye la posibilidad de participación de aquellas instalaciones cuya construcción suponga el cierre o la reducción de potencia de otra instalación de la misma tecnología, o de instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan tenido uso previo.

En definitiva, nos encontramos ante el pistoletazo de salida del procedimiento de subasta que tanto interés viene despertando en el sector. Esperemos que con la mayor brevedad posible se dicten el conjunto de normas requeridas de forma que efectivamente la subasta —o subastas— pueda tener lugar, tal y como ha sido anunciado por el ministerio, no más tarde de junio del 2017.