La situación económica de Brasil está mejorando y el país busca el modo de aproximarse, cada vez más, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En este contexto, la agenda tributaria del Gobierno brasileño está centrada en el intento de modernización de la legislación, así como de aproximación de la realidad brasileña a las mejores prácticas internacionales.

Tras un periodo de intensa recesión económica, agravada por la crisis política que se instauró en Brasil, y las denuncias de corrupción que afectan a importantes conglomerados empresariales, el país ha mostrado señales de recuperación desde la segunda mitad de 2017.

De hecho, a pesar del momento todavía turbulento, el Gobierno brasileño ha tenido éxito en el control de la inflación, que ha alcanzado en el primer trimestre de 2018 el menor nivel en casi dos décadas, con una expectativa inferior al 4% para todo el año, además de la reducción del tipo básico de interés a un nivel por debajo del 7%, con el fin de incentivar el consumo y aumentar el Producto Interior Bruto (PIB). Otro punto a destacar es el índice de desempleo en el país, que viene cayendo de forma constante a lo largo de los últimos meses, estando en 12,2% en el trimestre finalizado en enero de 2018.

Una referencia importante a la hora de evaluar la situación económica en Brasil es el volumen de inversión extranjera directa, que en el 2017 llegó a 75.000 millones de dólares, con una proyección de 80.000 millones de dólares para el 2018, según datos publicados por el Ministerio de Hacienda en el Fórum Económico Mundial, en Davos, Suiza. Por otra parte, es cierto que el proceso electoral y sus correspondientes resultados podrán influir en el nivel de inversión extranjera directa en Brasil en 2018.

Con objeto de incrementar el atractivo del país para inversores externos, el Gobierno brasileño presentó en 2017 una solicitud formal de ingreso en la OCDE. La propuesta está siendo evaluada por el Comité Ministerial de la Organización simultáneamente con la solicitud de adhesión de Argentina. Hasta ahora, los dos únicos países latinoamericanos que forman parte de la OCDE son Chile y México.

Aunque Brasil no es miembro formal de la OCDE, los convenios para evitar la doble imposición que ha suscrito se inspiran en el modelo de la OCDE.

En este proceso, Brasil no ha escatimado esfuerzos para aproximarse a la OCDE. A principios de marzo, en Brasilia, en un acto encabezado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y el Gobierno Federal, se lanzó un proyecto de trabajo conjunto sobre precios de transferencia, en virtud del cual Brasil y la OCDE analizarán durante 15 meses las diferencias entre la legislación brasileña y el enfoque de la OCDE a fin de valorar las posibilidades de que la legislación brasileña se aproxime al tratamiento de precios de transferencia de la OCDE.

La importancia que para Brasil representa el asunto de los precios de transferencia se constata a la vista del Plan Anual de Inspección de la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), recientemente publicado y que también toca el asunto de las inspecciones federales sobre operaciones de reorganización societaria que generan plusvalías y sobre rentas extranjeras, entre otros.

Además, con la entrada en vigor del Convenio Multilateral para el intercambio de información en materia tributaria, la colaboración entre Brasil y otras jurisdicciones se ha ampliado a más de 100 países, con alcance de hechos ocurridos desde 2017. Al amparo de este instrumento, en 2018, la RFB pretende solicitar a las haciendas públicas extranjeras información que acelerará e incrementará la eficiencia en procedimientos de inspección que incluyan transacciones internacionales.

Otro tema importante en la agenda tributaria del Gobierno Federal brasileño es la reforma de las contribuciones debidas al PIS y a la Cofins que, en líneas generales, representan contribuciones federales similares a los impuestos de valor añadido y que inciden a lo largo de la cadena de valor, por medio de un sistema de débitos y créditos. En este particular, es posible que el PIS y la Cofins se consoliden en un único impuesto, como un sistema más flexible de débitos y créditos, quedando todavía pendiente la definición sobre cómo la reforma tratará situaciones especiales que la legislación actual establece para determinadas sectores y actividades.

Con relación a la imposición indirecta, también es importante destacar que el modelo brasileño es complejo y que todavía contempla el Impuesto Estatal sobre Circulación de Mercancías (ICMS) y el Impuesto sobre Servicios (ISS), de competencia municipal, que disponen de legislaciones propias en cada estado y municipio brasileño, pero que se rigen por los principios contenidos en legislaciones nacionales.