La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado un informe sobre el nuevo artículo cincuenta y ocho bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, debido a la inquietud social generada por el precepto.

1. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que entró en vigor el pasado 7 de diciembre, ha modificado la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Así, se da una nueva redacción al artículo treinta y nueve, apartado 3 en el que, entre otras cosas, se dispone que «serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral».

Asimismo, se añade un nuevo artículo cincuenta y ocho bis, que dispone lo siguiente:

  1. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.
  2. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas. 
  3. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.
  4. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.
  5. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral.
  6. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.

2. Pues bien, en respuesta a la inquietud social que generó este precepto, la Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado y publicado un informe sobre el tratamiento de datos realtivos a opiniones políticas por parte de los partidos, el cual está disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.aepd.es/media/informes/2018-0181-tratamiento-datosopiniones-politicas-por-partidos-polticos.pdf.

3. Del contenido del amplio informe cabe destacar los siguientes extremos:

  1. º) El precepto debe interpretarse conjuntamente con el considerando 56 y el artículo 9.2g del Reglamento General de Protección de Datos, según el cual «el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados».
  2. º) El nuevo precepto debe interpretarse siempre en el sentido más favorable a la consecución del interés público consistente en el «funcionamiento del sistema democrático, […] por lo que en ningún caso podrá amparar tratamientos, como el microtargeting, que puedan ser contrarios a los principios de transparencia y libre participación que caracterizan a un sistema democrático».
  3. º) Sólo están legitimados para el tratamiento de dichos datos los partidos y agrupaciones electorales que presenten candidaturas y participen en el proceso electoral.
  4. º) Los datos no podrán ser comunicados ni transferidos a terceros. 
  5. º) «El artículo 58 bis no habilita a los partidos políticos para realizar el tratamiento de datos personales fuera del periodo electoral. En el supuesto de que se pretenda realizar dicho tratamiento, deberá basarse en una base jurídica legitimadora diferente conforme al RGPD y la LOPDGDD».
  6. º) El tratamiento de las «opiniones políticas de las personas» obtenidas «en páginas web y otras fuentes de acceso público» deberá ser «proporcional al objetivo perseguido» (art. 9.2g RGPD o Reglamento General de Protección de Datos), que es garantizar el adecuado funcionamiento de un sistema democrático. No cabe, pues ni el microtargeting ni el tratamiento que pretende forzar o desviar la voluntad de los electores, lo cual podría tener lugar, como se recuerda en el informe, gracias a «las modernas técnicas de análisis de conducta sobre la base del tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial, unidas a modalidades de conducta agresivas con los interesados».
  7. º) El tratamiento se hará con las garantías adecuadas. Al no haberlas establecido el legislador, es la Agencia la que las identifica. Entre ellas, indica que se deben adoptar medidas como la seudonimización e incluso la agregación y anonimización, la designación de un delegado de protección de datos, la llevanza de un registro de las actividades de tratamiento, etcétera.