(RDGRN de 7 de septiembre del 2018, BOE núm. 233, de 26 de septiembre)

La Dirección General de los Registros y del Notariado reitera su doctrina acerca del alcance del juicio notarial de equivalencia de las escrituras de poder otorgadas en el extranjero.

La Dirección General de los Registros y del Notariado estima el recurso de Shinsei Bank, Limited, contra la negativa de una registradora de la propiedad de Madrid a inscribir una escritura de cesión de créditos hipotecarios por entender que no se acreditaba la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal para el acto respecto de los poderes de las entidades cedente y cesionaria, poderes que el notario autorizante de la escritura había calificado de suficientes.

En el caso, la sociedad cedente, Shinsei Bank, Limited, actuaba por medio de un representante cuyos poderes habían sido otorgados en Tokio, ante notario japonés. El poder del representante de la cesionaria se había otorgado en Londres, ante notario inglés. El notario español reseñó en la escritura, respecto de ambos documentos representativos, el lugar de su otorgamiento, la autoridad que los expidió, el hecho de estar redactados a doble columna en lenguas inglesa y española y que se encontraban apostillados, emitiendo a continuación su juicio de suficiencia para el negocio concreto que se llevaba a cabo.

La Dirección General de los Registros y del Notariado constata en primer lugar que la ley aplicable a la representación en este caso es la española, en virtud de lo previsto en el artículo 10.11 del Código Civil, no siendo de aplicación el Reglamento Roma I por excluir expresamente la materia de su ámbito de aplicación. La ley española exige que conste en documento público el poder que tenga por objeto un acto redactado —o que deba redactarse— en escritura pública o que haya de perjudicar a un tercero. Además, el título representativo en virtud del que se comparece ante el notario español ha de ser equivalente al documento público español, circunstancia que debe ser acreditada de conformidad con las exigencias de nuestro ordenamiento.

A este respecto, la Dirección General reitera su doctrina, según la cual, para que un documento extranjero pueda modificar el contenido del Registro español, es necesario que sea «equivalente» a los documentos públicos españoles. Para ello deben concurrir en su otorgamiento los elementos estructurales que dan fuerza al documento público español: que sea autorizado por quien tenga atribuida en su país la competencia de otorgar fe pública y que el autorizante dé fe y garantice la identificación del otorgante, así como su capacidad para el acto o negocio que contenga, sin que la presencia en el documento de poder de la apostilla sirva para eximir de la necesidad del juico de equivalencia.

El juicio de equivalencia es distinto del juicio de suficiencia al que se refiere el artículo 98 de la Ley 24/2001, pero, cuando éste se efectúa expresamente para el acto o negocio que se autoriza, implica o puede implicar aquél. El notario está obligado a emitir el juicio de suficiencia, pero no el de equivalencia, pudiendo ésta acreditarse mediante la aportación de documentación complementaria expedida por quien tenga competencia al respecto, o incluso por otros medios de prueba. Pero, siendo juicios distintos, cuando el de suficiencia se produce de forma expresa, necesariamente implica el de que el poder es equivalente, salvo que por sus términos se desprenda otra cosa. Lo que no sería suficiente es el mero otorgamiento del instrumento público, que por sí solo no implica la realización del juicio de suficiencia.

El juicio de equivalencia notarial no tiene por qué ajustarse a fórmulas sacramentales, sino que basta la reseña del documento extranjero, el nombre y residencia del notario autorizante, la ley extranjera conforme a la cual se ha autorizado y la existencia de la apostilla o legalización, y que el notario, basándose en las circunstancias del caso y en su conocimiento de la ley extranjera, hiciera constar bajo su responsabilidad «que el poder reseñado es suficiente para el otorgamiento de esta escritura de […], entendiendo que el mismo es funcionalmente equivalente a los efectos de acreditar la representación en el tráfico jurídico internacional» o fórmulas similares.

Por otra parte, en el supuesto de que el registrador disintiera de la equivalencia declarada por el notario, deberá motivarlo expresa y adecuadamente, sin que ello signifique que el registrador pueda solicitar que se le transcriba o acompañe el documento del que nace la representación.

En el caso que da lugar a esta resolución, la Dirección General de los Registros y del Notariado considera que el notario ha acreditado la equivalencia, puesto que señala expresamente en la escritura que se le han exhibido copias autorizadas de las escrituras de poder con identificación de los notarios autorizantes, debidamente apostilladas; que se manifiesta que las facultades conferidas no les han sido suspendidas, revocadas ni anuladas, y que considera que el respectivo poder especial que ha sido exhibido es «suficiente a los fines del presente otorgamiento, por tener atribuidas facultades para la presente cesión de derechos de crédito». El juicio, tal como aparece formulado en la escritura, se refiere tanto a las facultades comprendidas en el poder (suficiencia) como al poder en sí, es decir, al negocio unilateral de apoderamiento; así pues, el juicio concierne tanto al negocio como a la forma extrínseca e intrínseca de ést (equivalencia).