Derivado de la contingencia sanitaria que atraviesa el mundo entero con motivo del COVID-19, en la práctica se han suscitado diversas cuestiones en materia de obligaciones contractuales.

Lo anterior, en virtud que diversas personas se han visto obligadas a pagar indemnizaciones por daños y perjuicios (“indemnizaciones”) y/o penas convencionales de acuerdo a lo pactado en sus contratos, lo que ha derivado en que los contribuyentes se cuestionen si el pago de las mismas puede calificar como un gasto deducible, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones fiscales.

Al respecto, la Ley del Impuesto sobre la Renta (“Ley del ISR”) establece que: (i) las sanciones, (ii) indemnizaciones o (iii) las penas convencionales se considerarán como no deducibles.

No obstante lo anterior, la referida ley prevé un supuesto de excepción que establece que las indemnizaciones y las penas convencionales únicamente serán deducibles en la medida en que la ley imponga la obligación a pagarlas cuando, entre otros, provengan de riesgos de caso fortuito y fuerza mayor, salvo que el referido pago se haya causado por culpa del contribuyente.

En tal virtud, con gusto podemos asesorarlos para determinar si dichos pagos, derivados del incumplimiento contractual con motivo del COVID-19, se consideran deducibles o no, a efectos de evitar una futura contingencia con las autoridades fiscales.

***La publicación de esta nota no constituye una consulta jurídica, ni pretende ser aplicable a casos particulares.