A partir del 9 de marzo de 2018 entra en vigor la nueva regulación de la información sobre las condiciones de subrogación en contratos nacidos como consecuencia de la contratación con las Administraciones Públicas.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

La contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

El articulado de esta ley se ha estructurado en un título preliminar dedicado a recoger las disposiciones generales en esta materia y cuatro libros sucesivos, relativos a la configuración general de la contratación del sector público y los elementos estructurales de los contratos (Libro I), la preparación de los contratos administrativos, la selección del contratista y la adjudicación de estos contratos, así como los efectos, cumplimiento y extinción de estos contratos (Libro II), los contratos de otros entes del sector público (Libro III), y, por último, la organización administrativa para la gestión de la contratación (Libro IV).

En el ámbito laboral, y con objeto de destacar alguna novedad, deja de concederse a los pliegos de condiciones la posibilidad de imponer la subrogación cuando no concurren los requisitos establecidos en el artículo 44 ET, o bien, no lo imponga un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Cuando concurran los requisitos para la sucesión legal o convencional, el órgano de contratación debe facilitar en el pliego la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores objeto de subrogación. A estos efectos, la empresa que venga efectuando la prestación objeto del contrato debe aportar «los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación».

Además, «el pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos».

La nueva Ley de Contratos del Sector Público también establece la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el convenio de empresa en las licitaciones públicas. De este modo, en los pliegos ha de incluirse la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.

Por otra parte, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Por lo que se refiere a la ejecución del contrato, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales de carácter social para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. El incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para los trabajadores durante la ejecución puede suponer la resolución del contrato.