​La Audiencia Nacional admite la posible exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las indemnizaciones que perciben los altos directivos por extinción de su relación laboral cuando esta se produce por desistimiento del empresario.

Contenido

En su Sentencia de 8 de marzo de 2017, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se hace eco de la reciente doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo e interpreta el artículo 11.1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral del personal de alta dirección (RD 1382/1985). La Audiencia Nacional concluye que la indemnización de siete días de salario por año trabajado (con el límite de seis mensualidades) para la extinción por desistimiento del empleador que prevé dicho artículo ha de ser considerada como indemnización mínima obligatoria. Ello es así, incluso, en los casos de pacto expreso que excluya toda indemnización. De esta forma, la indemnización satisfecha a los altos directivos por cese de la relación, al ser una indemnización mínima obligatoria, estaría exenta de tributación en la cuantía indicada.

Del mismo modo, cabría sostener que tal exención aplicaría no solo a la indemnización por desistimiento del empresario sino también a la indemnización por despido declarado improcedente a la que tiene derecho el alto directivo según el artículo 11.2 de la citada norma. Se podría defender, incluso, que la exención también se aplicaría a la indemnización por extinción de la relación laboral por parte del alto directivo, conforme a lo previsto en el artículo 10.3 del RD 1382/1985, ya que en estos supuestos el alto directivo tiene derecho a percibir la misma cantidad que en el caso de desistimiento unilateral del empresario.

Este criterio jurisprudencial choca con la postura que ha mantenido tradicionalmente la Dirección General de Tributos (DGT). Son numerosas las consultas en las que la DGT ha entendido que el RD 1382/1985 no establece ningún límite, ni mínimo ni máximo, de carácter obligatorio para las indemnizaciones del personal de alta dirección. A su juicio, las indemnizaciones señaladas en el artículo 11 son “a falta de pacto” y “en su defecto” y, por tanto, deben considerarse como subsidiarias de lo convenido entre las partes. Al entender que la normativa laboral no contempla el pago de ninguna indemnización obligatoria para el cese o la extinción de la relación laboral de alta dirección, la DGT viene sosteniendo que la totalidad de esas indemnizaciones está plenamente sujeta a tributación sin posibilidad de aplicar ninguna exención.

Si bien se trata de dos interpretaciones completamente opuestas, la Audiencia Nacional ofrece ahora un criterio razonable que permitiría defender que las indemnizaciones por cese o despido de los altos directivos estarían exentas de tributación hasta el tope fijado en el RD 1382/1985 y, en cualquier caso, con el límite que establece la normativa tributaria.