El fenómeno de la realidad aumentada se ha consolidado como uno de los motores de la industria del entretenimiento. Juegos como Pokemon Go han conseguido movilizar a multitudes de jugadores, que no dudan en invadir calles, plazas y parques para poder "cazar" personajes de ese juego. Dado el auge de este fenómeno, no debe descartarse que en un futuro no muy lejano las autoridades se planteen si las empresas que explotan esos juegos deban cumplir con la normativa aplicable a la explotación comercial de espacios públicos como consecuencia de la oferta de este tipo de juegos.

De hecho, en Estados Unidos esta problemática ya se está discutiendo en un procedimiento judicial. En efecto, Candy Lab AR, un desarrollador de soluciones tecnológicas de realidad aumentada, lanzó recientemente un juego de póquer llamado Texas Rope ‘Em que utiliza este tipo de tecnología, basándose en la localización de los jugadores. Así, los usuarios que participan en este juego deben desplazarse por su entorno físico para ir encontrando cartas virtuales (es decir, recreadas por medio del juego y situándose -virtualmente- en diversas ubicaciones físicas). Estas cartas, una vez obtenidas, pueden utilizarse por los jugadores en partidas de póquer en el marco de la aplicación.

El lanzamiento de este juego llamó la atención de las autoridades del Condado de Milwaukee (Wisconsin, Estados Unidos), las cuales se pusieron en contacto con Candy Lab AR instándole a que obtuviera una autorización de uso de espacios públicos para actividades comerciales para poder ofrecer su juego en su territorio. Para solicitar esta autorización, se requería cumplir con numerosos requisitos de información, siendo algunos de ellos difíciles de estimar o, incluso, imposibles de aplicar (por ejemplo, la necesidad de concretar la fecha y horario, teniendo en cuenta que la aplicación es accesible al usuario, desde el momento que se la descarga, las 24 horas del día).

Asimismo, la normativa alegada por las autoridades de Milwaukee atribuye la responsabilidad sobre aquellos actos que puedan realizar los usuarios en relación con la utilización del juego a la propia compañía, de forma que cualquier daño causado al Condado debería ser indemnizado por el desarrollador del juego. Asimismo, se requiere un certificado de seguro que tenga una cobertura de riesgo de al menos un millón de dólares. Adicionalmente, se prevén numerosas tasas administrativas a devengar por diferentes conceptos. Todo lo anterior hizo prohibitivamente cara la solicitud de la autorización, impidiendo de hecho la explotación del juego en Milwaukee.

Dado lo anterior, la compañía solicitó formalmente al Departamento de Parques del citado condado confirmación de que dicha normativa se aplicaba también a su juego. Tras recibir una respuesta afirmativa por parte del Departamento, la compañía ha recurrido la anterior normativa ante los tribunales de Wisconsin, alegando que infringe el derecho constitucional a la libertad de publicar contenidos ("first amendment"), al requerir a la compañía que obtenga una aprobación gubernamental sobre la forma y contenido de su discurso antes de poder introducir el juego en los parques del condado. Otros juegos de distinta naturaleza no se enfrentan a las mismas prohibiciones.

A día de hoy todavía no se ha resuelto el contencioso planteado. La decisión que se adopte, y la influencia que pueda tener en otras jurisdicciones, determinará la evolución de una de las líneas de entretenimiento llamadas a marcar una época.